Un año después del estallido del caso Bárcenas, que hizo a Mariano Rajoy prometer en el debate del estado de la nación de febrero de 2013 duras leyes contra la corrupción, el Gobierno avanza en esas reformas. El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este viernes definitivamente, para enviar al Parlamento, el proyecto de ley orgánica de control de la actividad económica-financiera de los partidos políticos.
Algunos extremos son ya conocidos. Pero, según fuentes conocedoras del texto, hay una importante novedad: uno de los artículos recoge la obligación de los partidos de publicar en su página web, como mucho un mes después de la fecha de envío al Tribunal de Cuentas, “el balance, la cuenta de resultados y en particular la cuantía de los créditos pendientes de amortización, con especificación de la entidad concedente, el importe pagado, el tipo de interés y el plazo de amortización”.
El asunto de las condonaciones de créditos a los partidos siempre ha sido polémico, porque se entiende que los grandes bancos y cajas utilizaban estas deudas como medida de presión a las formaciones. La publicación de los nombres de los acreedores de los partidos supone un ejercicio de transparencia que hará mucho más difícil ese trato de favor y permitirá a los ciudadanos tener un control mayor.
Pero la novedad no se limita a esto. El mismo artículo también obliga a las formaciones a publicar en la página web, con las mismas condiciones temporales —esto es, bastante rápido—, “las subvenciones recibidas y las donaciones y legados de importe superior a 50.000 euros, con referencia concreta a la identidad del donante o legatario”.
Se trata de una novedad clave. Las donaciones se limitan a 100.000 euros, y solo de personas físicas, puesto que las empresas ya no podrán donar a los partidos, al contrario de lo que sucedía antes. Pero, además, esta norma nueva implica que todas las donaciones por encima de 50.000 euros deberán ser publicadas en la web, de manera que los ciudadanos podrán ver quiénes son los donantes más importantes. La ley de 2007 ya había prohibido las donaciones anónimas, pero la lista de donantes no se hacía pública, solo la tenía el Tribunal de Cuentas. A partir de ahora quien done menos de 50.000 euros no verá su nombre publicado, pero quien lo haga por encima de esa cantidad sí. La norma también obliga a los partidos a publicar en su web los informes del Tribunal de Cuentas, todo en un intento por mejorar la transparencia de los partidos, una de las grandes críticas de los ciudadanos, y sobre todo de mejorar la imagen del Gobierno y del PP, hundida después del caso Bárcenas.
El anteproyecto se presentó en el Consejo de Ministros el 13 de diciembre, aunque ahora, después de los informes preceptivos, se trata de su versión definitiva, que saldrá hacia las Cortes. Ya entonces se explicó una de las novedades más relevantes sobre las deudas de los bancos con los partidos: las entidades de crédito no podrán efectuar condonaciones totales o parciales de deuda de los partidos políticos, que siempre han generado escándalos y suspicacias. Esto quiere decir, explica la reforma, que no solo no se podrá condonar total o parcialmente una deuda, sino que tampoco se podrá renegociar a un tipo de interés por debajo del mercado. También queda prohibido que terceras personas asuman el coste de sus adquisiciones de bienes, por ejemplo una sede.
La norma también detalla la obligación de los tesoreros de acudir a las Cortes para explicar las cuentas de su partido en la Comisión del Tribunal de Cuentas.
