La condena a pagar 393.000 euros impuesta por el Tribunal de Cuentas al exministro de Sanidad Alfonso Alonso y al vicesecretario sectorial del PP, Javier Maroto, está siendo revisada por una ministra del Gobierno del expresidente José María Aznar, según ha podido saber EL PAÍS.
Margarita Mariscal de Gante, titular de Justicia entre 1996 y 2000, es la magistrada ponente de la Sala del Tribunal de Cuentas que analiza el recurso de los dos dirigentes del PP contra el fallo del denominado caso San Antonio. El organismo fiscalizador condenó en primera instancia el pasado mayo a Alonso y Maroto por perjudicar las arcas municipales de Vitoria, donde ambos fueron alcaldes.
El caso San Antonio se remonta a 2007. El empresario y expresidente del Club Deportivo Alavés, Gonzalo Antón, adquirió entonces por 2,7 millones un local en Vitoria. Y, un año después, alquiló el inmueble al Ayuntamiento, gobernado entonces en minoría por Alonso. El Consistorio se comprometió a abonar al empresario 7,6 millones por el arrendamiento durante 20 años.
El exministro de Sanidad Alfonso Alonso en el Congreso de los Diputados el pasado octubre.ampliar foto
El exministro de Sanidad Alfonso Alonso en el Congreso de los Diputados el pasado octubre. KIKO HUESCA EFE
El contrato de la discordia multiplicaba por tres el precio de la compra e incluía una cláusula de blindaje. Si se rompía el acuerdo, la Corporación debía pagar 20 años íntegros de arrendamiento. La publicación de unos correos electrónicos disparó las sospechas de un presunto pacto en el precio para beneficiar al empresario desde el Ayuntamiento de Vitoria.
Mariscal de Gante debe ahora decidir si revoca o confirma la primera sentencia del Tribunal de Cuentas sobre Alonso y Maroto. El fallo, que contemplaba el pago de 393.000 euros, fue dictado por la magistrada María Antonia Lozano, consejera a propuesta de Izquierda Unida y PSOE.
La Sala de Enjuiciamiento del organismo fiscalizador, que es la encargada de decidir sobre el recurso, está compuesta también por los magistrados José Manuel Suárez Robledano, consejero a propuesta del PP y exportavoz de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), y Felipe García Ortiz, que aterrizó en el Tribunal de Cuentas respaldado por el PSOE. Si se revoca, parcial o totalmente, o se mantiene el fallo de primera instancia, será una decisión de la Sala, que adopta sus resoluciones por mayoría.
La designación de Mariscal de Gante como ponente responde a “un turno estricto”, según informó un portavoz del Tribunal de Cuentas. “No existe una causa para que la exministra se abstenga en la revisión del recurso”, añaden desde este organismo.
Se da la circunstancia de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional apartó a los magistrados Enrique López y Concepción Espejel del caso Gürtel por sus relaciones con el PP. Ambos fueron aupados por este partido a un puesto de vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), máximo órgano de gobierno de la judicatura. López, además, impartió medio centenar de conferencias en la fundación FAES, vivero ideológico del PP que pilota José María Aznar.
![[qmparto]](/images/smilies/net_quemeparto.gif "Que me parto!")
minmaster escribió:La condena a pagar 393.000 euros impuesta por el Tribunal de Cuentas al exministro de Sanidad Alfonso Alonso y al vicesecretario sectorial del PP, Javier Maroto, está siendo revisada por una ministra del Gobierno del expresidente José María Aznar, según ha podido saber EL PAÍS.
Margarita Mariscal de Gante, titular de Justicia entre 1996 y 2000, es la magistrada ponente de la Sala del Tribunal de Cuentas que analiza el recurso de los dos dirigentes del PP contra el fallo del denominado caso San Antonio. El organismo fiscalizador condenó en primera instancia el pasado mayo a Alonso y Maroto por perjudicar las arcas municipales de Vitoria, donde ambos fueron alcaldes.
El caso San Antonio se remonta a 2007. El empresario y expresidente del Club Deportivo Alavés, Gonzalo Antón, adquirió entonces por 2,7 millones un local en Vitoria. Y, un año después, alquiló el inmueble al Ayuntamiento, gobernado entonces en minoría por Alonso. El Consistorio se comprometió a abonar al empresario 7,6 millones por el arrendamiento durante 20 años.
El exministro de Sanidad Alfonso Alonso en el Congreso de los Diputados el pasado octubre.ampliar foto
El exministro de Sanidad Alfonso Alonso en el Congreso de los Diputados el pasado octubre. KIKO HUESCA EFE
El contrato de la discordia multiplicaba por tres el precio de la compra e incluía una cláusula de blindaje. Si se rompía el acuerdo, la Corporación debía pagar 20 años íntegros de arrendamiento. La publicación de unos correos electrónicos disparó las sospechas de un presunto pacto en el precio para beneficiar al empresario desde el Ayuntamiento de Vitoria.
Mariscal de Gante debe ahora decidir si revoca o confirma la primera sentencia del Tribunal de Cuentas sobre Alonso y Maroto. El fallo, que contemplaba el pago de 393.000 euros, fue dictado por la magistrada María Antonia Lozano, consejera a propuesta de Izquierda Unida y PSOE.
La Sala de Enjuiciamiento del organismo fiscalizador, que es la encargada de decidir sobre el recurso, está compuesta también por los magistrados José Manuel Suárez Robledano, consejero a propuesta del PP y exportavoz de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), y Felipe García Ortiz, que aterrizó en el Tribunal de Cuentas respaldado por el PSOE. Si se revoca, parcial o totalmente, o se mantiene el fallo de primera instancia, será una decisión de la Sala, que adopta sus resoluciones por mayoría.
La designación de Mariscal de Gante como ponente responde a “un turno estricto”, según informó un portavoz del Tribunal de Cuentas. “No existe una causa para que la exministra se abstenga en la revisión del recurso”, añaden desde este organismo.
Se da la circunstancia de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional apartó a los magistrados Enrique López y Concepción Espejel del caso Gürtel por sus relaciones con el PP. Ambos fueron aupados por este partido a un puesto de vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), máximo órgano de gobierno de la judicatura. López, además, impartió medio centenar de conferencias en la fundación FAES, vivero ideológico del PP que pilota José María Aznar.
Fuente: http://politica.elpais.com/politica/201 ... 48785.html
Que no pare la fiesta
A ver cuantas páginas tiene este hilo
![[rtfm]](/images/smilies/rtfm.gif "Lee!")
