Espionaje político y corrupción en Madrid (PP)

Fue Francisco Granados quien habría ordenado los seguimientos efectuados en 2008 por personal a sueldo de la Comunidad de Madrid a sus compañeros de partido Alfredo Prada y Manuel Cobo, en el contexto de la pugna entre el entonces alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, y la presidenta del Ejecutivo autonómico y del partido, Esperanza Aguirre. La instrucción la dio el entonces director de Seguridad, Sergio Gamón, con la precisión, eso sí, de que se hacía «por especial interés del vicepresidente», Ignacio González.

Los tres guardias civiles imputados en esa causa celebraron en octubre de 2012, una semana después del ascenso a presidente de González, una cumbre junto a Granados en el salón-bar del chalé que éste tiene a las afueras de Valdemoro. En ella se desvelaron buena parte de las claves de ese complot político, que lleva seis años enquistado en un juzgado de Madrid. La reunión fue grabada de forma subrepticia y a esa cinta ha tenido acceso este diario.

«El tema judicial no va a ningún sitio mientras que no llegue Sergio Gamón y diga: 'A mí me lo ordenó Francisco Granados'».

Así parece asumir su responsabilidad el ahora encarcelado Granados durante el encuentro ante los guardias civiles. Esto es: que el espionaje a otros cargos del PP lo habría ordenado quien en 2008 era consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad y, al mismo tiempo, secretario general del partido en Madrid y número dos de Aguirre. Inmediatamente después de su afirmación, el agente José Oreja le precisa:

J. O.- Pero yo tendré que decir que me lo mandó él [Gamón] por especial interés del señor presidente actual...

F. G.- Lo que te dijo, ¿qué te dijo?, no, es que no hay resultados.

J. O.- Pero, ¡qué cojones hago yo no diciendo la verdad! ¡Si es que la verdad es ésa!

Efectivamente, Oreja declaró voluntariamente en el juzgado dos meses después de la reunión en el chalé de Granados y señaló que los responsables del Departamento de Seguridad, Gamón y Miguel Castaño, les ordenaron cometer «barbaridades», como seguir a Prada y a Cobo, y que, al pedir explicaciones, le aclararon «que tenía especial interés el actual presidente de la Comunidad de Madrid [Ignacio González]».

La grabación no sólo da cobertura de veracidad a esa declaración, al tratarse de una conversación anterior y espontánea, sino que aporta otro elemento novedoso de refuerzo: la intervención en el mismo sentido de otro guardia imputado, Antonio Coronado, que sin embargo nunca ha implicado a un dirigente político ante la juez:

A. C.- Efectivamente, que tenía especial interés el vicepresidente...

La preocupación que existía dentro del Gobierno madrileño por que se revelase la intervención de la cúpula política la evidencia la reacción que habría tenido el viceconsejero de Presidencia, Alejandro Halffter, tras la primera comparecencia de los agentes como imputados, en la que se limitaron a echar balones fuera:

J. O.- A mí me dijo Halffter: 'Habéis declarado muy bien, hay que celebrarlo con un volquete de putas'.

La cumbre en el chalé de Granados tuvo lugar el 3 de octubre de 2012, una semana después de que Ignacio González tomase posesión como presidente y Salvador Victoria, como consejero responsable de Seguridad. Esta situación provocó la salida provisional de todo el personal eventual de confianza, entre ellos los agentes, contratados como asesores, que quedaban al albur de un nuevo nombramiento. Si no se producía, regresarían a la Guardia Civil, con un salario considerablemente menor y además imputados, con lo que pasarían a manos de Asuntos Internos. Todo ello les causaba gran nerviosismo, que Granados trata de calmar:

F. G.- El seguro de vida es Nacho, ése es vuestro seguro de vida y, entonces, ¿por qué os van a firmar otra vez el nombramiento? Para que no perjudiquéis a Nacho.

Y así ocurrió. El ascendente de Granados sobre dos de los agentes -Coronado y José Luis Caro Vinagre- es elocuente; tanto que, de hecho, le rinden cuentas cuando ya no tiene cargo en el PP y lleva casi un año fuera del Ejecutivo. Caro Vinagre fue el enlace de Granados con el guardia civil que le advirtió de que estaba siendo investigado en Púnica.

