La Asociación Española de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías (APEMIT) ha presentado una querella (pdf) contra la Sociedad General de Autores, la Asociación de Gestión de Derechos Audiovisuales, Artistas, Interpretes o Ejecutantes y un perito funcionario público que redactaba informes con la apariencia de oficiales a favor de ellas. Se les acusa de falsedad en documento oficial, manipulaciones para alterar el precio de las cosas, usurpación de funciones públicas y tráfico de influencias, delitos todos ellos tipificados en el Código Penal.
Los informes, redactados por un catedrático especialista en robótica de la Universidad Politécnica de Madrid, pero con apariencia de documentos oficiales de la Universidad, han sido utilizados como tesis principal para justificar el canon digital, logrando los demandados gracias a ellos más de 100 millones de euros de beneficios.
