Estaba leyendo el blog de Nacho Escolar y escribe el hombre sobre la huelga de hambre que el integrante del GRAPO Fernando Fernández -entre muchos otros terroristas- emprendió en 1990 como protesta por la dispersión de presos. Más concretamente Escolar recoge la portada y editorial del 31 de mayo del 90, y una carta del Director redactada por el mismísimo Pedro J. el 3 de junio.
Me gustaría que las leyéseis. No quiero convertir esto en un debate sobre De Juana Chaos, simplemente dejar constancia de cómo las opiniones públicas pueden cambiar según de dónde sople el viento, y a ese respecto creo que estos documentos ofrecen poca discusión.
El Mundo, editorial del 31 de mayo de 1990 escribió:Una forma de tortura
La doliente imagen del GRAPO, Fernando Fernández, convertido ya en despojo humano, apurando las últimas semanas, tal vez los últimos días de su vida, ocupa hoy un sitio destacado en la portada de El Mundo. Un horror que vale más que mil palabras y que aspira ser un aldabonazo en la sensibilidad de una sociedad indiferente al dolor ajeno a veces demasiado pendiente de la condición política de estos seres humanos. Pero la imagen pretende ser sobre todo, un toque de atención a la conciencia del Gobierno, pasivo ante el tremendo problema y esquivo a la hora de asumir responsabilidades. Porque le concierne, y mucho, lo que muestra descarnadamente la foto, por más que el ministro de Justicia Enrique Múgica se empeñe en decir que el Ejecutivo no tiene nada que ver con la muerte de los GRAPOS en huelga de hambre. Al Estado, en última instancia, le interesa fijar en su retina el lastimoso estado del preso y reparar, sobre todo, en las gruesas correas con las que está atado de pies y manos a la cama. Una forma de tortura que no merece ni Fernando Fernández -un terrorista con un siniestro historial delictivo a sus espaldas- ni ninguna otra persona, independientemente de los delitos que haya podido cometer.
El Mundo, carta del Director del 3 de junio de 1990 escribió:Espero que la espantosa imagen, propia de una mazmorra medieval, que divulgamos el jueves golpee la conciencia del gobierno o al menos despierte de su bien cebado letargo a nuestra clase intelectual. Es moralmente inaceptable que en nuestro país, en la España democrática, civilizada y desarrollada del fin del milenio, se pueda tratar a un ser humano de la forma en que denuncia esa fotografía de un hombre consumido hasta los huesos a quien se mantiene atado de pies y manos al lecho con el fin de prolongar por decreto su agonía.
Nos toca hablar tan pocas veces de valores absolutos que corremos el riesgo de ni siquiera darnos cuenta de que hemos entrado en el terreno de lo innegociable. El pasado fin de semana tuve la suerte de escuchar en un colegio mayor de Sevilla una esclarecedora intervención de mi amigo y antiguo profesor de Derecho de la Información, Carlos Soria, sobre el tan traído y llevado problema de la protección del honor. Rompiendo con todos los clichés al uso, el profesor Soria dejó bien sentado que el honor no es lo que parecemos -es decir la fama, la reputación o la honra- sino lo que en realidad somos, y estableció dos niveles que a todos nos concierten. De un lado está el "honor existencial" que genera el derecho a que la prensa sea veraz a la hora de reflejar el comportamiento ajeno. Pero previamente topamos con el "honor esencial" que corresponde a todo individuo en tanto que ser humano, con independencia de cuáles sean sus actos, y obliga a los demás a respetar su dignidad como persona, tanto de palabra como de obra.
Es irrelevante, pues, a estos efectos, que el hombre de la foto, Fernando Fernández, pertenezca a una banda fanatizada como el GRAPO, capaz de cometer horrendos crímenes -lo que en justicia le ha deparado ya una severa pena de privación de libertad-, y el que su huelga de hambre sea un instrumento de presión, si se quiere de chantaje, para forzar al Gobierno a cambiar una política de dispersión carcelaria tan discutible como legítima. Todo eso es accidental. Nunca, en ningún caso, bajo ninguna excusa, pretexto o circunstancia, puede un ser humano violentar la dignidad de otro hasta el extremo de amarrar lo que ya es poco más que un esqueleto a un somier para mantenerle artificialmente vivo.
