Dos inspecciones fiscales que analizaban los ejercicios fiscales entre 2010 y 2013 de Activision Blizzard han concluido con la obligación de que la compañía pague a la Agencia Tributaria a través de su filial española un total de 3,8 millones de euros, según explica un artículo en El Español. Esta deuda resultante de una disparidad en los resultados del impuesto de sociedades calculados por la administración ha comenzado ya a ser satisfecha por la compañía.
Activision Blizzard Spain, que pasó a enarbolar esta denominación tras la fusión de Activision con Vivendi en 2009 (habiendo nacido en 1991 como filial del estudio francés Coktel Visión), opera desde 2015 como distribuidora bajo el paraguas de la matriz holandesa. La compañía colabora desde la investigación con las agencias tributarias de Países Bajos y España para solventar lo que consideran un conflicto entre sus obligaciones con ambas administraciones.