Esta frase de apenas nueve palabras, “acabar con la asimetría penal por cuestiones de sexo” desató una tormenta colosal durante la última campaña electoral. Todos los partidos, de izquierda o derecha, excepto lógicamente la formación que la había incluido de manera disimulada en su programa, comenzaron a golpearse el pecho con violencia y a tachar la ocurrencia de barbaridad. Cual jauría de lobos al olor del voto fácil, se lanzaron de inmediato sobre su víctima. Incluso, el socialista Antonio Hernando quiso mostrarse más calvinista que Calvino, llegando a afirmar: "Si ustedes no son conscientes de que las mujeres mueren y son asesinadas precisamente por su condición, es que no han entendido nada". En realidad, el inconsciente e irresponsable, amén de desaforado demagogo, era él.
En su novela “1984”, George Orwell describió un régimen totalitario, regido por un dictador omnímodo, el “Gran Hermano”, que vigilaba permanentemente a sus súbditos a través de la policía del pensamiento. E imponía a la población la neolengua, una jerigonza donde el significado de las palabras era justo el contrario al habitual. Existía un “Ministerio de la Verdad”, cuya misión era manipular la historia o un “Ministerio de la Paz”, con el objetivo de alentar la guerra. Pero ni siquiera Orwell podía imaginar que, casi 70 años después, la España actual desbordaría por todos los flancos su genial distopía. Con extremada insensatez, nuestros dirigentes proclaman que buscan la igualdad... ¡generando desigualdades ante la ley!, creando leyes, como la de Violencia de Género (LVG), que no solo atenta contra la gramática; lo más grave es que violenta principios básicos del Estado de derecho.
La igualdad ante la ley no se negocia
Lamentablemente, la machacona propaganda ha convencido al público de que la democracia no es más que la decisión de la mayoría. Pero no es cierto: la democracia es mucho más que eso. El voto es sólo una parte, un mecanismo último de control del poder. Hay elementos cruciales, fundamentales, principios que no pueden conculcarse ni por presión de la opinión pública, ni por la tan sobada como manipulada sensibilidad social, ni mediante el voto mayoritario. Son la columna vertebral, la piedra angular sin la cual la democracia degenera en la pavorosa ficción orwelliana.
¿Se podría privar de derechos a un colectivo racial si la mayoría de la población lo votase afirmativamente? La respuesta es taxativa: no. ¿Se podría enviar a la cárcel a un inocente si la mayoría de la gente estuviese de acuerdo? De nuevo, la respuesta es clara: jamás. Hay ciertos valores que no pueden estar al albur de las modas, las sensibilidades, los grupos organizados, la presión mediática, las encuestas o los votos, sin que el Estado de derecho acabe quebrando. Los principios fundamentales de la democracia no son discutibles... sin que se ponga en cuestión la propia democracia.
El principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley constituye el pilar básico de la democracia moderna. Y una de sus consecuencias lógicas es que los delitos deben quedar definidos por la propia naturaleza del acto y no por el grupo social al que pertenece quien lo comete. La LVG viola flagrantemente este principio al establecer el delito de autor, una aberración que se suponía extinguida con la caída de los regímenes totalitarios del pasado siglo XX. Contempla determinadas conductas que constituyen delito si las lleva a cabo un hombre pero no lo son si las comete una mujer, al igual que en la Alemania Nazi determinados actos eran punibles si los cometía un judío pero no si los llevaba a cabo un ario. Lo mismo sucedía en la Sudáfrica del apartheid racial. Tal como hoy, sus promotores inventaron justificaciones absurdas que, desgraciadamente, convencieron a buena parte del público.
Peor aún. Cuando el activismo reemplaza a la política, cuando los grupos mejor organizados y más ruidosos, que suelen ser los menos respetuosos con la libertad individual, acaparan los focos mediáticos y convencen a los negligentes legisladores para retorcer el Estado de Derecho, la democracia ni siquiera alcanza a ser ese remedo basado en la imposición de la voluntad de la mayoría, sólo lo aparenta. Mediante el ruido, la algarada, el matonismo dialéctico, la hiperreacción, el señalamiento del disidente, se apropian en su propio beneficio de ese concepto gelatinoso que es la “sensibilidad social”. Y al final, por más que los electores sean convocados a las urnas, los programas de todos los partidos quedan censurados en origen. El totalitario ha impuesto sus cláusulas y depurado cualquier discordancia. No way out.
