Los operadores de banda ancha están obligados desde el pasado 1 de abril a dar a conocer de forma pública sus prácticas de filtrado de tráfico. Así lo señala el último decreto ley publicado en el BOE que sigue las directrices marcadas por dos directivas europeas.
Desde la masificación del acceso a Internet y la llegada de servicios como las redes P2P o el streaming de vídeo el tráfico en la Red se ha visto multiplicado. Sin embargo, en muchas ocasiones los usuarios han percibido cómo la calidad a la hora de acceder a estos servicios empeoraba gracias a las políticas de capado emprendidas por los operadores. Aunque las compañías no han reconocido abiertamente que emplean filtros hacia estos servicios para evitar el colapso en sus redes, desde el 1 de abril tendrán que hacerlo cumpliendo así con la remozada ley gracias al Real Decreto-ley 13/2012.
A partir de ahora si la compañía pretende ralentizar la conexión del usuario en caso de que, por ejemplo, éste descargue a través de P2P, quedará obligada a informarle en las condiciones del contrato sobre estas controvertidas prácticas. Se cumple así con una vieja reivindicación de los usuarios, que se sentían en situación de indefensión ante los operadores. El empuje del Parlamento y el Consejo Europeo a través de sus directivas ha sido clave para que se adopte esta medida en España.
Según esta modificación a la Ley General de Telecomunicaciones, los contratos entre usuarios y operadores reflejarán "de forma clara, comprensible y fácilmente accesible" las condiciones. "Si se facilita o no el acceso a los servicios de emergencia e información", si se limita "el acceso o la utilización de los servicios y las aplicaciones", los "niveles mínimos de calidad de servicio que se ofrecen" y la "información sobre cualquier procedimiento establecido por la empresa para medir y gestionar el tráfico" aparecerán de forma explícita en los contratos. También tendrán que recoger en el contrato "cualquier restricción impuesta por el proveedor en cuanto a las posibilidades de utilizar el equipo terminal suministrado", como puede ser un móvil o un router USB.
La medida es un paso al frente en cuanto a la claridad de las condiciones, pero está lejos de prohibir que los operadores gestionen el tráfico a su antojo. Siempre que informen de ello se verán capacitados para aplicar sus políticas de filtrado tanto en las conexiones de banda ancha fija como en las móviles, algo que se sitúa como principal amenaza para la neutralidad de la Red. No obstante, hay que remarcar que es en Internet móvil donde las compañías son más asiduas a estas medidas argumentando un mayor riesgo de saturación en sus redes.
Otra de las incógnitas que se presenta es qué sucederá con los contratos que hay firmados hasta la fecha. ¿Anunciarán de forma pública y clara los operadores sus condiciones para que los usuarios decidan si seguir o no con estas compañías?.
