seaman escribió:Newport escribió:[erick] escribió:El problema que tenemos en Madrid, y en España en general, es que no vemos más allá de dos o tres partidos.
Con todos los respetos, en Euskadi y en Cataluña no tenemos ese problema. Por eso también los medios de comunicación y la clase política demonizan más a ciertas regiones que a otras. Hay que seguir manteniendo el bipartidismo y los privilegios.
En Euskadi de acuerdo, pero en Cataluña hay una basura política igualable a la del resto de España.
caren103 escribió:¿alguien cree que estos del PP han descubierto la cuadratura del círculo cuando a nivel mundial las experiencias a lo largo de los años demuestran que un sistema como el español es el que mejor relación calidad y bajo precio consigue?
Newport escribió:seaman escribió:
En Euskadi de acuerdo, pero en Cataluña hay una basura política igualable a la del resto de España.
No creo que en Euskadi seamos diferentes. Lo que ocurre es que el terrorismo ha estado siempre como primer problema político. También tenemos chanchullos, marrulleos, prevaricaciones, amiguismos, tráfico de influencias, estafas y demás lacras de la clase política. Lo que ha ocurrido aquí es que el PNV ha hecho económicamente las cosas bastante bien, centrándose en la industria como modelo productivo y que gracias a dios el psoe o pp no han tenido tanta manga ancha como en españa. Mismamente el psoe ahora mismo ha dejado el gobierno vasco con 8 veces más de deuda y anda echando la culpa a todo dios en vez de ser consecuentes con los resultados de su gestión.
BeRReKà escribió:seaman escribió:
En Euskadi de acuerdo, pero en Cataluña hay una basura política igualable a la del resto de España.
Igual es una basura politica (que lo es) pero al menos aquí se ve un poco más allá del bipartidismo, que es justo lo que ha dicho Newport.
Madrid tuvo que rescatar en 2010 a sus hospitales de gestión semiprivada
La Cámara de Cuentas revela que el Gobierno acordó restablecer el equilibro financiero de las concesiones y pagar a las empresas dos millones más al año
Elena G. Sevillano Madrid 24 OCT 2012 - 21:03 CET163
Fue el punto álgido del debate televisado entre los candidatos Esperanza Aguirre y Tomás Gómez en la campaña de 2011, el único momento en que se vio en apuros la expresidenta: Gómez enarboló en pleno directo una carta de las constructoras de los hospitales de gestión semiprivada inaugurados en 2008 en la que pedían al Gobierno regional 80 millones más y advertían de su “colapso” si no los recibían. Lo que entonces se desconocía, y ahora desvela un informe de la Cámara de Cuentas consultado por EL PAÍS, es que un año antes la Comunidad de Madrid tuvo que restablecer el equilibrio económico financiero de las concesiones de los seis hospitales.
Un acuerdo del Consejo de Gobierno de septiembre de 2010 modificó, al alza, la cantidad máxima anual (canon) que reciben el hospital Infanta Cristina, el Infanta Leonor, el Infanta Sofía, el Henares, el Tajo y el Sureste, centros sanitarios construidos mediante contratos de concesión de obra pública adjudicados por concurso en 2005 y que la entonces presidenta, Esperanza Aguirre, puso en marcha casi a la vez en un maratón inaugurador de menos de un mes, durante febrero de 2008. El Gobierno regional acordó pagarles dos millones al año más de lo que constaba en la oferta económica inicial de 2005. La cantidad más elevada corresponde al hospital del Sureste, en Arganda del Rey, con un incremento anual de 582.699 euros. La oferta inicial de la empresa concesionaria fue en 2005 de 9.912.709 euros.
El canon aumenta
La Comunidad aprobó en 2010 incrementar el canon anual de los seis hospitales de gestión semiprivada:
Hospital Infanta Cristina: 236.385 euros anuales más
Hospital Infanta Leonor: 674.929 euros
Hospital Infanta Sofía: 306.327 euros
Hospital del Henares: 110.029 euros
Hospital del Tajo: 86.206
Hospital del Sureste: 582.699
Según el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas, aprobado el 24 de septiembre pasado, el Consejo de Gobierno del 30 de septiembre de 2010 aprobó tanto el restablecimiento del equilibro económico como el gasto por modificados en la construcción de los hospitales, que estarán en manos de las empresas que los construyeron hasta que reviertan a la Administración al acabar los 30 años de concesión. Sin embargo, la referencia del Consejo de Gobierno de ese día que publica el Gobierno regional en su página web no lo recoge. Además de incrementar en dos millones anuales el canon a las concesionarias, el acuerdo también contemplaba modificar la cantidad máxima anual desde la puesta en servicio de los hospitales: ese concepto supone 4,3 millones, según el informe (1,4 de ellos para el hospital Infanta Leonor; la cantidad más elevada).
La Cámara de Cuentas desvela otros aspectos desconocidos hasta ahora de la relación entre la Administración y las sociedades concesionarias, como la existencia de recursos contenciosos administrativos en los que reclaman diferentes cantidades a las empresas públicas, la forma jurídica que la Comunidad dio a estos hospitales, o los expedientes sancionadores iniciados por incumplimientos en la fase de construcción o ya en la de funcionamiento. Por ejemplo, el informe destaca que la empresa pública del hospital Infanta Cristina inició 12 expedientes entre 2008 y 2009 por “infracciones” cometidas por las empresas. Se resolvieron sin imponer penalidades “a pesar de que cuatro de ellos los hechos se califican como graves”, asegura el documento.
Ninguna de las empresas públicas liquidó el ejercicio 2009 tal y como exigen los pliegos del contrato, señala la Cámara de Cuentas, “lo que genera una incertidumbre respecto a la retribución final a abonar por las empresas públicas a las sociedades concesionarias”, añade. El informe recoge que “al menos dos” de estas empresas han reclamado importes a su favor por “ajustes de volumen”, es decir, por haber realizado más actividad (por ejemplo, dar más comidas) de la prevista. Reclaman a la Administración 2,5 millones de euros, precisa el documento.
