Según podemos leer
en El Confidencial, varias organizaciones de usuarios de Internet han tomado la decisión de unirse y llevar a cabo una denuncia colectiva contra el Gobierno español ante la Unión Europea. Piden la anulación de la Ley de Propiedad Intelectual que entró en vigor a comienzos de este año y se
aprobó en octubre del 2014.
El diario digital explica que la medida ha sido adoptada por un conjunto de diversas asociaciones en la red exponiendo como base de la denuncia unos argumentos muy claros. Según se puede leer en el escrito faltó notificación de la ley a la UE, existe incompatibilidad con varias directivas europeas y está generando inseguridad jurídica.
La denuncia conjunta ante la UE ha sido coordinada e interpuesta por la Asociación de Internautas (AI), la Asociación de Usuarios de Internet (AUI), la Internet Society Spain (ISOC-ES), la Asociación Española de Editores de Publicaciones Periódicas (AEPP) y la Asociación de Técnicos de Informática (ATI). Según Explica Víctor Domingo, Presidente de la Asociación de Internautas:
Hemos decidido interponer una denuncia para frenar esta incomprensible reforma de la LPI. Consideramos que toda ella es un ataque a los derechos de los usuarios, a la libertad de información y a la innovación en Internet.
Una de las claves para que esta denuncia tuviera éxito es explicada por la AUI, recordando que España nunca llegó a notificar a la Comisión Europea los cambios en la ley. Un ejemplo claro es el artículo 32.2 de la LPI, es decir, el que hace referencia al “Canon AEDE” y por el que finalmente han salido varios agregadores de noticias del mercado español como Google News. Según la AUI:
El hecho de que España notificara una versión inicial del Proyecto de Ley no exime de la obligación de notificar el artículo más relevante de esta reforma de la LPI [el 32.2], tal y como ha reconocido la Comisión.
Finalmente, las asociaciones explican que la restricción injustificada de la libertad de prestación de servicios de la propia reforma va en contra del artículo 56 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, de la Directiva sobre Derechos de Autor y por último del principio general de proporcionalidad.