La quiebra de la fundación sanitaria IAT costará 4,6 millones en dinero público
El antiguo Ministerio de Ciencia es el más afectado por el concurso de acreedores
Universidades, hospitales y el Parque de Investigación Biomédica, también perjudicados
El administrador concursal culpa al grupo privado CRC de las pérdidas
Oriol Güell Barcelona 20 DIC 2012 - 21:22 CET34
El antiguo Ministerio de Ciencia, la Seguridad Social, la Agencia Tributaria, universidades y hospitales, el Ayuntamiento de Barcelona... El listado de Administraciones y entes públicos atrapados en la quiebra de la fundación barcelonesa Instituto de Alta Tecnología (IAT) es largo. Y muy caro: 4,64 millones de euros es el dinero que les costará la desastrosa —y culposa, según el administrador concursal— gestión que el holding privado CRC al frente de IAT, según el informe del administrador en poder del Juzgado de Primera Instancia 46 de Barcelona.
IAT es una fundación creada en 2001 para construir y gestionar un centro de alta tecnología de diagnóstico por imagen ubicado en el Parque de Investigación Biomédica de Barcelona (PRBB, en sus siglas en catalán), lugar del que acabó siendo desalojado por no pagar el alquiler. Presentado como un modelo de excelencia y una brillante colaboración entre el sector público y privado, el IAT fue dirigido siempre por el grupo CRC pese a que los tres hospitales públicos que también formaban parte de la entidad —Vall d’Hebron, Clínic y del Mar— copaban tres cuartas partes de plazas en el patronato. El resultado ha acabado siendo un fiasco con un pasivo total de 5,75 millones de euros, de los que el 80,6% corresponde a organismos públicos y el resto —1,1 millones— a casi un centenar de empresas privadas.
Será difícil que los acreedores recuperen el dinero que IAT les debe. Aunque el activo de la fundación asciende a 5,9 millones de euros, según el administrador, 5,4 son en realidad deudas que CRC —también en concurso de acreedores desde el pasado septiembre con una gigantesca deuda de 44 millones— mantiene con IAT.
El mayor acreedor de la fundación, con 2,52 millones, es el antiguo Ministerio de Ciencia —hoy integrado en el de Economía—, la parte no devuelta del crédito blando concedido en 2002 con el que IAT logró empezar su actividad. El segundo es el propio PPRB por el alquiler de sus espacios, con 959.827 euros de deuda. Les siguen el hospital público del Mar de Barcelona (787.835 euros) y el Instituto Municipal de Asistencia Sanitaria de Barcelona (321.913 euros), ambas entidades vinculadas al Ayuntamiento de Barcelona. A la Agencia Tributaria el IAT le debe 139.000 euros y al Hospital Clínic, otros 100.000. El resto de acreedores, por cantidades menores, son la Seguridad Social y las universidades de Barcelona y Politécnica de Cataluña.
El administrador concursal de IAT ha detectado un cúmulo de irregularidades en la gestión de CRC al frente de la fundación. Una de ellas era la compra de materiales y el pago de todo tipo de gastos —comidas, mantenimiento de maquinaria...— de las empresas del grupo CRC con cargo a las cuentas de IAT. El administrador cuenta en el activo de la fundación 3,34 millones que ha reclamado a CRC por vía judicial por su responsabilidad en la quiebra de la entidad.
Un juez certifica que CRC defraudó al cargar sus gastos a la fundación IAT
La empresa pagó comidas y maquinaria propia con dinero de la entidad
El grupo hizo trabajar a investigadores para farmacéuticas para lucrarse con su trabajo
La quiebra de una fundación destapa un gran fraude en la sanidad
CRC se quedó con 145.000 euros de la Marató de TV-3
Oriol Güell Barcelona 19 DIC 2012 - 21:52 CET
El Juzgado de lo Social 17 de Barcelona da por probado que el holding privado CRC cargó fraudulentamente gastos propios —laborales, comidas, compra y mantenimiento de maquinaria...— a la fundación Instituto de Alta Tecnología, entidad formada a partes iguales por tres hospitales públicos —Clínic, Vall d’Hebron y Mar— y la propia CRC.
La sentencia, fechada el pasado 19 de marzo, se refiere a la demanda de un trabajador de IAT contra la fundación por un despido, pero adquiere especial relevancia al ser el primer fallo judicial —la quiebra de IAT está en trámite en el Juzgado de Primera Instancia 46 de Barcelona— que confirma las irregularidades y desvíos de fondos ocurridos en IAT entre 2008 y 2010. Estas irregularidades, que podían ascender a 5,3 millones e incluían subvenciones de la Marató de TV-3 y la Universidad Pompeu Fabra, habían sido reveladas hasta ahora por el administrador de IAT, en concurso de acreedores desde octubre de 2011 y una auditoría pericial encargada por el juzgado.
IAT es una fundación creada en 2001 con el objetivo de construir y gestionar un ciclotrón y otros equipos de alta tecnología de diagnóstico por imagen en el Parque de Investigación Biomédica de Barcelona. Pese a que los hospitales públicos eran mayoría en la entidad —tres cuartas partes de la dotación fundacional—, su gestión siempre recayó en manos de los directivos de CRC gracias a un contrato firmado en 2002, sin que los patronos designados por el Clínic, el Vall d’Hebron y el Mar intervinieran hasta 2011 para poner fin al fraude, según criticó el propio administrador concursal.
La decisión más importante, después de su misma creación, en la historia de IAT se adoptó en 2008. Fue entonces cuando los directivos de la fundación —que eran los mismos que los de CRC— decidieron vender a una empresa filial del holding todos los equipos, en una operación que el administrador concursal considera que causó “muy grave perjuicio para la fundación”.
A partir de entonces, IAT quedó reducida a una pequeña estructura de solo cuatro trabajadores —uno de ellos el que presentó la demanda— dedicada en exclusiva a la investigación y la docencia. Eso sobre el papel, porque según ratifica ahora la sentencia, CRC siguió utilizando a la fundación IAT y sus trabajadores en beneficio propio, sin separar lo que revertía en beneficio de la empresa y lo que servía para la docencia. “Los hechos probados muestran con palmaria claridad una confusión total entre las prestaciones de los trabajadores de una [la empresa, CRC] y otra [la fundación, IAT]”, relata el fallo judicial, “además de una confusión de patrimonios y apariencia externa de unidad”.
La sentencia también destaca “las actividades realizadas por el demandante, donde puede verse que además de la actividad académica, que sería la única que debería haber hecho”, también trabajó “para laboratorios farmacéuticos” para lucro de CRC.
El fallo judicial también considera probado que trabajadores de la fundación como el demandante “realizaron pedidos de compras de material para CRC” en una de las operaciones fraudulentas con las que la empresa llegó a causar 3,27 millones de pérdidas a IAT: adquirir a nombre de la fundación materiales y servicios que en realidad iban destinados a CRC. El administrador considera que estas prácticas podrían acarrear responsabilidades para los dos máximos directivos del grupo CRC, Carlos Sanpons y Norberto Galindo, al considerar culposo el concurso de acreedores.
La práctica de cargar a la fundación gastos de la empresa alcanzó incluso a las comidas: “En enero y marzo de 2009 fueron cargadas a IAT facturas correspondientes a los gastos de comidas hechos por los trabajadores de empresas del grupo CRC”, sentencia el fallo judicial.