La concesionaria del hospital Infanta Cristina reclama el pago de 925.120 euros por variaciones de volumen en los servicios de restauración y esterilización en el ejercicio 2009, según el informe. La del hospital Infanta Leonor, por su parte, reclama el abono de 1,5 millones por la restauración y la esterilización de 2008 y 2009. Su reclamación fue desestimada por silencio administrativo, al que la concesionaria contestó con un recurso contencioso administrativo que, cuando se elaboró el informe de la Cámara de Cuentas, estaba pendiente de resolución.
El informe de fiscalización detecta alguna irregularidad en las relaciones entre la Administración y las empresas que gestionan todos los servicios no sanitarios de los hospitales (limpieza, lavandería, seguridad, restauración, esterilización, apoyo administrativo...). Señala, por ejemplo, deficiencias en el control del cumplimiento de las empresas en lo que respecta al material que debían aportar y el personal necesario para los servicios. “En relación con el control de las empresas públicas sobre si las sociedades concesionarias asignan a los servicios los recursos humanos detallados en sus ofertas, tan solo la empresa pública Hospital del Henares ha aportado documentación justificativa de la realización de controles periódicos en todos los servicios”, afirma el texto. Una conclusión polémica, puesto que un informe de la Inspección de Trabajo, desvelado por este diario, detectó en 2009 que faltaba personal, material básico y vigilancia en los hospitales inaugurados un año antes.
En cuanto al mobiliario, que debe volver a la Administración en perfecto estado al terminar la concesión, la Cámara señala que las concesionarias no entregaron inventarios hasta el ejercicio 2009, “lo que ha dificultado el control por las empresas públicas de la integridad del mobiliario existente hasta esas fechas”. Las tres empresas públicas que hicieron comprobaciones entre el mobiliario recibido y el que figura en los inventarios o el previsto en los pliegos “han encontrado diferencias no justificadas”, concluye el informe. El Infanta Leonor, por ejemplo, “detectó una diferencia de 318 elementos, que no ha sido justificada. No ha realizado con posterioridad ningún otro control del mobiliario, pese a tener acceso a la aplicación informática de la sociedad concesionaria que lo controla”.
Titomalo escribió:Esto ya pasa en la C.V. y es un auténtico desmadre, indigno y asqueroso como humanos.
Directivos de más de la mitad de los ambulatorios presentan su dimisión
Las renuncias se harán efectivas cuando el Gobierno madrileño empiece la privatización
Elena G. Sevillano Madrid 8 ENE 2013 - 14:20 CET111
Los sanitarios de atención primaria de Madrid tienen previsto hacer efectivo hoy lo que decidieron a finales de diciembre en una asamblea multitudinaria en el Colegio de Médicos: dimitir masivamente de los puestos directivos de los centros de salud para presionar al Gobierno regional y tratar de parar los planes de privatización. Miembros de la plataforma han hecho entrega a las dos de la tarde de los documentos de renuncia de 322 miembros de los equipos directivos (están formados por un médico, responsable de enfermería y responsable de la unidad administrativa), que sumados a las 46 vacantes (hay puestos que la Consejería de Sanidad no ha podido cubrir durante meses) suponen 368 puestos de dirección en 137 centros de salud. En la región hay 270.
Según informa la plataforma que los agrupa, en 90 casos la dimisión la firma todo el equipo directivo y las comisiones de centro.
Además, se presentarán 3.000 firmas de profesionales de 166 centros de salud que renuncian a participar en las comisiones (hay decenas de ellas: farmacia, vacunas, paciente polimedicado…). Unos 60 equipos han manifestado su decisión de no dimitir de sus funciones porque consideran que ello “perjudica el desarrollo de su función asistencial” aunque, según la plataforma, reiteran mayoritariamente su rechazo al plan regional.
A principios de diciembre los profesionales de primaria entregaron casi 8.000 firmas contra la privatización. Era como una encuesta. De las 7.950 recogidas (hay unos 10.000 trabajadores), solo tres respaldaban las medidas del Ejecutivo de Ignacio González y 14 respondieron “no sabe, no contesta”.
Las dimisiones de los directivos se harán efectivas, según el documento de renuncia, cuando la Comunidad de Madrid haga a su vez efectivas las privatizaciones: “Somos conscientes de la dificultad que esto supondrá en el funcionamiento de los centros de salud afectados y por este motivo las dimisiones solo se harán efectivas tras la publicación de los pliegos con los centros de salud elegidos para la externalización de su gestión”, aseguran los directores en una nota.
“De este modo facilitamos que desde la Dirección General y las Direcciones asistenciales puedan asumir la gestión directa de los centros. También serían efectivas en el caso de que la Consejería confirme su intención de cesar a todos o parte de los responsables o cualquier otra medida de represalia contra los profesionales de esos centros”, añaden.
La renuncia en bloque supone, señalan los directores, que “de llegar a hacerse efectivas las dimisiones, cada uno de nosotros se limitará a realizar su actividad asistencial en el caso de médicos y enfermeros y de gestión de citas en el caso de los administrativos”. La plataforma de directores pide a los compañeros que aún no se han pronunciado que lo hagan “para evitar que su posición pueda ser manipulada por cualquiera de las partes de este conflicto” e invita a los profesionales que desarrollan tareas de gestión en las direcciones asistenciales a “posicionarse y a no participar en la ejecución de las instrucciones, ya que sin su colaboración ni la nuestra nada de esto será posible”. Los directores finalmente reiteran su “voluntad de diálogo con la Consejería para buscar la mejor opción de futuro para la atención sanitaria de la Comunidad de Madrid”.
