Un magistrado del Supremo asesoró al principal imputado en un caso de corrupción en Lanzarote
El imputado, Luis Lleó Kuhnel, también fue asesorado por otro magistrado de la Audiencia Provincial de MadridUna queja ante el Consejo del Poder Judicial aflora cómo Aguallo Avilés y Sánchez Yllera
sugerían fórmulas para evadir impuestosEl magistrado de la Audiencia
recomendaba a su cliente cómo desprestigiar al político del PSOE que denunció la trama de corrupciónAmbos
compatibilizaban irregularmente su asesoramiento al empresario
con su condición de letrados del Tribunal Constitucional
Dos magistrados en ejercicio, uno en el Tribunal Supremo y el otro en la Audiencia Provincial de Madrid, asesoraron en 2008, cuando eran letrados del Tribunal Constitucional, al principal encartado en un caso de corrupción descubierto en la isla de Lanzarote, el caso Unión. Ángel Agüallo Avilés e Ignacio Sánchez Yllera aparecen en los correos electrónicos intervenidos por la Guardia Civil
al empresario Luis Lleó Kuhnel, el cerebro de una operación que incluyó el intento de soborno del ex consejero de Ordenación del Territorio del Cabildo de Lanzarote, Carlos Espino (PSOE), autor de una queja presentada hace unos días ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que ahora hace aflorar estas complicidades.Ambos magistrados
utilizaban sus cuentas de correo electrónico oficiales del Tribunal Constitucional para asesorar a Luis Lleó en materia de evasión de impuestos y hasta en fórmulas para desacreditar socialmente al político socialista que denunció los intentos de soborno a los que fue sometido por un emisario del empresario al que los juristas asesoraban.
Informes de la Unidad Central Operativa (UCO), de la Guardia Civil, citados por Carlos Espino en su queja ante el CGPJ,
identifican a Ángel Aguallo Avilés, magistrado de la Sala Tercera del Supremo, como “uno de los autores intelectuales” de un dictamen en el que se recomendaban a Lleó los pasos a dar para que una de sus empresas, Residencial Costa Roja, tributara como sociedad patrimonial para obtener una tributación muy inferior a la legalmente establecida a pesar de no cumplir con los requisitos necesarios. Junto a Aguallo, la Guardia Civil atribuye la coautoría de ese informe al inspector de Tributos del Ayuntamiento de Sevilla Ignacio Pérez Royo.
Residencial Costa Roja era la promotora de un gigantesco proyecto urbanístico de igual nombre en el municipio lanzaroteño de Yaiza por el que s
e ejecutó un complejo de mil viviendas y otros equipamientos sin autorizaciones administrativas que resultó declarado ilegal tras muchas vicisitudes por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Forma parte del lote en el que hay una quincena de hoteles y complejos turísticos ejecutados al margen de las prescripciones del Plan Insular de Ordenación del Territorio de Lanzarote del que es autor y garante el Cabildo de Lanzarote. De ahí que se pretendiera sobornar al político responsable del área urbanística de esa Corporación local.
Carlos Espino, que denunció los intentos de soborno en las dependencias centrales de la Guardia Civil, en Madrid, para evitar las lógicas contaminaciones locales, se prestó durante un año a hacer de señuelo del instituto armado hasta conseguir grabar muchas conversaciones presenciales que permitieron desarticular la trama en la que hay más de cien imputados y más de una decena de piezas separadas.
En su dictamen, Aguallo y Pérez Royo recomendaban a Lleó que disolviera la sociedad Residencial Costa Roja y diera entrada a otras personas como accionistas. Este último consejo fue ejecutado, pero la UCO sospecha que dando entrada ficticia a dos nuevos partícipes “solamente de manera documental”.
El magistrado, actualmente en la Audiencia Provincial de Madrid, ejercía como letrado del constitucional en 2008 en régimen de excedencia por servicios especiales y también asesoró al principal encartado en la operación Unión. De hecho,
la Guardia Civil sospecha que el pago del asesoramiento jurídico se efectuaba a través de su pareja, la abogada María José García Vizcaíno, que giraba las facturas por “los servicios relacionados con Residencial Costa Roja, Ignacio Pérez Royo y Ángel Aguayo”.
El síndrome del gobernador de Nueva York
El 5 de febrero de 2008 aparece un correo enviado por Ignacio Sánchez Yllera comentando a Luis Lleó su temor a que “tus cosas familiares (consultores-inmuebles) vayan a estallar por los aires”. El magistrado advertía a su cliente de que podría verse envuelto “en otra causa penal”.
Este juez, que ha saltado recientemente a la actualidad por ser autor de la sentencia que condenaba a 22 años al asaltante de la casa de los Bárcenas, remitió a su cliente el 19 de marzo de 2008 un correo electrónico desde su cuenta personal en el que aconsejaba aislar socialmente al denunciante de la trama de corrupción: “Cuantos más amigos tengan a Espino como enemigo… mejor para ti y para el futuro”. Y añadía: “Deja que Carlos Espino muerda el anzuelo porque le pasará como al gobernador de Nueva York”.
El gobernador de Nueva York al que se refería el magistrado en sus consejos a Luis Lleó no es otro que Eliot Spitzer, que se veía obligado a dimitir por aquellas mismas fechas (exactamente dos días antes, el 17 marzo de 2008) tras difundirse que había mantenido relaciones sexuales con una prostituta de lujo. Spitzer había llegado al cargo de gobernador de Nueva York precisamente prometiendo que iba a erradicar la corrupción.
Ignacio Sánchez Yllera era, en esos momentos, letrado del Tribunal Constitucional con destino en la Audiencia Provincial de Madrid y jefe de Gabinete de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, del mismo partido que el cargo lanzaroteño denunciante de los hechos. Alguna “sugerencia” le llegó desde La Moncloa, reconoce seis años después Carlos Espino.Sánchez Yllera, que fue jefe de Gabinete de Fernández de la Vega, facturaba a través de su pareja, la abogada María José Vizcaíno
http://www.eldiario.es/canariasahora/po ... 73111.html¿alguna duda de por qué gusta tanto una aforamiento?
