La patronal de la industria de videojuegos española (aDeSe) informa, en una nota de prensa, que la Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado una condena de un año de prisión y 2.500€ de multa por instalar chips en videoconsolas que permitían reproducir videojuegos no originales. Dice aDeSe que es la décima sentencia judicial en este sentido, pero se le olvida mencionar que en la práctica totalidad de los casos con condena se probó también la venta de copias ilegales. Y este no es una excepción.
El País daba en marzo más detalles sobre el presente caso, ya que los acusados fueron declarados culpables en primera instancia. Los condenados, además de comercializar e instalar modchips, vendían copias de PS2 y Xbox a través de una página web y, tras una redada a su tienda efectuada en 2004, les fueron incautadas 1.287 copias y tres PCs con 12 bocas de grabación. Como es lógico, el juez y posteriormente la Audiencia han entendido que las modificaciones tenían como fin principal la carga de las copias ilegales comercializadas, más allá de sus posibles usos legales, y por tanto la condena es debida a toda la actividad delictiva en su conjunto.