Ya con el conflicto sanitario en marcha, a principios de diciembre, los colectivos que representan a la atención primaria (11 sociedades científicas y asociaciones, tanto de medicina como de enfermería) consensuaron un documento que propone un modelo alternativo de gestión de los centros de salud, basado en una mayor autonomía y sin necesidad de que empresas con ánimo de lucro entren en este nivel asistencial, hasta ahora de gestión enteramente pública. El Gobierno regional ha aprobado en los Presupuestos y en la Ley de Acompañamiento la entrega del 10% de los centros de salud (y de seis hospitales) a la gestión privada.
Los médicos denuncian la desviación sistemática a hospitales privados
Efe | Madrid
Actualizado viernes 25/01/2013 20:09 horas
Los jefes de servicio de los hospitales madrileños han acusado a la Consejería de Sanidad de infrautilizar los recursos al suspender toda la actividad de tarde, cerrar camas y unidades especializadas y permitir una "desviación sistemática de pacientes hacia hospitales privados".
Así lo manifiestan en un comunicado en el que también anuncian su decisión de suspender las conversaciones con las gerencias de los hospitales y con la Consejería, para centralizar toda la actividad negociadora en el Comité Coordinador Profesional, que integra a los distintos colectivos de médicos madrileños.
Los jefes de servicio celebraron ayer una asamblea en el Colegio Oficial de Médicos de Madrid para informar sobre la marcha de las conversaciones con Sanidad, en la que desvelaron que la Consejería les habló en su última reunión, de modo informal y "sin que esté escrito en ningún sitio", de la posibilidad de privatizar solo un hospital de los seis previstos inicialmente.
En la asamblea, tras reiterar su rechazo a cualquier privatización, los representantes de cada hospital informaron sobre la actividad asistencial que se ha visto suspendida a causa de los ajustes que la Consejería ya ha empezado a aplicar.
Así, varios hospitales han coincidido en denunciar la suspensión de toda actividad de tarde, lo que implica "una directa infrautilización de recursos de la red sanitaria pública", así como el desvío de pacientes a hospitales privados que, aseguran, ya ha empezado de forma sistemática.
A su juicio, la suspensión de actividad hospitalaria motivada por los recortes y el traslado de actividad a empresas privadas representa "un verdadero expolio de una sanidad pública que es propiedad de todos los madrileños".
Los jefes de servicio se plantean "denunciar públicamente cuantas actuaciones realice la Consejería para descapitalizar los hospitales públicos y prolongar las listas de espera", señalan.
Igualmente han decidido "suspender cualquier actividad de colaboración individual con las gerencias de los hospitales" y constituir en cada hospital un comité de centro encargado de plantear y canalizar "verdaderas y contrastadas medidas de sostenibilidad".
Los jefes de servicio insisten en que la privatización de centros no es más barata ni más eficiente, sino "todo lo contrario", y que constituye un serio problema para el futuro del sistema público de salud en Madrid, concluye la nota.
Fabra rechaza el ´modelo Alzira´ para toda la sanidad
EFE El presidente valenciano, Alberto Fabra, ha rechazado trasladar el modelo de hospital público con gestión privada, conocido en Valencia como "modelo Alzira", a la totalidad del sistema sanitario y ha considerado un "error" introducir cambios sin acordarlos con los profesionales del sector.
Fabra, que ha participado en el primer desayuno del "Fórum Europa. Tribuna Mediterránea", ha defendido que los cambios que se apliquen en el sistema sanitario deben ser "digeribles" y contar con el apoyo de los profesionales sanitarios.
Fabra ha indicado que en Valencia el modelo de hospital público con gestión privada "se produjo en un hospital nuevo" y ha añadido que "algunos quieren coger este sistema y adaptarlo al sistema tradicional, y eso es muy complicado, no lo queremos hacer aquí".
No obstante, ha apostado por una externalización de todos aquellos servicios que no sean de carácter asistencial.
caren103 escribió:En la quebrada Comunitat Valenciana, el President Fabra por contra:
http://www.levante-emv.com/comunitat-va ... 69243.htmlFabra rechaza el ´modelo Alzira´ para toda la sanidad
EFE El presidente valenciano, Alberto Fabra, ha rechazado trasladar el modelo de hospital público con gestión privada, conocido en Valencia como "modelo Alzira", a la totalidad del sistema sanitario y ha considerado un "error" introducir cambios sin acordarlos con los profesionales del sector.
Fabra, que ha participado en el primer desayuno del "Fórum Europa. Tribuna Mediterránea", ha defendido que los cambios que se apliquen en el sistema sanitario deben ser "digeribles" y contar con el apoyo de los profesionales sanitarios.
Fabra ha indicado que en Valencia el modelo de hospital público con gestión privada "se produjo en un hospital nuevo" y ha añadido que "algunos quieren coger este sistema y adaptarlo al sistema tradicional, y eso es muy complicado, no lo queremos hacer aquí".
No obstante, ha apostado por una externalización de todos aquellos servicios que no sean de carácter asistencial.
Hay que tener en cuenta:
- La CV está quebrada, y a Fabra lo pusieron de President desde Génova para como bien pueda cuadrar las cuentas como sea; vistos casos como el hospital de Manises (76 millones de agujero por gentileza de la gestión privada de Sánitas Hospitales), que el hospital de origen del modelo Alzira necesitó "regalos" a mansalva para tirar adelante, etc., no estará por tirar más dinero.
- También las encuestas indican que el PPCV podría perder la Generalitat, y están asustados. No van a meterse en un berenjenal como el de Madrid que les pueda costar más votos si pueden evitarlo.
- Aún así, algo hay que robar, y por eso lo de externalizar todo lo demás... a empresas amigas y/o paganas, por supuesto.
