Aquí adjunto una información de libertad digital publicada hoy,creo que no se a comentado nada todavía y me parece interesante,haber que os parece
El Gobierno está contra las cuerdas después de que haya quedado en evidencia que el chivatazo a ETA en el bar Faisán fue una decisión política. Dos emisarios del Gobierno comunicaron a la banda terrorista que las detenciones de Elosua y sus cómplices fueron un "accidente". Así aparece en las actas de negociación de 2006 entre Gobierno y ETA.
Según informa El Mundo, en las actas incautadas a Thierry uno de los portavoces del Gobierno "dice que han intentado todo para evitar" la operación contra la red de extorsión de ETA "pero que no han podido pararlo"
Del mismo modo, este emisario gubernamental dijo a los etarras que el Ejecutivo instó a las Fuerzas de Seguridad a no detener a terroristas. "Se les ha comunicado a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, a la Ertzaintza y a la policía francesa que no hagan detenciones y ha sido muy difícil pues esas órdenes no se dan por escrito", aseguraba este enviado del Gobierno.
Además, el Ejecutivo informó a los etarras que el juez Grande Marlaska "investiga si el Gobierno ha instigado a unos policías a no realizar detenciones" y les aclara que es muy complicado trabajar en Francia por la buena relación entre el PP y Nicolas Sarkozy. Por otro lado, indicó que "no es voluntad del Gobierno realizar arrestos, es decir, tirar piedras sobre su tejado", añade.
Sobre la extorsión de ETA, el emisario afirma, en relación a Alfredo Pérez Rubalcaba que "el ministro tiene un montón de cartas que no ha hecho públicas. Sabiendo que se pide dinero, decimos que no consta que se pide". Además, añade que "si el problema es el dinero siempre se podrá arreglar por medio de una organización internacional". "Hemos intentado minimizar ciertos hechos por y para el proceso: lo que perjudica al Gobierno os perjudica también a vosotros y al contrario", dijeron, tal y como consta en las actas de negociación.
Rubalcaba también aparece en este proceso puesto que el negociador dijo que "el Gobierno ha hecho cambios para blindar el proceso" y es ahí donde aparecía el nombramiento del actual ministro del Interior. En este sentido, aseguraba abiertamente que "Rubalcaba se incorporó a Interior para continuar con una vía que conocía desde su cargo en el Congreso". Además, informaron del cambio del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, con el nombramiento del fiscal Zaragoza y la salida de Fungairiño.
En esta misma reunión del 22 de junio de 2006, el representante de ETA entregó a los negociadores del Gobierno una carta personal dirigida a Zapatero para que le llegara sin ningún tipo de intermediario "ante la gravedad de la situación". Incluso los etarras llegan a decir, según estas actas: "si las detenciones no son del Gobierno y sí de los jueces, entonces ¿por qué firmasteis los acuerdos?".
El Gobierno también dejó meridianamente clara su opinión sobre los opositores al proceso de negociación con ETA. Los emisarios del gobierno de Zapatero manifestaron a ETA que "no contábamos con el nivel de ataque del PP, de la mayoría de la prensa y de la AVT". "Os quedará la duda pero el Gobierno ha hecho lo imposible en el campo de la judicatura. Como ejemplo, el caso de Batasuna. Pero el PP ha encontrado su agarradero entre los jueces y las víctimas".
Además, estas informaciones ponen de manifiesto el descontento de los etarras con el doble discurso del gobierno. Los terroristas le reprochan que está haciendo declaraciones en los medios de comunicación que vulneran los acuerdos entre ambas partes. Citan como ejemplo una entrevista de Zapatero en Cataluña Radio: "mantenéis un tipo de discurso durante decenas de reuniones con Batasuna y otro distinto en las declaraciones públicas que hacéis", dice el terrorista.
El Gobierno, en cierto modo se justifica alegando que: "Hay que entender el ropaje con el que se visten algunas declaraciones que no se puede salir de la mañana a la noche con el discurso real de lo que va a ser el final del proceso, que hay que ir moldeándolo según avancen las cosas, que va dirigido a la clase político, a los que aúllan contra el proceso, pero no va a ser alterada la hoja de ruta".
Los reproches de ETA al Gobierno son abundantes: llega acusarle de mantener una "actitud saboteadora del incipiente proceso" de paz, y señala que su esperanza en que el Ejecutivo cumpla está desapareciendo. Los terroristas se lamentan de las últimas detenciones, y califican como "provocaciones" las declaraciones de ministros diciendo que "ni jueces ni policías tienen los brazos cruzados".
La respuesta del representante del Gobierno socialista fue que "todo el mundo opina", que "la opinión pública entiende de una manera u otra las declaraciones de los políticos según quién las haga" pero que no alterará esos planes trazados. El interlocutor que representa al Gobierno añade que "están trabajando para que en septiembre u octubre Batasuna sea legal".
Además de otras mentiras, el acta supone la demostración de que el Gobierno miente en asuntos como la extorsión a empresarios, que sí se produjo pero ocultó, o la oferta que realiza a los etarras de recurrir a una organización internacional si necesitan dinero. Y reconoce ante ETA que a veces topan con la justicia, y que con ella, añaden, es más difícil actuar que con la policía.
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