El otro lado: titular escribió:El grueso de la ley sin embargo no varía, continuando la comisión del Ministerio de Cultura (Sección Segunda) con el poder de decidir qué páginas web violan los derechos de propiedad intelectual, sin intervenir ningún juez en esa decisión.
El paísEn la nueva redacción, el
juez interviene desde el primer momento del proceso (que, según los cálculos iniciales, podría extenderse al menos durante 17 días), cuando la comisión de Propiedad Intelectual reciba una denuncia y haya que requerir datos como quién es el responsable del dominio, cuántos usuarios tiene u otros asuntos sujetos a confidencialidad
El Mundo:Así, se requiere "
la previa autorización judicial" para que "el órgano competente" -que sigue siendo la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, que depende del Ministerio de Cultura- pida la identificación del responsable del servicio de la sociedad de la información que está realizando la conducta presuntamente vulneradora de, "de acuerdo con lo previsto en el apartado primero del artículo 122bis de la Ley reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa".
La razón:Si la Comisión estima que una web está vulnerando los derechos de propiedad intelectual,
pedirá la autorización judicial pertinente que le permita hacer la identificación del presunto infractor.
ABC: El Gobierno, el Partido Popular y CiU han cerrado esta tarde un acuerdo sobre la polémica «ley Sinde». En primer lugar,
será imprescindible la autorización judicial para la identificación de los prestadores de servicios y para ejecutar las medidas de cierre de páginas.
Dejémonos de monsergas, la nueva ley hace lo que todos pedíamos, que es que no sea legal "escuchar" nuestras redes sin la previa autorización de un juez, cosa que a día de hoy en España tarda mucho tiempo y tiene que ser notificada.
En otras palabras, esta nueva ley hace imposible que la sección segunda del ministerio de cultura vigile nuestras conexiones a su placer. No se vosotros, pero a mi me parece que esta ley es mucho mas justa con nosotros que la anterior.
Y no solo eso si no que además en los acuerdos va
el compromiso del gobierno a ejecutar la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que prohibía el canon indiscriminado.