La SGAE y sus socios, las otras siete entidades que gestionan en España los derechos de autor, se han marcado un reto: buscar nuevas fuentes de ingresos tras la pérdida del canon digital que pagaban las empresas y administraciones Públicas.
Y las primeras víctimas son las nuevas cadenas de TDT. La entidad que preside Teddy Bautista pretende que todos los adjudicatarios de las licencias, sean o no de pago, de ámbito nacional, autonómico o local, pasen por caja. En su último informe de gestión, la SGAE advertía ya de la puesta en marcha de un plan de contratación rápida para licenciar a estos operadores y señalaba que "se están negociando y cerrando contratos".
Y no contentos con la TDT, las entidades de gestión tienen previstas también otras fuentes de ingresos en el ámbito de los medios de comunicación. "Las plataformas de televisión de pago, por satélite, ADSL y móvil, constituyen un nuevo mercado con el que la SGAE está llegando a importantes acuerdos para la obtención de licencia", asegura la entidad, que aunque no facilita el dinero que puede llegar a ingresar por este concepto, sí reconoce que la cuantía es significativa.
Hay que recordar que el año pasado, sólo la SGAE ingresó más de 120 millones de euros por el pago de tasas por parte de cadenas de televisión y radio, un 37 por ciento del total de su facturación.
Adaptación
Al margen de esta entidad, otra de las más activas está siendo Aisge, la sociedad que defiende los derechos de los actores y que preside Pilar Bardem. De momento ha aprobado ya en asamblea extraordinaria una adaptación de sus ingresos a la nueva oferta de canales televisivos presentes en la televisión digital terrestre (TDT), así como a las posibilidades de recaudar mediante telefonía móvil e Internet.
"Al consolidarse el nuevo modelo del mercado televisivo español -el acceso a un mayor número de canales y contenidos a través de la TDT-, Aisge debe otorgar cobertura a todas las emisiones", asegura la sociedad de Bardem. Eso sí, reconoce también que no todos tendrán que pagar por igual. La tasa impuesta dependerá, al final, del uso que hagan del repertorio que está protegido por derechos de autor y que, por lo tanto, es susceptible de pago.
El gran problema con el que se pueden encontrar tanto la SGAE como Aisge o el resto de entidades está en las tarifas que impongan. Además de denunciar que ejercen un monopolio, en los últimos años la Comisión Nacional de la Competencia les ha sancionado ya en varias ocasiones por fijar a las cadenas privadas precios hasta diez veces mayores de las que estaban cobrando al ente público RTVE.
Ante estos abusos y con el apoyo del Partido Popular, Uteca, la asociación que defiende a las televisiones privadas, ha pedido ya en varias ocasiones una reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, que en su opinión "contiene graves deficiencias".
Para Uteca, es urgente eliminar la obligatoriedad de la gestión colectiva; imponer a las entidades de gestión, como la SGAE, obligaciones de transparencia y, sobre todo, exigirles que sean devueltas a los usuarios que pagaron las tarifas las cantidades que no se hayan repartido entre los autores, sus legítimos dueños.
Pero mientras eso sucede, las entidades de gestión necesitan sustituir de cualquier forma su anterior fuente de ingresos. El canon digital de las empresas suponía el 60 por ciento de su recaudación por este concepto y ahora, como por arte de magia, esa partida adelgaza de manera preocupante.
El Tribunal de Luxemburgo decidió el pasado jueves 21 de octubre declararlo ilegal por considerar que se aplicaba de forma indiscriminada. El tribunal comunitario llegó a esta conclusión tras observar que el canon se aplicaba a todos los soportes electrónicos independientemente del uso que se les fuese a dar.
Liberados
En concreto, la sentencia que obliga a la SGAE y al resto de entidades de gestión a cambiar su estrategia recaudadora asegura que "la aplicación indiscriminada del canon por copia privada, en particular en relación con los equipos, aparatos y soportes de reproducción digital que no se hayan puesto a disposición de usuarios privados y que estén manifiestamente reservados a usos distintos a la realización de copias privadas, no resulta conforme con la Directiva Comunitaria".
De esta forma, la sentencia libera tanto a empresas como a Administraciones Públicas e instituciones de tener que pagar a partir de ahora la controvertida tasa y, de paso, abre la puerta a que puedan reclamar las cantidades pagadas hasta la fecha.
Se calcula que se podrían reclamar hasta 1.000 millones de euros entre grandes empresas y administraciones, así como pequeñas tiendas de informática y plataformas de ciudadanos como 'Todos contra el canon'. Actualmente estudian realizar una acción popular para reclamar lo abonado. Los ayuntamientos están siendo los primeros en movilizarse ante el varapalo judicial sufrido por la SGAE.
Estos no saben que inventar para seguir robando...
FUENTE:
http://www.eleconomista.es/empresas-fin ... gital.html