Las autoridades británicas tendrán a partir de las próximas semanas la potestad para recopilar e investigar el historial de navegación de los residentes en el Reino Unido gracias a la nueva Ley de Poderes de Investigación. Así lo ha aprobado las dos cámaras del Parlamento, dando por válidas las intenciones del proyecto de ley que abanderó en 2012 la por aquel entonces Ministra de Interior y ahora Primera Ministra Theresa May.
La nueva ley, que en su momento se encontró con una fiera oposición parte de diversos movimientos a favor de la privacidad en Internet, obligará a los proveedores de acceso a recoger los datos de navegación de sus clientes e información sobre las aplicaciones utilizadas para almacenarlos en una base de datos durante un periodo de un año. Esta información se suma a los datos relacionados con las llamadas telefónicas y los contactos de los correos electrónicos, que ya se almacenaban anteriormente.
Las autoridades podrán acceder en tiempo real a dicha información, pero también tendrán a su disposición mayores poderes para hackear ordenadores y dispositivos en manos de presuntos criminales.
Uno de los aspectos más preocupantes de la nueva ley a ojos de diversas organizaciones es que obliga a las operadoras a proporcionar acceso a las comunicaciones cifradas, lo que podría poner límites legales al uso en el Reino Unido de sistemas de cifrado de punto a punto.
El gobierno de Theresa May ha tratado de calmar los ánimos de sus críticos con la introducción de salvaguardas para evitar el abuso de estas nuevas herramientas, destacando lo que es descrito como un sistema de "doble cierre". Esta medida hará necesario que el Ministerio del Interior y un miembro independiente de la judicatura tengan que ponerse de acuerdo para aprobar las órdenes de registro necesarias para acceder a la información de los internautas. Algunas personas lo consideran insuficiente. Es el caso de Lord Strasburger del partido Liberal Demócratas, quien afirma que este sistema no permite a los jueces revisar el contenido de las órdenes, sino únicamente observar si se ha seguido el debido proceso.
