Directivos de las principales operadoras, implicados en la venta de datos

Directivos de las principales operadoras de telefonía de España y funcionarios de Hacienda han sido detenidos en el marco de la Operación Pitiusa, que, según el Ministerio del Interior, ya ha provocado más de 70 detenciones, principalmente de detectives privados que traficaban con datos confidenciales de ciudadanos y empresas.

Según han confirmado fuentes del sector de la telefonía a El Confidencial, cargos de Vodafone, Movistar y Orange de diversos puntos de España fueron imputados en la operación. Una de las implicadas es Beatriz F., responsable de Orange en Madrid. También figura como implicado Cristian O., responsable de Atención al Cliente de Vodafone en el País Vasco. Otro detenido es Javier A., titular de una tienda oficial de Movistar en Andalucía. “Ahí se sacaban facturas detalladas, a quién llamaba el investigado o quién le llamaba, identificación de números de teléfono...”, señala a El Confidencial uno de los detectives que había utilizado alguna vez los servicios de la red y que reconoce que tiene “varios amigos” implicados en la misma.

Fuentes del sector de la investigación señalaron a este diario que el modus operandi de la organización desarticulada se basaba en “extraer datos confidenciales de Hacienda, Tráfico, Inem, catastro, o historiales médicos de personas investigadas. Entre los detectives, era ya conocida la filiación de algunos de los integrantes de la organización, aunque no se sabía que pudiesen conformar una red organizada”. Un detective subraya también que “por algunos informes se pagaban en el mercado hasta 30.000 euros, pero eran completísimos, incluso se puede decir que eran baratos por la cantidad de datos que aportaban, porque dejaban completamente desnudo al investigado debido a la cantidad de información que aportaban”. Y añade que, además, “también comenzaban a circular listados de movimientos de cuentas de españoles en el extranjero, principalmente en Suiza, a precios que rondaban los 100.000 euros”.

Otro prestigioso detective consultado por El Confidencial reconoce que “hay trapicheos con muchas empresas y con administraciones. Para ser honestos, creo incluso que no hay ni un solo detective que, en un momento dado, no haya comprado un dato, ya sea para un informe financiero o laboral. Incluso en un caso de divorcio, si un señor es alcohólico y tiene varias multas por eso, la esposa necesita su verificación para que no pueda tener la custodia de los hijos, por ejemplo. Y eso se consigue de modo subrepticio”.

Este profesional detalla a este diario el coste de los servicios que ofertaba la red desarticulada: “Por saber dónde trabaja un señor, se cobran 50 o 60 euros. Por un historial laboral completo, se pagan 100 euros. Por una declaración de renta, entre 1.500 y 2.500 euros. Por un 347 [relación de los clientes de una empresa], entre 2.500 y 3.000 euros. Por un 349 [relación de proveedores de una empresa], igual. Estos dos últimos son importantes para investigar casos de espionaje industrial. Saber los vehículos a nombre de un ciudadano, 50 0 60 euros. Por unos antecedentes penales, entre 50 y 60 euros... Estos precios, por supuesto, eran de coste, porque lo que yo cobraba después al cliente era más, ya que debía incluir mis honorarios.”

De las garras de la red desarticulada no se libraba ningún dato confidencial, ya que lo mismo sustraían de las bases de datos oficiales historiales laborales que listados de llamadas, propiedades o declaraciones de Hacienda. Por este motivo, fueron arrestados en el marco de la operación policial empleados de la Agencia Tributaria, de la Hacienda Foral del País Vasco y del catastro.

El enfado de una secretaria

Según informaciones que circulan en el sector de la investigación privada, el tema comenzó hace un año en Barcelona. “La detective Cristina P., compañera sentimental de un comandante del Ejército, despidió a una secretaria. Por lo que parece, aquella no le pagó o no llegaron a un acuerdo económico y la secretaria se fue directamente a la Policía a denunciar que traficaba con datos confidenciales. Pueden vestir el tema como quieran, pero ahí empezó todo”, dice el propietario de una gran agencia de investigación a este diario. A partir de ese momento, comenzó la investigación por parte de la Unidad de Seguridad Privada de la Policía de Barcelona. Al extenderse la ramificación a otros lugares de España (hay implicados en Cataluña, Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, País Vasco, Asturias, Cantabria, Valencia, Andalucía y Murcia) se incorporó a la investigación la unidad de Seguridad Privada de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana.

Luego, se descubrió que varios detectives bebían de las mismas fuentes y que utilizaban a algunos intermediarios para hacerse con información confidencial de Hacienda, la Seguridad Social, Tráfico u otros registros. Sara D., una de las implicadas en la investigación que hasta hace poco formaba parte de la plantilla de uno de los grandes bufetes de investigación y ahora dirige su propia agencia, negó a este diario que traficase con información. ”No quiero saber nada de ese tema. Cuando se levante el secreto de sumario, ya veremos qué es lo que tienen, porque yo nunca he trapicheado con información confidencial. De momento, no haré ninguna declaración”.

Un conocido detective señala también a El Confidencial que “algunas de las principales agencias de investigación privada están implicadas o tienen alguna persona implicada en esta red”. Otro investigador privado incluso reconoce que “a mí me ofrecieron datos confidenciales. Además, si encargaba muchos datos, me realizaban una rebaja del precio. Por cada declaración de la renta, por ejemplo, se pedían unos 1.500 euros. Y por una declaración a terceros de una empresa se podían pedir hasta 3.000 euros. El señor que me contactó, me visitó en el despacho e incluso llegué a grabar la conversación. Como lo que proponía era algo ilegal, preferí no entrar en ese cambalache”.