El gobierno se carga el crowdfunding de pequeños proyectos en España.
El crowdfunding es algo que solo podría haber salido de una plataforma como Internet. La mera idea de que era posible financiar proyectos a base de pequeñas donaciones de miles de usuarios es algo que hubiera sido imposible de implementar hace veinte o treinta años. Y como suele pasar con este tipo de pequeñas revoluciones en el mercado, no pasa mucho tiempo hasta que son advertidas por los legisladores y los lobbys.
Si no tienes dinero, no puedes pedir dinero
El gobierno español se ha dado cuenta de lo mucho que ha aumentado el crowdfunding en España en los últimos meses, y a pesar de que se denominan a si mismos como “liberales”, no han tardado nada en regular y limitar este tipo de financiaciones. Algunas de ellas parecen ideadas para añadir protecciones a los usuarios, mientras que otras no tienen demasiado sentido.
A partir de ahora los proyectos de crowdfunding (o de “financiación participativa” como los denomina la ley) no podrán captar mas de un millón de euros; no es la única limitación, ya que ahora será mas difícil empezar un proyecto como este: las nuevas plataformas tendrán que tener un capital igual o superior a 50.000 €, o un seguro de responsabilidad civil con una cobertura anual de 150.000€.
Igualmente ahora tendrán que registrarse en la CNMV y en el Banco de España, y no podrán aceptar mas de 3.000€ por cada inversor. Igualmente, cada inversor solo podrá invertir 6.000 € al año en proyectos de este tipo. La ley contempla multas de hasta 200.000€ y la prohibición de operar durante 5 años en caso de incumplimiento.
Los pequeños proyectos, los que mas sufren
Es fácil justificar esta medida para evitar que, si el proyecto fracasa, los usuarios puedan recuperar su dinero, pero por otra parte pondrá mucho mas difícil la creación de proyectos al necesitar una inversión importante inicial; precisamente la razón por la que se inician estas financiaciones participativas es por falta de dinero, no por gusto. Si has ideado un proyecto y necesitas 6000 € para llevarlo a cabo, antes tendrás que demostrar que tienes un capital de 50.000€. ¿No es ridículo?
Por tanto, son los proyectos pequeños ideados por una o dos personas los que mas sufrirán con esta nueva ley que irá incluida en la “Ley de Fomento de la Financiación Empresarial”; en definitiva se trata de una ley en contra de los nuevos emprendedores de Internet, que se calcula que en el 2013 obtuvieron 10 millones de euros por crowdfunding. No sabemos si las grandes compañías le han visto las orejas al lobo, si simplemente este gobierno no tiene ni idea de lo que ocurre en Internet, o las dos cosas, pero está claro que el crowdfunding en España no volverá a ser el mismo.
Fuente.Ahí tenemos a los "liberales" de boquilla pendientes de no dejar cabo suelto. Una vez más se comprueba para quiénes trabajan estos politicuchos. Otro lobby de presión que recoge sus frutos a costa de limitar al ciudadano de a pie. No vaya a ser que alguien fuera de su núcleo consiga hacer dinero y labrarse un futuro.
A poner puertas al campo. Seguramente aún deben quedarles reductos a esta gente en los que mostrar que ellos avanzan a otro ritmo al del mundo moderno para poder seguir haciendo el ridículo.
Edit: Añado al hilo inicial la idea que va tomando fuerza como detontante de esta medida. Que cada cual saque sus conclusiones.
Coto al crowdfundig: la causa popular contra Rato y Blesa no existiría con la nueva regulación
La regulación del crowdfunding que prepara el Gobierno como parte de la nueva Ley de Fomento de la Financiación que ha impulsado Economía, y que podría sacar adelante hoy mismo el Consejo de Ministros, ha hecho saltar las alarmas entre los internautas. Las redes sociales arden de comentarios contra el ‘coto’ que se quiere poner a este sistema de financiación colaborativo, y critican que esta medida se ha lanzado para evitar ‘éxitos’ como el logrado por el 15MpaRato en su causa contra Rodrigo Rato y Miguel Blesa.
