El programa político de Podemos para las elecciones marca una serie de estrategias de las que no se hablará en campaña, porque nadie habla de inmigración en campaña electoral. La primera decisión de Podemos será eliminar los programas EUROSUR y FRONTEX, que son fórmulas de cooperación entre los países de la UE para la vigilancia de fronteras. También acabarán con los CIE, centros de internamiento de extranjeros, que la Unión Europea creó dentro del marco del acuerdo de Schengen. Quienes son menores de edad y a quienes es imposible acreditar su país de origen están protegidos de las órdenes de expulsión, no obstante las ONGs acreditan que más de la mitad de los internados en CIE nunca llegan a ser expulsadas de territorio español. Podemos establecerá como procedimiento de urgencia la tramitación de la autorización de residencia a menores tutelados.
El fin de los vuelos de deportación a las personas sin permiso de residencia es otra de sus medidas. Entre 2010 y 2014 España deportó a 26.491 personas extranjeras según el Gobierno español. Informarán a los colegios de abogados de cada una de las deportaciones que se produzcan en las Comunidades autónomas para que todo el mundo esté asistido legalmente. Las llamadas “devoluciones en caliente” se acabarán y es otra de sus promesas de campaña. Las medidas sancionadoras por estancias irregulares tendrán nuevos protocolos y reglas. Podemos promete acabar con las identificaciones policiales basadas en el perfil étnico y en la nacionalidad de los sospechosos.
La nueva política de visados permitirá a los refugiados solicitar asilos diplomáticos y visados humanitarios en cualquier embajada española o embajada de terceros a lo largo del planeta. En los informes de arraigo en las administraciones locales, si no hay respuesta en tres meses, serán automáticamente positivos. Facilitando el empadronamiento y el fomento de acceso a servicios públicos y sociales para la población inmigrantes y de acogida (refugiados). Motivarán planes de lucha contra el racismo, la discriminación y la xenofobia contra los extranjeros en territorio nacional.
Con el permiso de residencia ya se tendrán derechos políticos. Es decir, no hará falta ser nacional para votar un referéndum o en las autonómicas.
Podemos creará un sistema de Renta básica por unidad de convivencia familiar, con un mínimo de 600€. Si la persona vive con otra persona, un 35% adicional, y otro 20% por cada miembro adicional. En el País Vasco de las personas en edad de trabajar que cobran la llamada Renta de Garantía de Ingresos, la mitad son extranjeros o nacionalizados, siendo en 2015 la tasa de población extranjera de un 8.6% en esa comunidad. En España 637.573 personas cobraron una renta mínima de inserción en 2013.
Podemos anuncia que devolverá la sanidad universal al sistema público español. También para inmigrantes por lo tanto, quienes tendrán tarjeta sanitaria, lo que es una medida de derechos humanos y de lucha contra enfermedades y riesgo de epidemias.
España por tercer año consecutivo ha bajado su población este 2015. La disminución de la población española, sumado a la importante deuda que ya supera el 100% del PIB y a la alta tasa de desempleo y sueldos basura que se está dando, implica que se tendrán que subir impuestos y asumir recortes. En España entre 2002 y 2008 hubo un significativo crecimiento demográfico gracias a la emigración por el crecimiento económico de aquellos años. La tasa de nacimientos no hace más que caer, lo cual implica que España necesitará de la población inmigrante para seguir con su nivel de bienestar. Según el INE el descenso poblacional seguirá siendo la norma en los próximos años.
En este contexto Podemos facilitará medidas económico-sociales para que la población inmigrante migre y se instale en España. Aunque ninguna medida podrá atraer las ayudas sociales y el nivel de vida que proporcionan las regiones del norte de Europa, a las que irá la población inmigrante mejor preparada. Podemos no ha articulado ninguna medida para que la antiguamente llamada clase media recupere su bienestar, sino que promete más impuestos, intentando lanzar una contraofensiva hablando de “impuestos progresivos” y de lucha contra la evasión fiscal de las grandes fortunas.
Si bien España es un lugar de excepción en Europa, ya que la derecha personificada en el Partido Popular ha controlado tanto el centro como la extrema derecha, al no condenar la dictadura y el régimen franquista, en los próximos años y con la implantación de mayor número de inmigración habrá un auge del movimiento de extrema derecha por la desafección de la población trabajadora autóctona al Gobierno y sus medidas, y las facilidades y ayudas que el sector público dispensará a los inmigrantes. Cuestión que ya se está dando en una comunidad autónoma con importantes y significativas ayudas sociales, el País Vasco. Si a esto sumamos la flexibilización del mercado de trabajo, las bajadas salariales (en el País Vasco un perceptor de ayudas cobra lo mismo, incluso más, que muchos trabajadores precarios y con sueldos bajos), el paro estructural juvenil, las subidas de impuestos de todo tipo y la constatación de que el futuro va a ser peor que el pasado más reciente; tenemos la fórmula perfecta para que se dé una realidad proteccionista contra las nuevas realidades sociales. Sin entrar en problemáticas de orden cultural o sencillamente delincuencial.
España no ha tenido grandes problemas históricamente con la inmigración, porque exceptuando Ceuta y Melilla, el fenómeno es muy contemporáneo. Otros países europeos como Francia, Alemania y Gran Bretaña, la cual ha elegido recientemente al laborista Sadiq Khan primer alcalde musulmán de Londres, tienen una tradición mucho mayor de décadas por sus pasados coloniales y su poder industrial y económico. En todos ellos la extrema derecha es una realidad y si no lo es en España, es porque nuestra tasa de inmigrantes es menor y el fenómeno de la inmigración muy reciente.
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