Finalmente el Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, bautizado ya como Ley Lassalle en honor al secretario de Estado de Cultura y principal impulsor de la reforma, José María Lassalle. El texto, publicado en la web del Ministerio para su consulta pública, confirma la información que hemos ido publicando en los últimos días.
Según el propio Gobierno, la reforma se basa principalmente en tres pilares: la mayor supervisión de las entidades de gestión, la mejora de la protección de los derechos de propiedad intelectual en el entorno digital y la revisión del concepto legal de copia privada.
Para empezar, las entidades de gestión serán controladas y vigiladas por la Administración, con una serie de nuevas obligaciones y sanciones para mejorar su transparencia. Por ejemplo, estarán obligadas a publicar en sus páginas web las tarifas y la forma de reparto entre sus socios, y podrán ser multadas con un 2% de la facturación del año anterior si no cumplen sus obligaciones.
En cuanto a la mayor protección de las obras en el entorno digital, el punto de mira se pone en las llamadas webs de enlaces. Estas podrán ser multadas con entre 30.000 y 300.000 euros si no retiran los contenidos solicitados o no establecen controles impidiendo que vuelvan a estar disponibles. Además podrá solicitarse judicialmente la identificación de sus responsables, bloquear sus ingresos publicitarios y finalmente cortar el acceso a la web.
Finalmente, la copia privada quedará limitada a la realizada por una persona física desde una obra adquirida por ella, sin asistencia de ningún tercero, y a las grabaciones temporales de la radio o TV para un único visionado posterior. Por otro lado, se amplía el plazo de protección de los derechos tras la muerte del autor de 50 a 70 años.
Con todo ello, parece que la reforma no ha contentado a casi nadie. Las entidades de gestión por un lado pierden independencia e ingresos por la reducción del concepto de copia privada, que prácticamente no deja ningún perjuicio a compensar. Los usuarios también salen perdiendo al convertirse en ilegal un hábito extendido desde la irrupción del radiocassette y, finalmente, aumenta la inseguridad jurídica para las empresas de Internet.
Pero esto es solo el principio de la tramitación, que aún deberá recorrer un largo camino hasta su aprobación final, como pronto después del verano, y seguro que hasta entonces sufrirá no pocos cambios. Aún así no será la única reforma de la propiedad intelectual que veremos en esta legislatura, ya que el Gobierno ha avisado que este anteproyecto solo regula los aspectos más urgentes y más adelante habrá otra nueva reforma de mayor profundidad.