Es posible que lleve razón el jefe de Gobierno en su desahogo de la noche del miércoles, y que en política no sea conveniente expresar los sentimientos -de ahí que, en buena lógica, haya cada día más ciudadanos que la consideren una actividad ruin y desalmada-, pero una cosa es no expresarlos y otra carecer de ellos. Si este equipo ministerial, nominalmente de izquierdas, es capaz de sentir aún un mínimo de compasión ante el drama de quien camina hacia la muerte como última protesta al servicio de su causa perdida, debe pasar cuanto antes a la acción. No se trata de ceder a las pretensiones de los grapo, sino de buscar una salida humanitaria que reemplace a esas terribles ligaduras.
Es todo un síntoma que, en casi una hora de diálogo con Felipe González en Televisión Española, ni siquiera se mencionara o aludiera a la muerte del primer grapo y a la agonía de sus compañeros. Está claro que amplios sectores de la sociedad española y el Gobierno se sienten vinculados por una especie de pacto tácito, según el cual cualquier cosa que le suceda a un "terrorista" -lo más grave que hizo, por ejemplo, Sevillano fue robar un banco- puede quedar acotada en una especie de "zona de exclusión constitucional" respecto a lo que es de mal gusto incluso hacer preguntas. Ni siquiera la triste experiencia de la aplicación abusiva por el juez Manglano en Valencia de unos preceptos legales concebidos para "terrorista" a los dirigentes del PP detenidos ha sevido para abrir de verdad los ojos a la oposición sobre los terribles peligros de esta erosión de las garantías jurídicas, pues al mismo tiempo que anuncian su propósito de derogar el artículo de la Ley de Enjuiciamiento que permite la incomunicación y bloquea la libre designación de abogado, las huestes de Aznar avalan con su voto otra discriminación equivalente, al privar del común derecho a la redención de penas a los condenados por algunos delitos específicos.
Estamos ante una grave cuestión de fondo que trasciende por supuesto al problema de la lucha antiterrorista y enlaza por un lado con el sustrato autoritario que subyace en la cultura política española y por el otro con la tendencia expansionista e invasora del Estado moderno apoyado en medios cada vez más sofisticados e invencibles. Es toda una filosofía de las relaciones entre el individuo y el poder la que, partiendo de la aceptación de esas "zonas de exclusión" en las que todo está permitido, va contaminando las más diversas esferas. ¿Acaso no obedecen a esa misma aplastante lógica de la dominación y el arbitrismo las recientes declaraciones de dos funcionarios, como el fiscal general y el secretario de Estado de Hacienda, advirtiendo el uno que "quien no tenga nada que ocultar" no tiene nada que temer de las escuchas telefónicas y anunciando el otro que sus inspectores harán "la vista gorda" ante los pecadillos de los "buenos" contribuyentes?
Pensar que la ignominia de los grapos atados con bandas elásticas al armazón metálico de la cama sólo les concierte a ellos, a sus familiares y a su minúsculo clan de obnubilados simpatizantes, equivale a creer que a los no fumadores tampoco nos afecta para nada la anunciada censura de la publicidad del tabaco en los medios de comunicación. En toda mi vida he consumido menos pitillos que años tengo, pero mi pluma enarbolará los colores de Winston, Camel, Philip Morris o incluso Tabacalera Española tan pronto como las cañas de esa inminente justa se tornen lanzas. Aunque parezca que pasamos de lo horrible a lo trivial, en el fondo estamos hablando de lo mismo: de si algún poder humano debe tener derecho a decretar que, como en la obra-mito de Jardiel, esté prohibido incluso el suicidarse en primavera.
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