La nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal pretende respetar la imagen de intimidad del detenido y conserva los límites a la intrucción de las causas: 18 meses para las complejas
Imágenes como la de los exaltos cargos de la Generalitat Macià Alavedra y Lluís Prenafeta bajando de un furgón policial de madrugada con una bolsa de basura entre las manos y los pantalones semicaidos (caso Pretoria) o, más recientemente, la de Rato entrando en un coche policial con la mano de un agente sobre su cabeza, tienen las horas contadas.
La Comisión de Justicia ha aprobado la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que contempla adoptar las «medidas necesarias» para respetar la imagen e intimidad durante una detención y acabar así con las denominadas «penas de telediario» que sufren muchas personas antes de ser juzgadas.
Con 23 votos a favor, 14 en contra y dos abstenciones, la comisión ha dictaminado los dos proyectos de ley de reforma de la LECrim para su debate y aprobación por el Pleno de la Cámara ante las críticas de la oposición, que ha lamentado que el Gobierno haya optado por una reforma «parcial» de una norma que data de 1882 y que supone un «fiasco», si bien el PP ha defendido la «modernidad» de su articulado.
Entre las más de treinta enmiendas aceptadas, la reforma incorpora una transaccional de CiU sobre la detención y la prisión provisional para eliminar las llamadas «penas de telediario».
«Se deberán adoptar las medidas necesarias para asegurar el respeto a sus derechos constitucionales, al honor, intimidad e imagen en el momento de practicarse, así como en traslados ulteriores», recoge el articulado.
Un trato «justo e igual» para todos
Fuentes parlamentarias consultadas por Efe aseguraron que esta propuesta no está motivada por ningún caso concreto, como el del exvicepresidente Rodrigo Rato, sino que persigue dar un trato «justo, respetuoso e igualitario» a todos los ciudadanos, pese a que la legislación vigente ya señala que el arresto deberá practicarse en la forma «que menos perjudique al detenido».
Otra de las novedades introducidas tiene que ver con la prórroga de los plazos de instrucción que la reforma concedía en exclusiva al Ministerio Fiscal y que ahora también podrán solicitar todas las partes personadas en la causa -acusación popular, acusación particular, defensa y Abogacía del Estado. El PP ha atendido así la petición unánime de los grupos de la oposición que durante el debate parlamentario tacharon de «inaceptable» esta medida, puesto que en muchas ocasiones «la Fiscalía conoce los procesos cuando están muy avanzados».
Acabar con las investigaciones eternas
Ahora bien, no ha habido cambios en relación con la fijación de límites temporales en la instrucción judicial de 6 meses para las causas ordinarias y 18 para las complejas, pese a las críticas mayoritarias de la oposición.
«La lectura simplista de que la justicia es lenta porque no existen plazos es ridícula y muy ofensiva hacia jueces y tribunales», ha dicho Soraya Rodríguez (PSOE), que ha advertido de que los plazos generarán «impunidad e inseguridad jurídica». Sin embargo, a juicio de José Gonzalo Ordóñez (PP) los plazos «pondrán coto a la estigmatización» que sufren los acusados por años de dilación judicial, ya que los juzgados «no pueden ignorar el tiempo que transcurre en una instrucción». «Su actividad va a estar sometida al análisis», explicó.
Detención incomunicada
Asimismo, el texto incorpora una enmienda del PP por la cual los jueces estarán obligados a justificar en un auto la detención incomunicada de los detenidos, quienes, además, serán sometidos a dos revisiones médicas cada veinticuatro horas para comprobar su estado psíquico y físico.
De esta forma, el PP ha respondido a las críticas de la Izquierda Plural, PNV, CiU y Grupo Mixto que han denunciado que los períodos de incomunicación generan «espacios de opacidad» que pueden inducir a la práctica de malos tratos y tortura.
Además, se reduce de 24 a 18 meses la duración máxima de la intervención y registro de las comunicaciones durante una investigación judicial y también se establece que cualquier sentencia es susceptible de ser recurrida ante el Tribunal Supremo.
Finalmente, algunos grupos han criticado la sustitución del término «imputado» por «investigado»,que pasará a «encausado» tras el auto de acusación, como Gaspar Llamazares, de la Izquierda Plural que ha dicho que se trata de «una medida estética para tapar la falta de contenido de la reforma».
al final va a ser verdad que con franco viviamos mejor,en fin,adios libertad de prensa,pero de que sirve lamentarse por la perdida de esta si estamos con los brazos cruzados viendo tranquilamente como nos la quitan