Equo pide investigar a las empresas de los papeles de Bárcenas que gestionan hospitales públicos
Los ecosocialistas denuncian ante la Fiscalía Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada "la gestión temeraria e interesada" de la sanidad madrileña
ANNA FLOTATS Madrid 11/02/2013 09:12 Actualizado: 11/02/2013 11:51
Sacyr-Vallehermoso, OHL, FCC, constructora Hispánica, Construcciones SANDO y Ploder son algunas de las empresas que, según los papeles de Bárcenas difundidos por El País, hicieron donaciones al PP. Estas compañías, efectuaron estos supuestos pagos durante los contratos de construcción y posterior explotación de los servicios no sanitarios de los seis hospitales semipúblicos que la Comunidad de Madrid quiere privatizar: Infanta Cristina de Parla, Hospital del Henares de Coslada, Hospital del Sureste de Arganda, Hospital del Tajo de Aranjuez, Infanta Leonor de Vallecas y el Hospital de Torrejón.
Este es uno de los puntos que Equo ha denunciado ante la Fiscalía Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. La federación solicita que investigue las adjudicaciones para la construcción de hospitales y la explotación de servicios no hospitalarios entre 2004 y 2009, además de "las modificaciones de condiciones de las concesiones de hospitales y de los laboratorios clínicos".
Los ecosocialistas argumentan en su escrito que en 2010 el Gobierno de la Comunidad "realizó modificaciones sobre los cánones a pagar" por los seis hospitales semipúblicos que ahora quiere privatizar y recuerda que el informe del Tribunal de Cuentas ya indicó que "no se habrían producido de forma regular las liquidaciones en años anteriores". "Ello podría significar un trato de favor a estas concesionarias en detrimento del conjunto del sistema sanitario", concluye Equo. Su coportavoz en Madrid, Inés Sabanés, señala además que esa modiciación fue "un proceso de rescate a las mismas empresas" vinculadas a los papeles de Bárcenas.
Equo hace mención especial del caso de Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, en el que el Gobierno de la Comunidad de Madrid pagó 11 millones de más a la empresa adjudicataria. "El contrato entre la Comunidad de Madrid y la UTE -Dragados, ACS, Bovis Lend Lease y Sufi, comprada esta última después por Sacyr- a la que se adjudicó el concurso tiene un plazo de 30 años, durante los cuales la Administración le abona un canon anual", recuerda la federación.
Sobre los procesos de concesión y contratos de los laboratorios clínicos, que afectan directa o indirectamente al denominado Plan de infraestructuras sanitarias de la Comunidad de Madrid, Equo afirma que "han estado inmersos en una gestión temeraria, con total opacidad y una clara trama de intereses con gran perjuicio para todos los ciudadanos". La federación recuerda el caso de Unilabs, una empresa de la que formaba parte el exconsejero de Sanidad Juan José Güemes, a la que él mismo adjudicó el servicio público de análisis clínicos de los seis hospitales que ahora privatizará el consejero Javier Fernández Lasquetty.
"Todo ello ha generado un grave conflicto y gran alarma social. Se han podido producir -además- graves perjuicios para las arcas públicas en beneficio de concesionarias y en las que las decisiones tienen apariencia delictiva", remata la formación liderada por Juan López de Uralde. Sabanés reitera que el proceso de privatización de la sanidad madrileña"está bajo sospecha" y por eso debe ser investigado.
La semana pasada, el PSOE solicitó a la Audiencia Nacional que abra una pieza separada en la investigación del caso Bárcenas, al vincular las privatizaciones de hospitales puestas en marcha por el Gobierno de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, con el dinero negro supuestamente donado por empresarios al PP, y que fue anotado en las cuentas del extesorero de los conservadores.
El juez pide a la Fiscalía un informe sobre la relación de la lista Bárcenas con la privatización sanitaria
El instructor del 'caso Gürtel' tramita la petición del PSM y pide investigar si el PP recibió dinero de las empresas a las que Aguirre adjudicó los hospitales públicos de la Comunidad
PÚBLICO Madrid 14/02/2013 19:53 Actualizado: 14/02/2013 19:58
El PP recibió dinero de las empresas a las que Aguirre adjudicó la sanidad, según las cuentas de Bárcenas
El Partido Socialista de Madrid (PSM) pidió a la Audiencia Nacional, la semana pasada, que investigara si el PP recibió dinero de los empresarios que resultaron agraciados con la concesión de los hospitales públicos madrileños en el año 2005. Los famosos "papeles de Bárcenas" así lo dejan entrever y hoy el juez Ruz, instructor del caso Gürtel, ha tramitado la petición de los socialistas.
Por ello, el magistrado ha solicitado a la Fiscalía que emita un informe al respecto, para poder evaluar si las constructoras privadas que hoy en día gestionan los centros Infanta Sofía, Infanta Leonor, Infanta Cristina, el Hospital del Sureste, el del Henares y el del Tajo, entre otros, pagaron sobres "en B" al Partido Popular.
Según el escrito del PSM al que Público tuvo acceso, según las cuentas del extesorero de los conservadores, [b]entre 2004 y 2008, "el conjunto de obras en materia sanitaria adjudicadas por la Comunidad de Madrid", haciendo "especial referencia" a las adjudicaciones de cinco de los ocho grandes hospitales objeto de concesión, "fueron a parar precisamente a empresas que habrían contribuido con aportaciones significativas al PP"[b].
En valencia queda ya poco que mangonear y TODOS lo altos cargos tiene ya las cuentas llenas de millones.caren103 escribió:En la quebrada Comunitat Valenciana, el President Fabra por contra:
http://www.levante-emv.com/comunitat-va ... 69243.htmlFabra rechaza el ´modelo Alzira´ para toda la sanidad
EFE El presidente valenciano, Alberto Fabra, ha rechazado trasladar el modelo de hospital público con gestión privada, conocido en Valencia como "modelo Alzira", a la totalidad del sistema sanitario y ha considerado un "error" introducir cambios sin acordarlos con los profesionales del sector.
