El Colegio de Registradores se quedará con el Registro Civil para lo que aportará más de 300 millones de euros lo que, en definitiva, supone que el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, privatiza un servicio público y hace de él un negocio que pasa a estar controlado por este colectivo, uno de los más privilegiados del país, según se prevé en la reforma que se ultima en estos días.
El anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los Registros, que podría ser aprobado en el próximo Consejo de Ministros o en el siguiente, tras el Puente de la Constitución, tiene a la comunidad jurídica en pie de guerra, ya que supone hacer de un servicio público un negocio que, para más inri, se adjudica directamente a los registradores y ni siquiera se saca a concurso público.
Otras fuentes han apuntado que, con la contestación a la Ley de Tasas, 'el tasazo' de Gallardón se postponga su aprobación para el próximo enero.
El futuro del Registro Civil pasaba por su digitalización tal y como estaba previsto en la ley que aprobó el PSOE. Pero la falta de presupuesto hace imposible su materialización y el Colegio de Registradores de la Propiedad se ha ofrecido al ministro voluntariamente a financiar los más de 300 millones de euros que cuesta la misma. Una cifra que, en otros medios, dicen que podrían alcanzar los 400 millones.
Una parte, de esos millones, aún sin especificar, se aporta de inmediato y el resto se completará con el arancel que va a cobrar a los ciudadanos que soliciten notas informativas sobre de partidas de nacimiento, matrimonio, divorcio, defunción, nacionalidad.
El propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, es registrador, y su hermano Enrique, también y en distintos medios jurídicos ven la mano de este último en esta próxima reforma del Gobierno, en la que están trabajando desde hace cerca de un año el Director, Joaquín Rodríguez, y el subdirector general de los Registros y del Notariado, Javier Vallejo.
Ambos registradores lo que ha sacado, también, al debate si no hay conflicto de intereses o "captura del regulador".
Además, el texto pendiente de aprobación en el Consejo de Ministros obligará a que todos los trámites de los Registros pasen por su oficina on line para los que habrá que desembolsar una cantidad.
Es más, si das poderes a otra persona se ha de notificar y pagar. De tal suerte que si das, por ejemplo, un poder a tu hermano para hacer una gestión en el Registro Civil se deberá pagar por la delegación de poderes y por la misma gestión.
A partir de la puesta en marcha de esta ley, los registradores sustituirán a los jueces del Registro Civil y este cuerpo se queda con su autoridad para gestionar el mismo a semejanza del Registro de la Propiedad o del Registro Mercantil, con lo que Gallardón vuelve a privatizar un servicio público como ha hecho recientemente con la criticada Ley de Tasas que podría acabar ante el Tribunal Constitucional.
Además, el registrador, según el citado anteproyecto, como se queda con la autoridad del juez se desvincula de la Administración del Estado en sus calificaciones que irán, por tanto, por la vía judicial y sujeto al recientemente aprobado 'tasazo' de Gallardón.
La Ley de Tasas permite el acceso de los ciudadanos a la justicia de las jurisdicciones social, contencioso administrativo y civil previo pago, a excepción de los ciudadanos en el umbral de la pobreza y en el orden penal.
Una medida que ha llevado a abogados, jueces, fiscales, sindicatos y consumidores a concentrarse contra la Ley de Tasas al entender que facilita una "justicia para ricos y otra para pobres".
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Si tienes un niño, a pagar el registro; si se muere tu madre, a pagar el registro. Españoles, habéis registrado por encima de vuestras posibilidades. Menos mal, que alguna cabeza pensante se ha atrevido a parar este expolio de tinta y papel en este tipo de mamandurrias.
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