El estado tendra q pagar 1.494 millones a Abertis por el bajo uso de la AP-7
Una sentencia establece que la concesionaria de autopistas tiene "derecho incondicional" de compensación por la caída del tráfico en la crisis
El Estado tendrá que pagar 1.494 millones a la concesionaria de autopistas Abertis para compensarla de la caída del tráfico durante la crisis en la autopista de peaje AP-7. Así se desprende la sentencia favorable a Abertis dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Los jueces dan la razón a la empresa en el contencioso que mantiene desde 2015 con el Ministerio de Fomento.
En la sentencia, a la que ha tenido acceso este diario, el tribunal establece que en el convenio firmado por el Gobierno socialista de la época con Acesa, filial de Abertis, en 2006, "era de facto el Estado el que había asumido en su día los riesgos de mercado derivados de la concesión". Si caía el tráfico, Abertis tenía "derecho incondicional de cobro" al no cumplirse las expectativas previstas en el contrato de concesion. Era ministra de Fomento en el momento de la firma, Magdalena Álvarez. Se trata del tramo entre Tarragona y La Jonquera.
Al llegar la crisis económica, el uso de la AP-7 batió todas las expectativas a la baja y se ha acumulado la citada deuda de 1.494 millones que el Estado deberá abonar al término de la concesión en 2021, aunque el Ministerio de Fomento tiene aún derecho a recurrir.
De momento, los accionistas de Abertis celebraron la victoria judicial con una subida en Bolsa en las primeras horas de sesión cercana al 3%, sobresaliendo en el Ibex.
En el caso de que finalmente todas las instancias judiciales les den la razón a Abertis, la compañía terminará cobrando unos 2.220 millones, puesto a que la compensación por la caída de tráfico hay que añadir el importe de las obras realizadas en la vía, que el Ministerio no discute en este caso.
La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid estima "íntegramente" todo el recurso que Abertis planteó en 2015 contra Fomento. Abertis contabilizaba su derecho a cobro como activo financiero y la entonces ministra de Fomento, Ana Pastor, exigía que lo hiciera como inmovlizado intangible, puesto que cuestionaba que tuviera tal derecho incondicional de cobro. Los jueces establecen que no hay duda de que Abertis lo tiene.
En el acuerdo con Fomento de 2006, ratificado mediante Real Decreto en Consejo de Ministros, la compañía de concesiones se comprometía a realizar ampliaciones y mejoras en la AP-7 y a aplicar descuentos en los peajes, a cambio de que el Estado asumiera el riesgo del tráfico de la autopista si el volumen de usuarios no alcanzaba ciertos niveles.
Según Abertis, a partir de 2012 Fomento indicó que no consideraba la compensación por tráfico como parte del saldo del convenio y, además, planteaba dudas respecto a la forma en que la compañía lo estaba contabilizando en sus cuentas.
El grupo lo registraba como activo financiero, lo que le permitía incluirlo cada año en sus cuentas y además generaba un derecho de cobro, mientras que Fomento defendía que se trataba de un activo intangible.
Abertis planteó entonces un recurso, según Europa Press, contra esta consideración de Fomento, que este Departamento rechazó en junio de 2015, lo que llevó a la empresa a recurrir en septiembre de ese año al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, órgano judicial que en una sentencia con fecha del pasado 7 de marzo, da ahora la razón a la compañía.
En paralelo, en 2015 el grupo de concesiones también elevó el contencioso al Tribunal Supremo. La compañía tomó esta decisión después de que remitiera un escrito al Consejo de Ministros para pedir que "ejerciera su potestad de interpretación de contrato de la AP-7 en relación con la compensación de los tráficos", y el Consejo de Ministros lo desestimara por "silencio administrativo".
A pesar de lograr el respaldo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Abertis asegura que mantendrá "su actual criterio de prudencia contable" respecto al derecho de cobro de la AP-7. Fuentes de la compañía subrayan que en este litigio se limitan a defender los intereses de sus accionistas.
Este contencioso se suma a otro que Abertis también tiene con Fomento en el Supremo, por el desequilibrio económico que presenta un tramo de la AP-7 en Valencia, en este caso por la construcción de vías alternativas libres de peaje.
Además de estos litigios, el Ministerio de Fomento mantiene negociaciones con los dueños de la deuda de las autopistas radiales de Madrid sobre el coste final que tendrá la reversión al Estado de estas infraestructuras al haber entrado las concesionarias en concurso de acreedores. La factura total para el erario es aún incierta.
Orgulloso de un pais lleno de emprendedores.