Junts pel Sí y CUP presentaron ayer un escrito donde anunciaban un acuerdo para comenzar un Estado catalán independiente y con forma de República. Un tratado que con su mayoría en el Parlamento de Cataluña se compromete a secesionarse de España para construir un nuevo estado.
En el pasado más reciente democrático, ha existido otro caso que ha buscado un acuerdo administrativo y nacional con el estado español, llamado Plan Ibarretxe. Este plan vasco ha seguido los cauces constitucionales y en ningún momento derivó hacia reclamaciones ilegales o fuera del marco normativo español.
En 2001 Juan José Ibarretxe, por entonces Lehendakari del País Vasco por el partido político PNV, anuncia a la ciudadanía que en las elecciones autonómicas y si cuenta con el beneplácito de la ciudadanía, emprenderá un camino político nuevo en las relaciones entre Euskadi y España mediante un plan soberanista. Anuncia su intento por crear un Estado libre asociado de España. Cuestión dentro del PNV que no es nueva. En 1986 el Lehendakari Ardanza anunció a los partidos vascos que emprendería un proyecto igual, que fue rechazado tanto por los partidos de ámbito vasco como por Felipe González (PSOE) y los partidos estatales. En esa época el PNV se quedó solo y desechó esa vía, aunque entendía que podía funcionar tanto para los nacionalistas vascos como para los vascos de sentimiento español.
Ibarretxe fue a las elecciones en una coalición con EA, un partido independentista que fue una escisión del PNV en los ochenta, y consiguieron el 42,72% de los votos. La izquierda abertzale consiguió el 10,12% de los votos y Ezker Batua – IU el 5,58%. En Parlamento vasco aprueba el plan de nuevo estatus político para la comunidad de Euskadi en navidades del 2004, con los 39 (75) votos a favor de PNV/EA, EB-IU y tres diputados de la izquierda abertzale. En contra 35 votos, con PP, PSOE y los otros tres diputados de la izquierda abertzale. Estos últimos querían simbolizar su rechazo al plan pero su apuesta por este nuevo modelo político para Euskadi. Sumados los votos de la ciudadanía de los partidos del sí con una participación del 78,97%, un 58,42% de los electores validaron el plan, validando también su legitimidad en el ámbito vasco.
En febrero de 2005 Juan José Ibarretxe defiende su plan en el Congreso y con una abrumadora mayoría, de 313 votos en contra, 29 a favor y 2 abstenciones es rechazado. El plan parece acabarse tras seguir los pasos que dictan el Estatuto de Autonomía de Gernika y la Constitución española pero Ibarretxe anuncia una consulta popular sobre el futuro vasco. En las elecciones autonómicas de abril de 2005 el PNV/EA ganan con el 38,67% de los votos. La izquierda abertzale suma el 12,44%, Aralar (partido escindido de la izquierda abertzale) 2,33% y EB-B el 5,37%. Los antiguos valedores del Plan Ibarretxe y dentro de los favorables a la soberanía suman el 58,81% de los votos de los electores. La consulta no se llevará acabo porque el PNV entendió pese a la victoria y la legitimidad que las elecciones le dieron, a pesar de la negativa del Congreso español, que en ese bloque había ya voces contrarias al plan (la izquierda abertzale) y que eran tiempos nuevos y diferentes.
El caso catalán difiere del vasco en cuanto a la representatividad de los que quieren cambiar el estatus político de la comunidad autónoma y el refrendo de los votos en las urnas. En 2006 se vota en el Parlamento de Cataluña un nuevo Estatuto de Autonomía catalán, el cual será rechazado por el Tribunal Constitucional. En 2009 comienzan a celebrarse consultas populares por asociaciones independentistas para saber la voluntad de los vecinos de esos municipios sobre la independencia de Cataluña. Entre 2010 y 2013 hay manifestaciones multitudinarias por toda Cataluña movilizando a la ciudadanía en términos de nación catalana. Artur Mas, Presidente de Cataluña por el partido político CIU, anuncia una consulta soberanista por el derecho a decidir de los catalanes. El Congreso de los Diputados prohíbe el referéndum ya que el Parlamento catalán no tiene competencias para llevarla a cabo y el President Mas, con el apoyo de otros partidos del parlamento catalán, convoca una consulta mediante participación ciudadana para el 9 de Noviembre de 2014 y el Tribunal Constitucional la suspendía cautelarmente. La consulta se produce y con una participación del 37.02% de los electores catalanes, tenían derecho a voto los extranjeros con residencia en Cataluña y los menores nacionales de 16 y 17 años, un 80,76% de los mismos responde que sí quiere que Cataluña sea un Estado y que sea independiente.
Artur Mas presenta un Plan para conseguir la independencia de Cataluña en 18 meses y las elecciones se adelantan al 27 de Septiembre de 2015, siendo de “carácter plebiscitario para la independencia de Cataluña”. Los partidos constitucionalistas no aceptan su carácter de plebiscito, al ser legalmente unas elecciones al parlamento de Cataluña.
En las elecciones existen dos bloques. El primero, que entiende las elecciones como plebiscitarias: Junts pel Sí (Coalición entre CDC de Mas, ERC y diferentes movimientos y asociaciones a favor de la Independencia) y CUP. Los segundos, que entienden las elecciones como unas elecciones para elegir el nuevo parlamento autonómico catalán (Ciudadanos, PSOE, Catalunya Sí que es Pot, PP y UDC que había acabado su sinergia con CDC en CIU). Los ciudadanos y electores de Cataluña entienden perfectamente el panorama político que se da y son conscientes del carácter especial de estas elecciones.
Junts pel Sí ganará las elecciones con el 39.59% de los votos y CUP obtendrá un 8,21%. El 47,8% de los electores catalanes, con una participación del 74.95%, validarán el llamado plebiscito. Los escaños sumados de Junts pel Sí y CUP darán una mayoría absoluta de 70 (135), siendo necesarios 68. Aun así la CUP admitirá que el plebiscito se ha perdido y alegará una vez más que nunca votará a favor de Artur Mas para que sea Presidente de Cataluña.
Ayer martes, las dos formaciones impulsaron aprobar en el Parlamento catalán un Estado independiente y con forma de República, con la representatividad del 47,8% de los electores catalanes.
Hay una diferencia fundamental entre legalidad y legitimidad. Todo plan que busque la independencia sin el beneplácito o el acuerdo con el estado, siempre será ilegal. Pero puede ser legítimo, al tener la legitimidad de los votos del pueblo es las urnas. De la representatividad de una mayoría social ciudadana, que ampare un proceso soberanista legítimo. Para ello hace falta que una mayoría rubrique un asunto de tanto calado e importancia como es independizarse para conformar un nuevo estatus político y jurídico.