Los guardias, que reiteradamente exculpan al trabajador José Manuel Pinto, relatan una reunión con un viceconsejero en la que dan un ultimátum: «En 24 horas o, si no, ancha es Castilla». «Ninguno de nosotros va a mentir a la Guardia Civil». «Lo que les preocupa es que digamos la verdad y que se la digamos a la Guardia Civil». Granados les da la razón:

F. G.- Le suda la polla [a González], si aquí lo que le preocupa es: '¿Tú vas a cantar o no vas a cantar?'.

El ex director de la Academia de Policía de Madrid, el magistrado Agustín Carretero, intentó sobornar con un puesto de trabajo que doblaba su sueldo a José Manuel Pinto, imputado clave en la causa que investiga el espionaje a varios altos cargos del PP de Madrid con fondos de la Comunidad, para evitar que revelase por primera vez en una declaración judicial la implicación directa del Gobierno autonómico.

«¿Tú crees que si lo llama Salvador Victoria lo puede parar?», le dijo a su abogado.

Carretero, que en la actualidad es director general de Justicia en el Ejecutivo de Ignacio González, concertó un encuentro con el letrado Ramón González Bosch, que es el abogado de Pinto, en cuanto conoció que éste había pedido declarar ante la juez voluntariamente y que estaba dispuesto a afirmar que los partes de seguimiento a los cargos del PP Alfredo Prada y Manuel Cobo, en plena batalla interna del partido en 2008, habían sido elaborados por el subdirector de Seguridad, Miguel Castaño. Esa denuncia implicaba un salto cualitativo en la causa. La reunión tuvo lugar a última hora de la tarde del 15 de octubre de 2012, sólo dos días antes de la comparecencia, en la cafetería Las Tres Encinas de Boadilla del Monte, y fue grabada de forma subrepticia. EL MUNDO ha tenido acceso a esa cinta.

Para entonces, hacía poco más de dos semanas que González había sucedido a Esperanza Aguirre al frente del Gobierno de Madrid, situando a su hombre de máxima confianza, Salvador Victoria, como consejero de Presidencia y Justicia. Durante la conversación, Carretero desliza que actúa como mensajero del propio Victoria con la intención de evitar el «bombazo» de Pinto. Así, dice haber recibido el visto bueno del consejero para la creación de un nuevo puesto en la Academia: coordinador de defensa personal, plaza que estaría «reservada» para Pinto y que implicaría pasar a cobrar 2.200 euros al mes, frente a los 1.100 que percibía ese trabajador como técnico de Seguridad de la Comunidad de Madrid.

Carretero ofrece en dos ocasiones una llamada de Salvador Victoria para garantizarle ese puesto a cambio de impedir la declaración de Pinto:

AGUSTÍN CARRETERO.- ¿Tú crees que si le llama a última hora podría hacer algo? No, ¿no?
RAMÓN GONZÁLEZ BOSCH.- ¿Quién?

A. C.- El propio Salvador.

R. G. B.- ¿Salvador Victoria?

A. C.- Sí...

R. G. B.- Hombre, si yo voy con él, a lo mejor, no lo sé...

Y más adelante, ya durante las despedidas, las intenciones de Carretero de utilizar las penosas circunstancias laborales de Pinto se expresan mucho más claramente:

R. G. B.- Si la consejera [en referencia a Regina Plañiol, antecesora de Victoria] le hubiera dado un poquito de cariño, o si este hombre, el Salvador, le diera un poquito de cariño...
A. C.- ¿Tú crees que si a lo mejor lo llama lo puede parar o ya ni de coña?


R. G. B.- ¿Le puede parar? ¿Parar en qué sentido?
A. C.- Pues un aplazamiento o lo que sea...
R. G. B.- ¿Qué aplazamiento? No sé cómo le puede parar. ¿En qué sentido le puede parar?
A. C.- Parar en el sentido de decir: 'Oye, tu tema laboral, si es lo que te está acuciando, si es lo que te está haciendo ahora que estés hasta los huevos, saltar y todo eso', ¿no? [Silencio] Pues eso es.

