La resucitada Ley de Propiedad Intelectual ha quemado hoy una importante etapa al ser aprobada por la Comisión de Cultura del Congreso con el único apoyo del PP, ya que PSOE, CiU, PNV, UPyD, Izquierda Plural, Amaiur y ERC han votado en contra. La Comisión con competencia legislativa permitirá que la ley viaje directamente al Senado sin pasar por el pleno.
La siguiente etapa de la Ley de Propiedad Intelectual se vivirá el próximo otoño en el Senado, donde tanto los populares como la oposición dejaron entender que la normativa podrá sufrir más cambios. Una vez salga de la cámara alta está previsto que la ley entre en vigor a inicios del 2015.
Uno de los puntos más polémicos aprobados en la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual es el llamado Canon AEDE o tasa Google, una remuneración que los agregadores de noticias como Google o Menéame deberán pagar a los editores por reproducir fragmentos de sus noticias. El texto también incluye sanciones de hasta 300.000 euros para las páginas de enlaces. Además, se podrá actuar sobre los anunciantes y plataformas de pago electrónico que sean mediadores de actividades ilícitas y bloquear técnicamente las páginas.
Tan solo una decena de las casi 170 enmiendas propuestas por la oposición han sido finalmente aprobadas, en una muestra que deja en evidencia el consenso prometido por el PP. De las enmiendas presentadas se desprende que, por ejemplo, PSOE y CiU proponían que el Canon AEDE se extendiese a periodistas y fotógrafos, mientras que la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y UPyD pedían su supresión.
"Semejante pago podría terminar repercutiendo en plataformas de participación comunitaria en Internet como Twitter, Facebook o Menéame, donde se difunden y comparten titulares de prensa con el enlace correspondiente y supondría una alteración de la cultura P2P, que es fundamental en la sociedad del conocimiento", alertaron desde la Izquierda Plural.
Otro polémico aspecto de la reforma es la vuelta del canon o compensación por copia privada que sustituye al enterrado canon digital. El nuevo sistema es rechazado tanto por oposición, que critica que se cargue a los Presupuestos del Estado (es decir, que lo pagamos entre todos), como por las entidades de gestión, cuya compensación pasará de 115 millones de euros con el canon a cinco.
En todo caso la reforma aprobada y todas sus polémicas son un parche, ya que según el propio Ejecutivo se está a la espera de una nueva modificación, radical y más profunda de la ley que recoja las decisiones que se están tomando en Bruselas.
