No habrá grandes sorpresas. Sí algún que otro aguijonazo: Bruselas se ha cansado de calendarios incumplidos, de reformas a medias que no terminan de funcionar, y avisa de que va a estrechar la vigilancia sobre España. La Comisión presenta mañana las recomendaciones específicas para España, que según las fuentes consultadas dejarán una idea fuerza por encima de las demás: Europa sigue insatisfecha con el programa de reformas aplicado y pretende tutelar de cerca la economía española. Tras haber pactado con Madrid las líneas maestras del plan nacional de reformas, Bruselas evita la apertura de un expediente sancionador por desequilibrios excesivos, aunque eso estará sobre la mesa hasta el último minuto. Pero a cambio quiere asegurarse de que las medidas aprobadas finalmente por el Gobierno se ajustan a lo acordado en tiempo y forma. “Ya basta de promesas”, resume una fuente comunitaria.
El ajuste va en la línea adecuada, pero la Comisión quiere completar de una vez por todas el programa de reformas mil veces prometido. Bruselas exige, en fin, profundizar por esa vía el mismo día que propone formalmente dar dos años más a España para cumplir el déficit. La Comisión cambia el paso: pone el énfasis en las reformas y no en la austeridad a la vista de que la recesión española presenta síntomas depresivos, el paro sigue rompiendo récords olímpicos y ni siquiera el déficit se reduce todo lo esperado.
La CE está molesta por la escasa modernización de la Administración
Ese amago de viraje no exime a España de alguna que otra vuelta de tuerca adicional. Bruselas considera que las medidas tomadas hasta ahora en pensiones son insuficientes, a la espera de la segunda generación de la reforma que incluirá una rebaja de las prestaciones por la vía del factor de actualización (la fórmula de cálculo de las pensiones). La Comisión pactó con el Ejecutivo ese y otros cambios hace dos meses, según fuentes de La Moncloa, con miras a que algunas de las modificaciones entren en vigor de inmediato: la aplicación del nuevo factor de sostenibilidad de las pensiones en 2032, como preveía la anterior reforma, suponía dejar demasiada carga del ajuste “para generaciones futuras”, según fuentes europeas. El informe de los sabios a los que el Gobierno encargó la reforma va en esa misma línea.
La reforma energética es otra de las asignaturas pendientes
El equipo del vicepresidente Rehn reclama un examen de la reforma laboral, que a juicio de la Comisión ha mejorado la flexibilidad interna y los aspectos relacionados con la negociación colectiva, pero no ha dado los frutos esperados en la reducción de la dualidad del mercado de trabajo (entre contratos fijos y temporales).
El Gobierno se ha comprometido ya con Bruselas a tener listo ese examen a primeros de julio. También a dar un nuevo impulso a las políticas activas de empleo, en paralelo al mayor acento que ponen Bruselas y Berlín en la lucha contra el paro juvenil. En esa línea, Madrid sigue con las promesas: el Ejecutivo tiene planes para flexibilizar algo más el contrato de emprendedores, que permite a autónomos y pequeñas empresas contratar a jóvenes con despido gratis durante un año.
Nada de bajar impuestos
Las recomendaciones incluyen el esbozo de una reforma fiscal. Bruselas quiere, en el caso de España, una “revisión sistemática de la fiscalidad”, según un borrador del texto de las recomendaciones, en favor de un modelo que frene menos el crecimiento. El desplome de los ingresos, según la Comisión, cierra la puerta a las bajadas de impuestos que prometía el Gobierno —y más en general bloquea la vía aznarista— y abre el camino a nuevas subidas. Con dos claras dianas: las recomendaciones vuelven a reclamar la posibilidad de “explorar” subidas del IVA superreducido, o de limitar la lista de productos que pueden aplicar los tipos más bajos. Pero no en actividades turísticas sino en productos relacionados, por ejemplo, con el sector sanitario, aclaran fuentes del Gobierno.
El documento pide una revisión sistemática de la fiscalidad
Se dan por hechos los aumentos en impuestos medioambientales relacionados con energía y combustibles. Además, Bruselas advierte de que los impuestos sobre la propiedad no aportan suficientes recursos y son muy distintos entre autonomías. Y apunta que los instrumentos de control en la ley de estabilidad presupuestaria (mecanismos de alerta temprana) no funcionan.
La Comisión se muestra visiblemente molesta con las medidas que brillan por su ausencia: la modernización de las Administraciones públicas —en los sistemas de contratación, por ejemplo—, la aceleración de la reforma energética y la liberalización de servicios y profesiones reguladas, en las que los incumplimientos son flagrantes. Y pone énfasis en la lucha contra la pobreza y la exclusión social, con unas 700.000 personas en esa situación.
El desplome de los ingresos cierra la puerta a la rebaja de impuestos
El trasfondo político de las recomendaciones es espinoso. Una facción de la Comisión y algunos de los socios querían más dureza. Porque en el fondo nadie termina de fiarse de España. Pero a la vez el Gobierno de Rajoy aparece como uno de los mayores exponentes de una política (austeridad y reformas) que empieza a traspasar sus límites y no da los frutos esperados. En medio de esa pinza, Madrid sigue ganando tiempo a la espera de una recuperación que no llega, con un sistema financiero que sigue generando dudas, con el paro desbocado y la crisis, en definitiva, rascando en hueso.