Fabra, que ha participado en el primer desayuno del "Fórum Europa. Tribuna Mediterránea", ha defendido que los cambios que se apliquen en el sistema sanitario deben ser "digeribles" y contar con el apoyo de los profesionales sanitarios.
Fabra ha indicado que en Valencia el modelo de hospital público con gestión privada "se produjo en un hospital nuevo" y ha añadido que "algunos quieren coger este sistema y adaptarlo al sistema tradicional, y eso es muy complicado, no lo queremos hacer aquí".
No obstante, ha apostado por una externalización de todos aquellos servicios que no sean de carácter asistencial.
Hay que tener en cuenta:
- La CV está quebrada, y a Fabra lo pusieron de President desde Génova para como bien pueda cuadrar las cuentas como sea; vistos casos como el hospital de Manises (76 millones de agujero por gentileza de la gestión privada de Sánitas Hospitales), que el hospital de origen del modelo Alzira necesitó "regalos" a mansalva para tirar adelante, etc., no estará por tirar más dinero.
- También las encuestas indican que el PPCV podría perder la Generalitat, y están asustados. No van a meterse en un berenjenal como el de Madrid que les pueda costar más votos si pueden evitarlo.
- Aún así, algo hay que robar, y por eso lo de externalizar todo lo demás... a empresas amigas y/o paganas, por supuesto.
jorcoval escribió:Sólo un apunte: el PP no está privatizando la sanidad, eso no le interesa.
Una sanidad privada se sustenta ÚNICAMENTE de dinero privado, y cada vez tenemos menos.
Lo que quieren es sanidad de gestión privada, con dinero público y privado (repago). Pérdidas sociales y beneficios privados
No es privatizar, es ESTAFAR
KoX escribió:jorcoval escribió:Sólo un apunte: el PP no está privatizando la sanidad, eso no le interesa.
Una sanidad privada se sustenta ÚNICAMENTE de dinero privado, y cada vez tenemos menos.
Lo que quieren es sanidad de gestión privada, con dinero público y privado (repago). Pérdidas sociales y beneficios privados
No es privatizar, es ESTAFAR
totalmente de acuerdo...porque no entiendo si el Hospitald e alzira se paga algo más de 600€ por ciudadano...más rescate...¿donde está el ahorro?
Si el modelo alzira sufrió pérdidas los 3 primeros años, no me entra en la cabeza donde está la ventaja. Los médicos del Alzira, podeis verlo en twitter alaban su trabajo y el modelo...cosa que si fuera público bien gestionado no veo la diferencia.
Decia una encargada del Alzira que si para ganar prestigio deben comprar la mejor máquina X pues ellos la compran...pero ¿que prestigio? si teneis una clientela fija de ciudadanos mediante una cuota fija...
Yo lo veo una venta a amigotes pq Iberdrola, Repsol etc...ya estan muy ocupadas y hay que mirar por el futuro, de ellos claro...
Mònica Oltra: "La sanidad pública es sostenible, lo insostenible es el robo y el negocio sin riesgo"
La diputada de Compromís advierte en una jornada organizada por Equo de que la salud es "el ámbito perfecto para que siga existiendo desvío de dinero público"
ANNA FLOTATS Madrid 21/02/2013 18:17 Actualizado: 21/02/2013 21:19
Equo pide investigar a las empresas de los papeles de Bárcenas que gestionan hospitales públicos
"La privatización de la sanidad está ligada a la corrupción y al saqueo de las cuentas públicas". Lo dice la diputada de Compromís, Mònica Oltra, que este jueves ha sostenido que en el País Valencià "se empezaron a privatizar hospitales cuando el ladrillo dejó de dar tantos beneficios". En el encuentro abierto que ha organizado Equo Madrid bajo el lema "Sanidad S.A. Madrid-Valencia.Cómo han convertido nuestro derecho en su negocio", Oltra ha señalado que, después del boom inmobiliario, la sanidad es "el ámbito perfecto para que siga existiendo desvío de dinero público". De hecho, Equo ya ha pedido a la Fiscalía Contra la Corrupción que investigue a las empresas de los papeles de Bárcenas que gestionan hospitales públicos
La diputada de Compromís, quien ha recordado que el País Valencià fue el "conejillo de Indias" de la privatización sanitaria que desde el año 2003 emprende la Comunidad de Madrid, llama a esa gestión "el modelo ganar elecciones", es decir, construir muchos hospitales, cuanto más grandes mejor, y aumentar exponencialmente su número de directivos. "En el País Valencià tenemos un hospital tapiado con ladrillos a la espera de que la Generalitat le dé la gestión a un amigo u otro", ha ejemplificado, "el sistema es sostenible, lo que es insostenible es el robo, el negocio sin riesgo".
Oltra ha puesto sobre la mesa otro de los peligros que entraña la privatización: "Una sanidad privada necesita gente enferma, de modo que lo que desaparece en un modelo privatizador son las políticas de prevención, la salud pública, porque con gente sana no se hace negocio". La consecuencia final de la privatización es, según la diputada, la devaluación de la asistencia sanitaria.
Oltra: "El ciudadano tiene que pagar con impuestos la sanidad, no a las empresas que se enriquecen con ella"
Oltra plantea que el proceso privatizador es una estrategia con tres fases. Ahora nos encontramos en la primera, es decir, la privatización de la gestión sanitaria. La segunda está provocada por la devaluación de la asistencia que lleva consigo esta gestión interesada: "Como no quieres correr el riesgo de una sanidad masificada y de peor calidad, si puedes, te haces un seguro privado". Y después de 20 años con el seguro privado y sin pisar un hospital público, se llega a la tercera y última fase, la esencia del pensamiento neocon: "¿Para qué leches hay que mantener la sanidad con fondos públicos?". Oltra ha señalado que este planteamiento, que supone la destrucción del estado del Bienestar, se sustenta en la teoría del Tea Party, es decir, que "existe la sociedad de los ganadores y de los perdedores".
