La presidenta de Castilla–La Mancha, María Dolores de Cospedal, utilizó el gabinete jurídico de la Junta para presentar una demanda por vulneración del derecho al honor contra Greenpeace, que difundió un informe en el que se relaciona a su marido con empresas supuestamente interesadas en la modificación de la Ley de Costas impulsada por el PP.
Cospedal echó mano de recursos públicos del Ejecutivo castellano–manchego para defender su buen nombre a pesar de que en el informe de 18 páginas en ningún momento se alude a su condición de presidenta de esa comunidad. Su nombre aparece en tres ocasiones y siempre relacionado con su marido, Ignacio López del Hierro, consejero de Gecina y Bami Newco, dos empresas con intereses inmobiliarios controladas por los empresarios Joaquín Rivero y Bautista Soler, ambos empresarios muy conocidos y con importantes intereses en el ladrillo. El vínculo es tan intenso, sugiere el informe, que ambos formaron parte del “puñado de invitados” que asistieron en 2009 a la boda entre López del Hierro y Cospedal, entre los que también se encontraba, además del hoy presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el actual ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete.
En la demanda, firmada por la directora del gabinete jurídico de la Junta, Alicia Segovia Marco, se argumenta que Greenpeace pretende "describir parte de la vida personal de la presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla–La Mancha y y relacionarla, a través de su esposo y la actividad profesional de éste y con datos de su esfera íntima que nada guardan relación con su profesión y son superfluos (...)".
Además, Cospedal pide al juez que inste a la ONG a rectificar la información y "al resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados con el pago de la cuantía de indemnización que mejor proceda conforme a derecho”. En definitiva, Cospedal pretende cobrar una indemnización, pero en vez de pagar un abogado de su bolsillo utiliza al de la Junta.
infoLibre ha intentado, sin éxito, recabar la versión oficial de la Consejería de Presidencia sobre este asunto.
La directora del gabinete jurídico justifica el hecho de que la Junta asuma la defensa de Cospedal en dos textos legales: la Ley 4/2003 de Ordenación de los Servicios Jurídicos de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla–La Mancha, que en su artículo 5.4 establece que la Junta se someterá en sus actuaciones judiciales a las mismas normas que rigen para el Estado, y la Ley 52/1997 de 27 de noviembre de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, donde se indica que los Abogados del Estado podrán asumir la representación y defensa en juicio de las autoridades "cuando los procedimientos se sigan por actos u omisiones relacionados con el cargo".
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