Más madera para avivar el fuego antidescargas. France Télécom, que opera en España bajo la marca
Orange, está dispuesto a aplicar en España el llamado Modelo Sarkozy de restricción de las descargas por Internet para aquellos que se bajan música y películas protegidas por derechos de autor.
Así lo señala el presidente mundial de France Télecom, Didier Lombard, en una entrevista que publica hoy NEGOCIOS, el suplemento financiero del diario EL PAÍS.
Lombard considera que el sistema francés,
aprobado por el Parlamento galo en otoño pasado y que entrará en vigor el 1 de enero, es un sistema equilibrado, porque deja en manos de una autoridad independiente (Alta Autoridad para la difusión de las obras y la protección de los derechos en Internet), integrada por magistrados, las medidas a adoptar contra los internautas que realicen descargas ilegales a través de programas de intercambio de archivos P2P (De usuario a usuario o Peer to Oeer, por sus siglas en inglés) como eMule, BiTorrent o Ares.
"Creo que este método es bastante eficaz y ya se ha utilizado en otros países, en particular en EE UU, y funciona bastante bien. Es más eficaz que un método más duro. Pero lo importante es que cada uno se dedique a lo suyo: si queremos que la intimidad de los internautas se preserve, las autoridades encargadas de detectar las actividades ilegales no pueden ser los operadores, sino profesionales dedicados a este tipo de actividad con lazo directo con las autoridades. Este es el método adoptado en Francia, que nosotros seguimos. Y si España tomara medidas similares, también las aplicaríamos aquí", señala Lombard.
Sistema por etapas
El sistema aprobado en Francia está compuesto por varias etapas. En la primera, la Alta Autoridad envía a los piratas mensajes de advertencia por correo electrónico y, después, si hay reincidencia, una carta certificada, con el fin de garantizar que el interesado tiene constancia del comportamiento que se le reprocha. A continuación, la Alta Autoridad puede decidir, bajo control judicial, una sanción adaptada a las características del comportamiento con el que se desea acabar: la interrupción temporal del abono a Internet, acompañada de la prohibición de volver a abonarse durante el mismo periodo. Con el fin de garantizar que se respetan las medidas de suspensión establecidas, los proveedores de acceso a Internet (ISP) deberán comprobar, en el momento de firmar cualquier nuevo contrato, que el contratante no figura en un repertorio de personas cuyo abono ha sido suspendido, gestionado por la Alta Autoridad. Ésta podrá imponer sanciones pecuniarias a los proveedores de acceso a Internet que no realicen dicha comprobación o que no apliquen las medidas de suspensión.
"El plan que se ha estudiado en Francia es un plan progresivo. La idea es que se avise de forma progresiva a los internautas que hacen actividades ilegales o descargas ilegales. La decisión de la advertencia la toma una autoridad administrativa, no el operador. El operador debe hacer su trabajo, y nosotros no decidimos si hay que lanzar una advertencia. Eso lo hace una autoridad creada al efecto. No hay que confundir los oficios de cada uno. Se trata de un método poco agresivo dado que empieza por un mensaje de advertencia y luego se dan interrupciones del servicio de Internet. Lo más importante es empezar por una advertencia ya que los internautas, sobre todo los jóvenes, desconocen que descargar este tipo de contenidos es un acto ilícito; por eso hay que empezar por decírselo", indica Lombard.
Y añade: "Pero la segunda etapa es que es necesario que existan contenidos legales disponibles con tarifas bajas, para que exista una alternativa a la descarga de contenidos ilegales. Creo que este método es bastante eficaz y ya se ha utilizado en otros países, en particular en EE UU, y funciona bastante bien. Es más eficaz que un método más duro".
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