Según publica El País, las negociaciones entre la industria audiovisual y las operadoras españolas para luchar contra la descarga e intercambio de archivos no autorizados se están centrando en la persecución de las webs que facilitan los enlaces. Se renunciaría así a perseguir a los millones de internautas que realizan estas actividades, evitando la alarma social de modelos como el francés.Según estiman, en la actualidad 70 páginas web son responsables del 80% de las descargas e intercambios P2P. El procedimiento consistiría en notificar el cese de la actividad a sus administradores y, tras un plazo de alegaciones, ordenar la suspensión definitiva del servicio de alojamiento o su bloqueo si se alojan en el extranjero. Afirman que para su puesta en funcionamiento se podría aplicar la ley actual, aunque se olvidan del pequeño detalle de que la mayoría de los jueces están fallando a favor de dichas páginas. Para saltarse a esos molestos jueces proponen la puesta en marcha del famoso organo competente de la LISI, con la creación de la Comisión de Desarrollo y Control de Contenidos Digitales, un órgano vinculado al Ministerio de Industria que tramitaría las denuncias de los dueños de los derechos y ordenaría el bloqueo de las páginas.
A parte de esta ofensiva contra los llamados concentradores (quienes presuntamente se lucran con las descargas), se seguiría un segundo procedimiento de notificaciones contra los usuarios más activos, quienes suben más contenidos a la red. En caso de ignorar los avisos, se impondrían medidas de filtrado y bloqueo para dichos usuarios, sin llegar a desconectarlos.
