El Gobierno crea una comisión para reformar las AAPP y evitar duplicidades (Actualizado)

Reducir duplicidades, simplificar tareas administrativas y gestionar mejor los servicios públicos. Con estos objetivos, el Gobierno ha aprobado hoy en Consejo de Ministros la creación de una comisión que se encargará de llevar a cabo la reforma integral de todas las administraciones públicas. En directo | Así fue la rueda de prensa posterior al Consejo.

La Comisión para la Reforma de las AAPP se encargará de representar al Gobierno central en el grupo de trabajo con las comunidades autónomas y entes locales acordado en la reciente Conferencia de Presidentes.

La vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó en la posterior rueda de prensa que "se trata de hacer una auditoría completa a las administraciones, a su forma de contratar, de relacionarse con las administraciones y de gestionar los servicios esenciales para ganar eficacia, eficiencia y evitar que las administraciones nos solapemos", dijo.

Sáenz de Santamaría detalló que el Ejecutivo aspira a introducir cambios en las "estructuras, competencias y procedimientos" de las distintas administraciones públicas una vez que se tenga "una auditoría de abajo a arriba" para dibujar un "mapa de todo lo que hay", consciente de que constituye un "trabajo de bolillos".

La Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, que contará con representantes de todos los ministerios del Gobierno central, tendrá que concluir su informe antes del 30 de junio de 2013. Al frente de todos los trabajos estará la propia vicepresidenta del Gobierno, quien ha colocado al subsecretario de la Presidencia como el presidente de la Comisión.

Además, habrá un representante de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno y otro del equipo de Sáenz de Santamaría "con dedicación exclusiva" para esta tarea.
Cuatro campos de actuación

La comisión trabajará en cuatro apartados: cómo evitar duplicidades, cómo simplificar los trámites administrativos, cómo mejorar la gestión de servicios y de medios comunes y cuál es la estructura completa de la administración española.

En el apartado para evitar duplcidades, se tendrá en cuenta el trabajo que está realizando la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas para reforma la Ley de Bases de Régimen Local, que el Gobierno quiere reformar también en las próximas semanas.

Diez meses ha tardado el Ejecutivo en plantear la primera reforma de la Administración Pública que nace muerta. La vicepresidenta Sáenz de Santamaría ha fijado la creación de una comisión de análisis de la administración conformada en simultáneo por otras cinco subcomisiones para abordar los siguientes frentes:

Eliminar duplicidades administrativas. Tiene por objeto identificar y eliminar duplicidades y reforzar los mecanismos de cooperación, de modo que se abarate el coste de la actividad administrativa.
Simplificación administrativa. Revisará las trabas burocráticas que dificultan la tramitación de los procedimientos administrativos con el fin de conseguir una mayor simplificación que redunde en beneficio de los ciudadanos.
Gestión de servicios y medios comunes. Tiene por objeto centralizar actividades de gestión que, por ser similares o de la misma naturaleza, puedan desempeñarse de forma unificada o coordinada, aprovechando así en mayor medida los medios públicos.

Administración institucional. Se analizará la distinta tipología de entes que la componen, se revisará el marco normativo y los modelos que en él se identifican como óptimos.

El Gobierno se aferra al acuerdo institucional alcanzado en la Conferencia Autonómica de Presidentes y en la Ley de Estabilidad Presupuestaria para llegar a un objetido de remodelación completa de la Administración Pública. Pues bien, estas comisiones, tendrán de plazo hasta junio de 2013 para plantear los respectivos análisis y aportar las medidas que se pondrán en marcha. Hasta aquí, muchas palabras, más gasto público con fin difuso pero poca acción y por eso, digo que la reforma de la Administración Pública nace muerta.

El principal problema que tiene esta reforma es el tratamiento de las diferentes competencias a nivel de administraciones, los diferentes estatutos de autonomía, la constitución y la poca voluntad que van a mostrar en el futuro las administraciones para delegar funciones al Gobierno Central.

Soraya ha citado por ejemplo el uso del BOE y los servicios de publicaciones oficiales. Bien es cierto que es muy probable que si el Estado se encargara de la gestión de todos los boletines autonómicos, provinciales y locales, tendríamos un ahorro y una mayor eficiencia. Pero para afrontar este cambio, aquellas administraciones que “pierden la potestad” deben aceptarlo y ante la duda, el recurso ante el Tribunal Constitucional por invasión de competencias está servido.

Pongamos por ejemplo casos como las tarjetas sanitarias, los sistemas cruzados de datos entre los servicios de empleo y la propia Seguridad Social, casos como los cambios de titularidades de vehículos o incluso, las diferentes administraciones que gestionan sus propios tributos y generan un caos normativo y administrativo (por ejemplo, pensemos en liquidar Actos Jurídicos en cada comunidad por una vía diferente).

A día de hoy, no veo voluntad alguna de Andalucía, Cataluña, País Vasco y o Galicia, de ceder competencias, de perder poder y control en la toma de decisiones, por lógicas y sensatas que nos parezcan. Por último, los plazos planteados me parecen muy abultados, y se deberían haber segmentado los análisis por áreas y a menor plazo, aunque la principal reforma del Estado tiene que salir desde arriba hacia abajo y eso implica, reformar la Constitución y los Estatutos de Autonomía, reformas que nadie quiere sentarse siquiera a la mesa para discutir un nuevo modelo de Estado, ya sea central, federal o incluso fragmentado.