Recordemos esta noticia (El País, que aquí se muestra tajante contra la parcialidad y politización del Tribunal de Cuentas, ahora le da más importancia a esto que al archivo de las anteriores denuncias):
El Supremo denuncia la politización del Tribunal de Cuentas[*] Una sentencia advierte que ya hay más funcionarios nombrados por los partidos que de carrera
[*] El pleno está controlado por el PP y el PSOE
[*] Los partidos, vigilados por ellos mismos
No es habitual que el Tribunal Supremo sea tan explícito en sus sentencias, pero quizá esta vez lo ha hecho porque no es la primera vez que se pronuncia sobre los intentos de llenar el Tribunal de Cuentas con funcionarios de libre designación, lo que conlleva un alto riesgo de politización. El asunto es grave porque este organismo es clave para detectar la corrupción. En una sentencia del pasado 3 de diciembre, desestima dos nombramientos de cargos, la subdirectora adjunta de la Asesoría Jurídica y el asesor económico financiero, nombrados por indicación del pleno, el máximo órgano. El texto reclama más funcionarios de carrera, que llegan por oposición, para que sean mayoría y afirma que sobran 30 de los recomendados.
El pleno del tribunal siempre ha estado controlado por los dos grandes partidos, que se convierten en los fiscalizadores del dinero público, que, por otra parte, ellos mismos gastan. Ahora el PP (ocho puestos) domina el pleno, frente al PSOE, que tiene cuatro asientos.
Esta misma semana el Tribunal Constitucional se ha unido al Supremo en la lucha contra la intromisión en el Tribunal de Cuentas. En una sentencia de la sala primera, presidida por Pascual Sala, declara inconstitucional que se rebaje la titulación necesaria para acceder al cuerpo superior de auditores, como pretendió el PSOE en 2008. Otra victoria para la profesionalización de este organismo.
El Tribunal de Cuentas es un objeto de deseo para los políticos por ser el gran fiscalizador, a posteriori, de los miles de millones que gasta la Administración. Incluso analiza las controvertidas cuentas de los partidos políticos, eso sí, con gran retraso. Por eso, el Tribunal Supremo alerta de la peligrosa situación que tenía en 2011 —año del litigio— cuando eran mayoría los funcionarios llegados de otras Administraciones: 94 frente a los 89 letrados y auditores de carrera. En la sentencia, cuyo ponente fue Vicente Conde, se recuerda al pleno que de los 206 puestos que tenían dotación presupuestaria, "142 corresponden a la plantilla de los Cuerpos Superiores (...), por lo que solo podrán cubrirse por funcionarios de Cuerpos de Administraciones Públicas y de la Seguridad Social 64 puestos, límite que se halla hoy ampliamente superado". La afirmación supone denunciar que hay 30 personas de otras Administraciones que trabajaban de forma irregular.
Por esta puerta de atrás llegó al Tribunal Manuel Aznar, hermano del expresidente José María Aznar. Primero fue funcionario, pero después fue ascendido a vocal del pleno; es decir, con chófer, secretaria y alto sueldo. Manuel Aznar es responsable de inspeccionar los Ministerios de Hacienda, Economía, Fomento y Sanidad, todos ellos de gran peso.
La situación fue denunciada por la Asociación de los Cuerpos Superiores de Letrados y Auditores del Tribunal de Cuentas que consideran que el Supremo "denuncia la falta de voluntad de los máximos responsables de dotar con profesionales que son los que gozamos de una independencia probada ya que accedemos por oposición. Nosotros no formamos parte de la Administración porque no participamos en la gestión de ningún organismo ni debemos nuestro cargo a nadie", apunta Elena Vicente, presidenta de esta asociación. "Además, tenemos una falta de movilidad de hecho, ya que no podemos ir a otros cuerpos de la Administración; solo podemos trabajar en el Tribunal de Cuentas", recuerda. Por último, apunta que la Asociación "no pone en duda la profesionalidad ni la capacidad de los otros funcionarios", pero recuerda que desde 1987, cuando echó a andar el tribunal tal como se conoce ahora, "nunca se ha cubierto el tope de los letrados y auditores, mientras que no han parado de incorporarse personas de libre designación". Esta situación choca con el argumento oficial de que al tribunal le faltan efectivos.
