Denuncian a la SGAE ante la Fiscalía Anticorrupción
La Asociación de Internautas (AI), Asociación de Usuarios de Internet (AUI), Asociación Española de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías (APEMIT) y, la Asociación Española de Hosteleros Víctimas del Canon (VACHE), obligados por la Ley de Enjuiciamiento Criminal (art. 264), han puesto en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción los hechos publicados en diferentes medios de comunicación, sobre supuestas ilicitudes cometidas en la gestión económica de los recursos de la Sociedad General de Autores y Editores.
A título de ejemplo, uno de los artículos periodísticos referidos asegura que los resultados económicos de una filial de la SGAE, Iberautor, “debe su facturación (que ha rondado entre 2002 y 2005 los 10 millones de euros anuales) fundamentalmente a SGAE, que aportó el 93% del total en 2004 y el 84% en 2005. La factura de 2005 equivale al 3,4% de todo el dinero recaudado ese año por SGAE como derechos. No se especifican las actividades de Iberautor porque, aclaran, eso puede “provocar perjuicios” a la sociedad. En el caso de SDAE, el 99% de su facturación la obtiene de SGAE”.
Cuanto ha aparecido en los medios de comunicación, se presenta como indicios probatorios más que suficientes para poder plantear una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción. Todas las presunciones expuestas deben ser investigadas, por si de ello se pudiera deducir la existencia de los delitos de apropiación indebida (Arts. 252 al 254 del Código Penal), de estafa (Arts. 248 a 251 del Código Penal) e incluso de fraude de subvenciones (Artículo 308 y siguientes del Código Penal) que la SGAE hubiera recibido como ayuda para desempeñar su actividad de protección de la cultura.
El posible incumplimiento de determinadas obligaciones y, el aprovechamiento personal y económico de los privilegios legales vigentes en la LPI, han llevado a nuestras asociaciones a poner de manifiesto ante la Fiscalía Anticorrupción la necesidad de aclarar el entramado societario de la SGAE, de la participación sus socios y directivos en ésta, e incluso, a poner de manifiesto la subsidiaria culpa in vigilando del Ministerio de Cultura, por ser el principal fiscalizador de la actividad de este tipo de sociedades.
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