La diputada ha denunciado los eufemismos que usa la derecha para justificar la privatización y sus juegos con el lenguaje: "Dicen que el ciudadano no paga. El ciudadano paga con sus impuestos la sanidad, pero no debe pagar a las empresas que se enriquecen con ella".
Tras conocer qué pasa con la sanidad "al otro lado de la nacional 3", como ha señalado el co-portavoz de Equo, Juan López de Uralde, Inés Sabanés (Equo Madrid) ha resumido el "atentado contra lo público" que se está llevando a cabo en la Comunidad de Madrid. Sabanés ha calificado de "temeraria" la gestión de la sanidad porque "ha sido descontrolada, no hay datos sobre ella, ha subido la deuda y ahora hace falta una oleada de recortes, es decir, una segunda privatización, porque no se puede sostener".
Ley inconstitucional
Sabanés ha criticado la falta de transparencia y los ineficaces indicadores para medir exactamente cuánto cuesta un hospital. "Sólo miden en función del número de camas. ¿Qué comparan? ¿Tienen en cuenta el tipo de patologías y su complejidad o sólo comparan por la asignación?", se ha preguntado tras señalar que "nadie conoce el impacto poblacional" de los centros. Por ejemplo, ha indicado, no se puede comparar el trabajo de un hospital que esté en una zona donde la mayoría de habitantes tiene seguro privado que otra en la que no sea así.
Paralelamente, Sabanés ha denunciado que la ley de acompañamiento a los presupuestos que ha hecho posible esa modificación en la gestión sanitaria "no es constitucional": "No debería ser posible que un sistema esencial y público acabe por ser desmontado desde leyes simples, como la de acompañamiento, y en tres meses". Finalmente, la portavoz de Equo Madrid ha recordado que los riesgos que han supuesto estos sistemas privatizadores se pueden ver, por ejemplo, en Reino Unido, donde la privatización "ya ha tenido una influencia directa en el funcionamiento de la atención sanitaria".
Lucy_Sky_Diam escribió:Estando demostrado que la sanidad pública es más barata (la tercera parte para ser exactos) ¿se le ocurre a alguien por qué quieren privatizarla?
La sanidad publica es mas barata para nosotros, pero no es un negocio para ellos y sus amiguetes.Lucy_Sky_Diam escribió:Estando demostrado que la sanidad pública es más barata (la tercera parte para ser exactos) ¿se le ocurre a alguien por qué quieren privatizarla?
Los dueños del gigante de la sanidad privatizada se ocultan en las Caimán
El hilo societario de Capio, que gestiona en Madrid cuatro hospitales pagados con dinero público, pasa por Holanda, Luxemburgo y las Caimán
Capio sostiene que el equipo directivo tiene "el 40% del accionariado", pero se niega a aclarar quién es dueño del 60% restante
La empresa ha sido especialmente mimada por los Gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González
Capio no explica por qué una empresa dedicada a gestionar la sanidad tiene que parapetarse tras cuatro sociedades instrumentales extranjeras
Alicia Gutiérrez
Actualizada 08/03/2013 a las 09:37
Situada en el ojo del huracán desde que el Gobierno de Madrid anunció en otoño su decisión de privatizar otros seis hospitales, la empresa Capio parte como favorita en el nuevo proceso de “externalización” auspiciado por el PP. Gestora ya de cuatro hospitales integrados todos ellos en la red del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), el gigante de la sanidad público-privada ha permanecido hasta ahora inmune a las protestas. Y, sobre todo, ha permanecido protegido por una enrevesada estructura societaria internacional de la que solo se conocía una parte: aquella que conduce a Luxemburgo. Pero el hilo, y así lo acreditan los documentos oficiales a los que ha tenido acceso infoLibre, llega hasta un territorio aún más opaco y considerado paraíso fiscal por España hasta 2005: las Islas Caimán.
Es allí donde tienen su sede las cinco filiales de CVC que, en última instancia, dominan Capio. Pero la verdadera incógnita sigue en pie: la de quiénes, con nombres y apellidos, están tras esas cinco empresas de papel cuya única misión es la tenencia de valores de otras compañías.
No hay explicaciones de Capio sobre el hecho insólito de que el principal operador privado de sanidad esté en manos de sociedades instrumentales con sede en un paraíso fiscal. Por indicación de los asesores de comunicación del grupo y una vez rechazada la petición de entrevista, este diario envió a Capio un cuestionario que incorporaba la siguiente pregunta: ¿qué personas físicas o jurídicas integran cada una de esas sociedades de las Islas Caimán? El miércoles por la tarde, Capio remitió la siguiente respuesta: "Esta última sociedad [la luxemburguesa propiedad de las empresas domiciliadas en las Caimán] es propiedad de fondos asesorados por CVC Capital Partners y del equipo directivo de Capio. La situación accionarial fue puntualmente notificada a la Comisión Europea”.
Pese a la vaguedad de la respuesta, se infiere de ella que el médico Víctor Madera, mascarón de proa mediático del grupo y artífice del grupo ahora dominado por CVC, y los miembros de su equipo tienen acciones en el archipiélago caribeño. Dado que Capio sostiene que el equipo directivo tiene “cerca del 40%” en el accionariado del grupo, la incógnita persiste: ¿qué personas o sociedades controlan el 60% restante? No hay respuesta. Intentar desentrañar el accionariado de una empresa domiciliada en las Islas Caimán constituye una misión imposible. La historia reciente de las investigaciones sobre corrupción demuestra cómo la colonia británica da largas incluso a los jueces que solicitan información en cumplimiento de los acuerdos internacionales de cooperación judicial.
