No son buenos tiempos para el funcionariado en España. Buena parte del pato de la elefantiasis pública la están pagando trabajadores de las distintas administraciones llegados a su puesto por oposición. Ajustes, plazas amortizadas, presión. Si a ello se une la mitificación más o menos razonable de su falta de desempeño -las generalizaciones son malas y hacen que paguen justos por pecadores- y la confusión, en muchos casos, de roles con el personal laboral nombrado a dedo y el interino reconvertido, el resultado es la percepción de sus malas noticias como buenas por una parte importante de la sociedad española. Será injusto pero es real.
El político de turno, no ajeno a las 'demandas' del votante y constreñido por la precariedad presupuestaria, está llevando a cabo un proceso de castigo recurrente a las condiciones laborales de los funcionarios, equiparando de este modo su realidad a la del sector privado donde los despidos y los recortes salariales están a la orden del día. La introducción de criterios profesionales en la evaluación del desempeño y el establecimiento de unos límites a la existencia sine die de todo lo deficitario -ya era hora- está afectando a un colectivo poco acostumbrado a los sobresaltos en el pasado más reciente. Adiós a la estabilidad y la seguridad.
Sin embargo la verdadera revolución en la que está trabajando el Gobierno para los trabajadores públicos -y que difícilmente verá la luz, al menos mientras la cuestión regional se encuentre en la enrevesada coyuntura actual- no afecta ni a los salarios, ni a las cuantías a percibir en caso de baja, ni al control del absentismo o la eliminación de los moscosos. Qué va. Tiene mucha más profundidad y alcance ya que busca equiparar las distintas categorías profesionales en todo el territorio nacional, con independencia del lugar donde el empleado realice su tarea, sea ayuntamiento, diputación, comunidad, estado u órgano administrativo perteneciente a cualquiera de ellos.
En definitiva se trataría de establecer una habilitación única para cada una de las funciones demandadas que viniera acompañada de una uniformidad salarial, de modo tal que un policía local de Pozuelo de Alarcón perciba el mismo esquema remuneratorio que otro de La Roda, Almería o Sallent de Gallego. Y así con cada colectivo público. De este modo, arguyen desde el gobierno, se les podría dotar de una flexibilidad inexistente hasta ahora que lleva a postergar determinadas decisiones de ahorro de gasto condicionadas a qué hacer con los funcionarios adscritos (caso de los parques móviles, por ejemplo: quitamos los coches y... ¿los chóferes? Otra cosa es que ese desempeño haya o no de ser funcionarial a partir de ahora). Y permitiría fomentar tanto la movilidad geográfica como funcional. Y es que uno de los problemas a los que actualmente se enfrentan los distintos Gobiernos a la hora de gestionar estas plantillas es que carecen de los resortes para poder destinar los recursos allá donde son necesarios, arguyen, lo que genera situaciones paradójicas de oferta y demanda excesivas a la vez.
Como tantas otras cosas en España suena a una idea de innegable bondad teórica pero de imposible ejecución práctica ya que obligaría a una renuncia de control de su personal de los distintos reinos de taifas nacionales, al cierre de un mecanismo de diferenciación salarial tradicionalmente usado como arma electoral, al establecimiento de una suerte de mercado único administrativo cuando el privado es una quimera, a unas oposiciones globales en las que nadie pueda meter mano y así sucesivamente. Eso por no hablar de la imposibilidad de planteamiento, en la tesitura actual, a vascos y catalanes, por citar los ejemplos más evidentes. Pero, dicho esto, siendo como es que se está caminando desde las más altas instancias en esta dirección, nadie puede negar que la reivindicación de dejar el tacticismo y poner las luces largas encuentra en esta propuesta su máxima expresión. Otra cosa es que llegue a algún lado, que va a ser que no. En fin, una pena. Otra más. con minúscula.
Ya me estoy viendo bajando el sueldo a los mossos, o la policia vasca para que cobren lo mismo que la guardia civil...
Por otro lado, me parece bien que se favorezca la movilidad, eso ayudaría más que 4384278932472 controles absurdos.
