La Audiencia de Valencia acoge desde este lunes el juicio de la llamada Operación Panzer, con la que en septiembre de 2005 se desarticuló la organización neonazi Frente Antisistema (FAS), con sede en la capital valenciana, y se detuvo a 22 personas. De ellas, 18 son los acusados que se sentarán en el banquillo- tres no se han presentado en la vista- para ser procesados por asociación ilícita, tenencia ilícita de armas prohibidas y tenencia de armas de fuego reglamentadas.
La vista ha comenzado con cuestiones previas y, momentos antes de empezar, cuando los medios gráficos han entrado a la sala para grabar a los acusados, estos se han dirigido a ellos y les han increpado llamándoles "hijos de perra". Además, el abogado de la acusación particular ha pedido la suspensión del juicio porque asumió el caso hace solo nueve días. La petición ha sido rechazada, al igual que la solicitud de citar a declarar a los 17 testigos que ha pedido.
El fiscal pide un total de 42 años de cárcel para los acusados, entre los que se encuentran dos militares, un concejal de Silla por España 2000 y el asesino confeso del joven de Burjassot Guillem Agulló en abril de 1993.
La Acció Popular contra la Impunitat, personada en esta causa como acusación popular y formada por distintas asociaciones, entidades y partidos políticos de izquierda de la Comunitat Valenciana, ha destacado la "extraordinaria importancia" de este juicio y la "gravedad del caso" que se juzga por "el importante arsenal de armas" que se intervino, por la "peligrosa ideología" el grupo desarticulado, así como la "alarma social creciente" que genera este asunto.
El presidente de Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, ha subrayado lo "significativo" del juicio porque "va más allá" ha confiado que sirva además para "aclarar detalles" sobre la fabricación y negocio de armas.
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