La participación accionarial de Víctor Madera y de otro directivo del grupo, Juan Carlos González Acebes, queda acreditada por los documentos de los Registros Mercantiles de España y Luxemburgo. Pero ni está claro cuál es su porcentaje real ni resulta fácil inferirlo. Los documentos de las distintas sociedades que forman parte del engranaje reseñan operaciones de canje de títulos protagonizadas por Madera y González Acebes.
Cuatro países 22 empresas
Capio no ha explicado por qué un grupo empresarial dedicado a un negocio tangible como la gestión privada de la sanidad pública y en teoría ajeno a grandes beneficios económicos necesita parapetarse tras una red de sociedades en su mayoría limitadas.
La complejidad de la trama empresarial es tal que para llegar de España a las Caimán hay que pasar antes por cuatro compañías instrumentales domiciliadas en Holanda y Luxemburgo. La red sigue complicándose hacia abajo: su cabecera en España es Capio Sanidad Holding SL, de la que cuelgan otras 12 sociedades, todas ellas participadas al 100% salvo una en la que el grupo dice poseer el 50%.
En total, el grupo opera, con fines instrumentales, en cuatro territorios -España, Holanda, Luxemburgo y la colonia británica de las Caimán- a través de nada menos que 22 sociedades. De ellas, al menos 10 poseen mero carácter instrumental. Es decir, todas salvo las que realmente tienen asociada su existencia a la gestión de centros sanitarios o residenciales concretos.
El secreto mejor guardado
La conexión entre Capio y las Islas Caimán, una colonia célebre como santuario de capitales de oscura procedencia, era el secreto mejor guardado por la compañía, la más mimada por los Gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González y que en 2012 facturó 562,6 millones de euros.
Tan sigilosamente se ha preservado el dato relativo a las Islas Caimán que, de hecho, la versión oficial del gigante sanitario sobre sus dueños reales siempre ha apuntado a la existencia de una multiplicidad de accionistas difícil o imposible de identificar.
Pero los papeles del Registro de Comercio de Luxemburgo sugieren que en el último escalón de la enrevesada trama societaria, es decir, tras cada una de las cinco filiales del fondo británico CVC domiciliadas en la capital del archipiélago caribeño de las Caimán, Georgetown, hay personas jurídicas –empresas- o físicas perfectamente reconocibles si Capio accediera a levantar el velo de su compleja estructura empresarial de muñeca rusa.
El dato que apunta en esa dirección es el siguiente: el capital no se distribuye a partes iguales, como ocurriría si el origen del dinero fuera aleatorio y la creación de distintas filiales obedeciera a razones de mera eficacia.
Todo lo contrario, cada una de las cinco sociedades domiciliadas en las Caimán y bautizadas como CVC European Equity Partners V LP (cada una añade a su denominación una letra, de la A a la E) ostenta un número distinto de acciones en la empresa luxemburguesa que aparece en el penúltimo eslabón societario Capio: HCI Holdings Sàrl. Lo anterior sugiere que hay accionistas concretos, con nombres y apellidos, que han decidido por sí mismos cuánto quieren invertir en el pujante negocio de Capio.
Ventajas fiscales
De las cinco sociedades de Caimán que constituyen el único eslabón conocido del grupo, la de mayor peso es la bautizada como CVC European Equty Partners V ( C ) LP, cuyos derechos accionariales suman en HCI Holdings Sàrl el 32,74% del capital social de la compañía luxemburguesa. La de menor peso accionarial es la filial caribeña marcada con la letra D: sus titulares reales copan solo el 2,32% del capital de HCI Holdings Sàrl.
Expertos en estructuras financieras consultados por infoLibre sostienen que la creación de series complejas de sociedades encadenadas suele responder a dos objetivos: el primero y esencial, ocultar la identidad de los verdaderos inversores y beneficiarios; el segundo, construir una retícula de aportaciones cruzadas y préstamos que pueden repercutir luego en una minoración de impuestos para cada una de las piezas.
Apoyo político
De momento, la mayor ventaja obtenida por Capio no es de signo tributario sino político: la que le proporciona el apoyo del Ejecutivo madrileño, que lleva meses aferrado a una afirmación que ni siquiera ha intentado demostrar, la de que la gestión privada de los hospitales y centros de salud entraña un menor gasto público. Pero no solo no ha aportado por iniciativa propia ningún papel que permita verificar esa afirmación sino que, en contra la promesa lanzada en diciembre por el consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty, el Ejecutivo madrileño continúa negando a los grupos de la oposición parlamentaria la información pormenorizada del presupuesto sanitario ejecutado cada año. La ausencia de datos verificables no ha impedido a Lasquetty remachar como un axioma que la gestión privada rebaja el coste desde los 600 euros a 441 euros por habitantes.