Una ley de corte totalitario
Hay que decirlo claramente: la LVG es una ley de corte nítidamente totalitario, no sólo por violar principios fundamentales, como la igualdad ante la ley y la presunción de inocencia, también por utilizar el derecho penal de forma abusiva. En lugar de reservarlo para lo que fue ideado, para casos graves, introduce el delito, de forma sesgada y discriminatoria, en cualquier discusión de pareja que suba de tono y emplee palabras vulgares. Cualquier actitud como insultos, comportamientos poco educados o menosprecios de un hombre a su mujer, nunca al revés, se convierten en delitos, cuando frecuentemente no son más que meras manifestaciones de grosería o, a lo sumo, faltas.
Para resolver estas controversias cotidianas leves siempre se apeló a la buena voluntad, al sentido común de la inmensa mayoría de las gentes, nunca al derecho penal. Los ciudadanos, y las mujeres en concreto, son adultos responsables, no críos que deban chivarse porque un amiguito les sacó la lengua. De ahí que sea intolerable esa manipuladora propaganda televisiva y esas organizaciones malintencionadas e interesadas que animan alegremente a las mujeres a denunciar cualquier menosprecio, como si de personajes asiduos a los reality shows se tratase. Incluso si el menosprecio de tu pareja, sea hombre o mujer, no es ya puntual sino reiterado, tampoco es solución llamar a las fuerzas de seguridad. Simplemente es una señal de que la relación está rota, que lo mejor es que cada uno siga su propio camino.
De la neolengua al Pánico Moral
La "violencia de género" es un término orwelliano, un concepto propio de la neolengua, que los manipuladores inventaron para crear lo que el sociólogo Stanley Cohen denominó Pánico Moral, una moderna caza de brujas, una histeria colectiva para dividir a la sociedad, para sustituir a “la persona” por "los colectivos", alistando a hombres y mujeres en dos cuerpos de ejército irreconciliables. Lo que existe en realidad es la violencia a secas, sin apellidos, que debe ser perseguida y condenada contundentemente con independencia de quien la ejerza y de quien sea la víctima. Es ahí donde pueden y deben intervenir las autoridades. Las personas honradas, con corazón, repudian el maltrato de cualquier mujer, por supuesto, pero también el de todo hombre, anciano o niño en igual medida. Todos son seres humanos. A los ciudadanos de bien les repugna el hecho en sí; a los fanáticos descerebrados tan sólo les preocupa el grupo al que pertenece el agresor o la víctima.
Pero todo es susceptible de empeorar. Acaparados los nichos de mercado iniciales, que en su día fueron los matrimonios consolidados y, después, las parejas más jóvenes, la LVG apunta ahora a los adolescentes, a los chicos de entre 13 y 20 años de edad, dispuesta a convertir la mera desavenencia, las peregrinas discusiones adolescentes en denuncias. No pocas mujeres, hasta ayer ajenas a esta aberración o, incluso, partidarias, están descubriendo el peligro, porque la injusticia está entrando en su casa a través de sus hijos varones. Error sobre error. Las relaciones entre los seres humanos son demasiado complejas y están condicionadas caso a caso por tantos y tan diversos factores que es estúpido y simplista interpretarlas en clave de apartheid sexual. No hay hombres o mujeres; hay personas. Y sus comportamientos, sus actos, son propios e intransferibles; no el resultado de un malvado y generalizado conciliábulo.
Principios a cambio del voto fácil
Si ya no hay partido que proponga la restauración de la igualdad ante la ley, que defienda los principios de la Democracia, del Estado de Derecho, ninguno de ellos merece nuestro voto. En circunstancias tan graves es mezquino actuar por temor a perder votos. Y extremadamente cobarde quedarse de brazos cruzados para no enfrentarse a una horda de fanáticos, con conocimientos que no van más allá de las consignas que escuchan en televisión, pero todos ellos enrolados en la policía del pensamiento.
Si algún partido planteara la derogación de la LVG y el restablecimiento del principio de igualdad ante la ley, seguramente no perdería votos; es más, quizá los ganaría. Nuestros políticos ignoran que sus posaderas se asientan sobre una bomba de relojería, que tras 12 años de pasar por la trituradora a demasiadas personas, la opinión pública se encuentra mucho más volteada de lo que parece. Se han perpetrado tantos atropellos, tantas injusticias a cuenta de la LVG, que hay muchísima gente indignada y cabreada, aunque por ahora silente. No sólo se trata de hombres, también son sus madres, sus hermanas, incluso sus hijas. En cuanto se rasgue el velo del tabú, el clamor de la indignación va a ser atronador. Y no es descartable que, dado los destrozos causados, las magnitudes se inviertan súbitamente, generando, como tantas otras veces en la historia, un indeseable efecto péndulo. Es el resultado lógico de intentar resolver un problema con el remedio más inapropiado.
Me ha parecido interesante este artículo, pone de manifiesto la ilegitimidad de la LVG y de que hay ciertos temas que no pueden ser decididos por el voto de la mayoría.
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