“Hay bastantes iniciativas ciudadanas e incluso nuevos partidos que se verán muy perjudicados por la legislación anti-crowdfunding del PP”. Este es sólo uno de los comentarios sobre el asunto que se pueden leer en Twitter, donde cientos de usuarios se han lanzado a criticar la nueva medida del Gobierno asegurando que con ella se pone “otro palo en las ruedas del emprendimiento” y que el Ejecutivo se va a “cargar” la esencia del crowdfunding al querer regularlo.
Es más, hay incluso quien afirma que “el Gobierno no quiere competencia para el oligopolio financiero” ya que a partir de ahora organismos como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España podrían pasar a regular las plataformas de financiación participativa. Algo que los internautas no ven con buenos ojos, ya que estas entidades son “la gran alternativa para empresas y profesionales de financiar sus proyectos frente a la banca”, y con las limitaciones se va a propiciar la desaparición de muchas “startups locales que intentan innovar frente a la banca tradicional”.
En este sentido, fuentes del sector del crowdfunding han asegurado a ElBoletin.com que confían en que el Gobierno haga una diferenciación de iniciativas y que no se pretenda regular todos los casos, quedando fuera, por ejemplo, proyectos ciudadanos como el del 15MpaRato, pero todavía no hay nada claro.
En el caso concreto del 15MpaRato, plataforma que interpuso la querella contra la salida a Bolsa de Bankia, podría no haberse producido de estar vigente la nueva regulación, denuncian los usuarios de Twitter. Esta plataforma no sólo cargó contra este hecho, sino que posteriormente amplió su acción en los juzgados a la venta de participaciones preferentes emitidas por las cajas que fundaron el banco, una iniciativa con la que ha logrado sentar en el banquillo a Rodrigo Rato y a Miguel Blesa, que el lunes vuelve a los juzgados.
Sobre ello se ha pronunciado en la red social de microblogging un despacho de abogados, el Bufet Almeida, que afirma que la decisión del Gobierno pretende responder a la “preocupación de la banca” ya que el crowdfunding ha servido para “sentar en el banquillo” a personalidades como Rato y Blesa.
Es más, este bufete asegura que “la Ley AntiCrowdfunding” se lanza “a medida de los bancos del régimen”, que han mostrado su descontento con este sistema. Entre ellos, dice este despacho de abogados, se encuentra el BBVA, que ha llegado a decir que el crowdfunding es “una amenaza real y un desafío”, sobre todo porque muchas pymes han acudido a este método para conseguir crédito.
Bufet Almeida asegura que la regulación del Gobierno afectará a “todos aquellos proyectos que puedan conformar una economía alternativa al sistema financiero”, critican que “el único modelo de crowdfunding tolerado por el PP es el de Bárcenas”. Asimismo, anuncia que pondrá en marcha un “servicio de orientación jurídica para quien quiera exiliar de España su empresa de Internet”.
Regulación
Tal y como informa hoy elconfidencial.com, a partir de ahora el Ejecutivo pondrá determinados límites a las plataformas encargadas de organizar la financiación participativa, que a partir de ahora tendrá que estar canalizada de tres formas: con la emisión o suscripción de valores, la emisión o suscripción de participaciones de sociedades de responsabilidad limitada, o la solicitud directa de préstamos. Para los dos primeros casos, la supervisión del crowdfunding correrá a cargo de la CNMV, mientras que en el último el encargado de hacerlo será el Banco de España.
Además, la captación de fondos para cada proyecto no podrá superar el millón d euros, y las nuevas plataformas de crowdfunding tendrán que tener un capital social igual o superior a 50.000 euros o, en su defecto, disponer de un seguro de responsabilidad civil con una cobertura anual de 150.000 euros anuales.
Asimismo, se establecerán límites a las aportaciones a los proyectos, de forma que ningún inversor pueda dar más de 3.000 euros al mismo programa o más de 6.000 euros en varios programas a lo largo de un año. También se fijarán sanciones para los casos en los que se incumplan las obligaciones legales de inscripción, realización de actividades no reguladas y resistencia a la actuación inspectora de la CNMV o del Banco de España. Se trata de multas que oscilarán entre los 25.000 y los 200.000 euros, y pueden incluso acarrear la prohibición de operar durante un plazo de cinco años.
Fuente. 
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