Pinto, que es el único de los imputados que no es personal eventual sino indefinido, recibió la baja poco después de estallar el escándalo, que afectó gravemente a la salud de su madre. Cuando se reincorporó, no se le asignó ninguna función durante un año y medio y dejaron de llamarle para impartir cursos de defensa personal, con lo que sus ingresos habían caído bruscamente. Por esa razón, había reclamado una indemnización a la Comunidad de Madrid. Carretero revela que llevaba meses negociando con él su posible contratación como coordinador de defensa personal de la Academia, para lo que ya habría recibido el informe favorable de Recursos Humanos y del director de Función Pública, Miguel Ángel López, pero advierte:

- Si pega el bombazo, si pega el bombazo, es consciente de que la posibilidad de reintegrarse en condiciones normales se va a tomar por el culo, ¿no? «Lo de la Academia, lo de generar una plaza» para Pinto, le dice Carretero al abogado González Bosch, «iba completamente en serio»
A. C.- Este tío daba un perfil perfectamente de un coordinador con el currículum que tiene, perfectísimamente un coordinador de defensa personal... [...]

R. G. B.- ¿Y eso cómo se compagina con lo que va a contar ahora?

A. C.- Pues eso es lo que te quiero decir, macho, lo que te quiero decir. Que se va a tomar por el culo [...] ¿Cómo vas a sacar una plaza en un sitio que él quiere ir de la Comunidad dinamitándolo todo? Es imposible, imposible. Y aquello iba en serio.

El director de la Academia pregunta a González Bosch de forma insistente si tiene «alguna influencia» sobre Pinto y una vez y otra señala que perderá esa plaza -llega a decir que está «reservada» para él- si «el miércoles da el bombazo» o «dinamita todo».

A. C.- La Academia necesita una plaza de ese perfil, porque no tenemos un profesional ahora mismo...
R. G. B.- Claro, pero todo pasaba porque se callara, ¿no?

A. C.- No porque se callara, macho, joder, es que hay que emplear el sentido común. No es que se callara, o sea es que tú no le puedes ayudar a un tío que te está dinamitando la Consejería.

Carretero había conocido el domingo 14 de octubre las intenciones de Pinto de tirar de la manta a través de una crónica publicada por El País. Ese mismo día llamó a González Bosch para concertar un encuentro para la tarde siguiente. Su cercanía a Salvador Victoria es tan evidente que fue ascendido a director general de Justicia cuando los recortes provocaron el cierre de la Academia de Policía.

Pinto y su abogado no aceptaron ese enjuague y el imputado declaró ante la juez Carmen Valcarce dos días después, el miércoles 17 de octubre. Allí afirmó que los partes mecanografiados en los que se recogían los detalles de los seguimientos a Alfredo Prada y Manuel Cobo durante los meses previos al congreso del PP de 2008 en Valencia -en los que en el partido se libró una cruda batalla interna- habían sido elaborados por Miguel Castaño, número dos del equipo de Seguridad de la Comunidad de Madrid. Su relato significaba implicar por primera vez de forma directa al aparato ejecutivo del Gobierno autonómico. Nunca recibió ese puesto de trabajo en la Academia.

Para apoyar su versión, detalló una reunión de años antes con el entonces consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, en la que éste le habría comunicado que Castaño le había confesado la autoría de esos partes. Pinto se encuentra imputado precisamente porque un informe pericial de la Policía le atribuye unas anotaciones manuscritas, con datos sobre matrículas de vehículos y sus propietarios, sobre esos partes, algo que niegan él mismo y otros imputados en esa causa.

El magistrado Agustín Carretero, al habla ayer con este diario, negó haber mantenido una conversación con González Bosch -aunque se le advirtió expresamente de la existencia de la grabación- y afirmó que sólo recordaba que Pinto le solicitó un puesto de trabajo en la Academia, pero que fue descartado porque sus condiciones de idoneidad no eran las más adecuadas.