Frente al silencio gubernamental, tanto la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp) como la Asociación de Facultativos, líder de las protestas de los últimos meses, han difundido estudios cuyas cifras indican que, lejos de producir una merma de gasto, la “externalización” lo encarece.El martes 26 de febrero, infoLibre pidió al departamento de comunicación de Capio una entrevista con algún directivo de la compañía para conocer su versión sobre la estructura societaria internacional del grupo. Capio respondió que ya no facilita entrevistas y comunicó al diario que debía enviar sus preguntas por escrito. El jueves 28 de febrero, las preguntas llegaron a Capio, que remitió sus respuestas el miércoles por la tarde mediante correo electrónico. El cuestionario cursado a Capio incluía varias preguntas sobre las cinco filiales del fondo de capital CVC domiciliadas en las Islas Caimán y que desde ese paraíso fiscal dominan al gigante de la sanidad española. ¿Qué personas físicas o jurídicas (empresas) integran cada una de esas sociedades de las Islas Caimán? ¿Qué papel cumple la sociedad luxemburguesa Theatre Directorship Services Beta Sàrl, que ostenta la presidencia de Capio Sanidad Holding SL pese a que, en teoría, no figura en su accionariado? Esas dos preguntas quedaron sin respuesta. La respuesta fue tan escueta como imprecisa: ni una palabra sobre Theatre Directorship Services Beta Sàrl ni sobre las otras dos compañías gemelas presentes en el consejo de Capio Sanidad Holding SL, las llamadas Alpha y Gama (sic). Y sobre las Islas Caimán, ninguna mención expresa. Solo una perífrasis para evitar el nombre del paraíso fiscal caribeño: "Esta última sociedad [la luxemburguesa cuyos accionistas conducen a la colonia británica caribeña] es propiedad de fondos asesorados por CVC Capital Partners y del equipo directivo de Capio".
Capio logra el 60% de sus ingresos de la Comunidad de Madrid
El gigante de la sanidad privatizada cobró del Servicio Madrileño de Salud 328 millones en 2011, 74 millones más de lo presupuestado
Deloitte subrayó en su auditoría la dependencia económica del grupo respecto del Gobierno regional
Alicia Gutiérrez
Actualizada 08/03/2013 a las 10:59
El grupo Capio, gigante de la sanidad privatizada y cuyos verdaderos dueños se ocultan tras sociedades de las Islas Caimán, obtiene la mayor parte de sus ingresos de una sola administración pública de las cuatro para las que trabaja. Y justamente los capta de aquella que con mayor énfasis exalta la iniciativa privada y que, tras privatizar cuatro hospitales, auspicia la “externalización” de otros seis para “abaratar” costes: la Comunidad de Madrid.
Las cuentas anuales de Capio correspondientes a 2011 constatan que seis de cada 10 euros ingresados provinieron del Servicio Madrileño de Salud (Sermas). Y confirman un dato que acabó trascendiendo hace dos meses pese al secretismo del Gobierno regional: que el dinero pagado por el Sermas a Capio superó con mucho lo presupuestado por el Gobierno de Esperanza Aguirre, ahora en manos de su sucesor, Ignacio González. El Ejecutivo regional del PP jamás ha permitido que la oposición acceda a la ejecución presupuestaria –el gasto real desglosado, por lo que los cálculos sobre el desfase solo pueden ser aproximados.
Dado que la facturación total de Capio en ese ejercicio ascendió a 562,62 millones (243,8 de enero a junio y 318,7 de julio a diciembre) y dado que el porcentaje declarado de ingresos del Sermas se cifró en el 60% para el primer semestre y en el 57% para el segundo, Capio cobró de la sanidad pública madrileña 328,012 millones ese año. El presupuesto de la Comunidad de Madrid asignaba ese año 253,78 millones para los dos hospitales con los que la empresa operaba entonces. En resumen, el sobrecoste llegó, como mínimo, a 74 millones.
Sin acceso a los datos
El pasado mes de enero, el diario El Mundo desveló que la Comunidad de Madrid y Capio habían suscrito en 2011 un acuerdo secreto que incrementaba en 94 millones el presupuesto original (211,15 millones) destinado al hospital Fundación Jiménez Díaz, de titularidad privada pero financiado con fondos públicos. El Ejecutivo de Ignacio González arguyó en su descargo que el Jiménez Díaz es un hospital “complejo” cuyos pacientes han pasado de 400.000 a 434.000. En cualquier caso, se trate de 74 millones adicionales o de 94, el desfase pone en solfa el gran argumento del Gobierno del PP en pro de la privatización: el abaratamiento de costes.
La ejecución presupuestaria del Sermas –el desglose del gasto real efectuado– nunca ha sido fiscalizado por la Cámara de Cuentas regional ni ha estado al alcance de la oposición parlamentaria. El único documento detallado disponible es el de los Presupuestos del ejercicio, que en 2011 reservaban en total 253,78 millones a los dos hospitales por los que Capio cobraba entonces de la sanidad pública: la Fundación Jiménez Díaz, que posee un carácter netamente privado, y el Hospital de Valdemoro.
En diciembre, el consejero madrileño de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty, prometió en el programa televisivo Las Mañanas de Cuatro entregar a los grupos opositores la ejecución presupuestaria del Sermas. Hoy, 8 de marzo, Lasquetty sigue sin cumplir su promesa.
La dependencia económica de Capio respecto del Ejecutivo autonómico es tal que en su informe de 2011 la auditora Deloitte llamó “la atención” sobre la nota del balance de Capio “en la que se indica que la mayoría de los ingresos del grupo se corresponden con servicios prestados al Servicio Madrileño de Salud”. La nota aludida cuantifica en el 60% el "porcentaje de operaciones mantenidas con un único cliente (Servicio Madrileño de Salud. Sermas)".
“Cualquier interpretación o análisis de las cuentas anuales consolidadas adjuntas –agregaron los auditores– debe llevarse a cabo considerando esta circunstancia”. La referencia al Sermas consta en las cuentas concernientes al semestre enero-junio y desaparece en las alusivas al periodo julio-diciembre, que rebaja al 57% las operaciones con un único cliente.
En 2011, Capio ya facturaba al Sermas por el hospital Fundación Jiménez Díaz y por el de Valdemoro. Ahora, gestiona en Madrid cuatro hospitales en total. Es decir, cobra por otros dos más: los de los municipios de Móstoles y Collado Villalba, todavía sin uso.
Capio también presta servicios para las administraciones sanitarias de Cataluña, Castilla-La Mancha y Extremadura. Pero, a tenor de sus cuentas, los ingresos conjuntos procedentes de esas tres comunidades solo representaron el 15,9% del total.
