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La CNE avisa de que la mayoría de contratos de gasolineras son nulos
• El pleno de la sala primera del Tribunal Supremo debatirá en septiembre la legalidad del sistema • Las petroleras marcan indebidamente el precio en más del 95% de las estaciones de terceros
Más del 95% de las gasolineras abanderadas por petroleras --propiedad o en gestión de terceros-- cuentan con contratos de suministro en exclusiva que pueden ser considerados nulos a la luz de la legislación comunitaria y española de la competencia.
Así lo advierten los servicios jurídicos de la Comisión Nacional de Energía (CNE) en un informe elaborado a petición del consejo de administración de la entidad presidida por Maite Costa. Pueden estar afectadas tres de cada cuatro gasolineras de las tres grandes operadoras --Repsol, Cepsa y BP-- que son gestionadas por terceros, unas 4.200.
PRECEDENTES LEGALES
El informe supone también la continuación de otro elaborado por la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) en el que se alertaba de que en la mayoría de los casos, las petroleras fijaban directa o indirectamente el precio de venta. Y eso sucedía aunque el gasolinero fuera en realidad un operador independiente y no un mero comisionista o franquiciado. Este mecanismo comercial no está permitido por la normativa europea de la libre concurrencia.
Los servicios jurídicos de la CNE estudian las repercusiones de dos sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) de Luxemburgo sobre los contratos de exclusiva de suministro de Cepsa. Aunque se centra en las estaciones de servicio abanderadas por esta compañía, las conclusiones de los fallos --el último de los cuales se produjo en septiembre del año pasado-- afectan al menos a las otras dos grandes operadoras, Repsol y BP.
UN MÍNIMO DE 4.400
Y en la medida en que tengan capacidad de incidir en el mercado, afectan también a las otras operadoras, advierte el estudio, un punto en el que coinciden medios jurídicos consultados. En ese supuesto, la nulidad contractual afectaría a un mínimo de unas 4.400 gasolineras, que suponen casi la mitad de todo el mercado español (9.046 a 31 de diciembre pasado, según la Asociación de Operadores Petrolíferos). El núcleo radica en los contratos de suministro en exclusiva de antes de la entrada en vigor del reglamento 2790/99 en el 2000.
Si a Repsol, Cepsa, BP se agrega ahora también a la portuguesa Galp, que absorbió las redes de Agip y Esso, estas cuatro operadoras controlan 8,5 de cada 10 estaciones de servicio abanderadas por una petrolera y suponen el 71% de todos los puntos de venta --incluyendo los de cadenas de hípers y los de marca blanca o independientes--.
Los juristas de la CNE concluyen que en la mayoría de los casos, las gasolineras, aunque sean propiedad de terceros, «se encuentran vinculadas a dichos operadores mediante contratos de suministro en exclusiva en régimen de comisión o con precios de reventa recomendados por el operador y, por tanto, les serían de aplicación estos criterios en sede judicial en caso de controversia contractual».
DEFENSA DE LA COMPETENCIA
El mismo informe recuerda las conclusiones de la dirección de investigación de la CNC en el que se determinaba que «el establecimiento de precios máximos y recomendados a los distribuidores minoristas supone una fijación indirecta de precios de reventa prohibida por el artículo 1 de la ley de defenda de la competencia». Este análisis adquiere aún mayor interés si cabe, dado que está previsto que en septiembre se celebre un pleno de la sala primera del Tribunal Supremo para debatir sobre la legalidad del sistema que se aplica en España.
El análisis realizado por la CNC destaca que más del 90% de los contratos suscritos por Repsol y Cepsa incurren en prácticas anticompetitivas de fijación directa o indirecta de precios. También señala que a lo largo de los últimos años, se habían reducido los competidores y que el masivo seguimiento de los precios recomendados había configurado un mercado con una «débil competencia intramarca e intermarca» y precios muy similares.
Fuentes del sector afirmaron que la Comisión Europea está pendiente de cómo se desarrollen las próximas decisiones del Supremo. En función de ello, «entrará con toda la fuerza en el mercado español de distribución de carburantes», explicaron.