Fuentes oficiales del tribunal comentaron que tras la sentencia del Supremo, "el pleno tomará medidas la semana próxima para modificar la relación de puestos de trabajo en el sentido marcado por la sentencia", sin más detalles. El problema no es fácil de solucionar: este año hay 174 funcionarios de cuerpos propios (que podrían continuar), y 175 de otras Administraciones. De estos, sobrarían más de la mitad, si se aplica la sentencia, que condenó a costas al tribunal.
No es el primer caso. En 2009, la sala de lo contencioso-administrativo del Supremo anuló el nombramiento como subdirectora de Carmen de Vicente, hermana de Ciriaco de Vicente, del PSOE, que era consejero e incluso fue presidente.
Esta injerencia política lleva a situaciones tan esperpénticas como que el grupo de funcionarios que analizó un año las cuentas de la Seguridad Social estaba compuesto en su totalidad por exfuncionarios de ese organismo. Es difícil creer en su independencia de criterio.
Además, para los nombrados vía digital, la llegada al Tribunal de Cuentas tiene una ventaja salarial muy importante. Según fuentes internas, los trasladados tienen retribuciones más bajas, que son elevadas automáticamente. Los sueldos en este tribunal son de los más elevados de la Administración para evitar la tentación de aceptar sobornos. Muchos llegan con nivel 23 de la Administración y pueden alcanzar hasta el 30 si se mantienen tiempo en su trabajo. Es otra razón para ser agradecidos con los que les han nombrado.
Los partidos, vigilados por ellos mismos
La prueba del algodón que demuestra que algo no funciona en el Tribunal de Cuentas es el mecanismo de control de los partidos políticos. Pese a ser un asunto clave para el buen funcionamiento de una democracia y una barrera frente a la corrupción, este organismo dedica pocos medios a esta labor y con curiosas anomalías.
Mientras los departamentos normales, que fiscalizan la Seguridad Social, las comunidades autónomas o las corporaciones, cuentan con unos 60 o más funcionarios, los de los partidos políticos han fluctuado desde los 12 a los 26 que ahora han colocado tras los escándalos publicados. Con estas cifras, no debe extrañar que el último ejercicio analizado de los partidos fuera 2007.
Además, no existe un cuerpo de funcionarios asignado porque el departamento se crea y se disuelve según el trabajo que haya. Cada vez que hay que escudriñar a los partidos, se reclaman funcionarios de otros departamentos hasta formar el grupo. “Vienen a regañadientes porque salen de sus divisiones a la fuerza. Al no existir un grupo estable, no hay especialistas en partidos, lo que provoca que sean menos eficaces. Cada vez que llegan, empiezan de cero”, comentan fuentes del tribunal.
Pero hay más peculiaridades. Todos los departamentos del tribunal tienen un vocal responsable. Es el que sigue las averiguaciones que realizan los funcionarios. ¿Y qué pasa en partidos? Pues que en lugar de un responsable (que siempre corresponde a un partido) hay dos; chico y chica, PP-PSOE. Así que, se podría pensar, tú no me molestas a mí y yo tampoco a ti. En medio pueden quedar soterradas las verdades incómodas.
La situación ha llegado al nivel del escándalo cuando el PP aseguró que era un partido auditado porque entregaba todos sus datos al Tribunal de Cuentas. Pero resulta que desde 2007 no hay informes, no hay control y ha llegado el momento de desempolvar carpetas a toda prisa en los archivos. El Tribunal de Cuentas espera entregar en verano el ejercicio de 2008 y para fin de año los de 2009, 2010 y 2011.
El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, calificó hace días de “mejorable” la fiscalización de las cuentas de los partidos. Tras afirmar que solo tenían acceso a “la contabilidad de los partidos”, Álvarez de Miranda admitió que deberían poder acceder a información de la Agencia Tributaria que ahora le está vetada. También reclamó “una legislación más estricta” sobre los proveedores de los partidos. El martes acude al Congreso. Ahí puede reclamarla.
