El final de la 'barra libre' en Internet se acerca a España

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El final de la 'barra libre' en Internet se acerca a España

Publicado el 27-01-09 , por Ignacio del Castillo y Javier Montalvo

La semana pasada, el presidente de la SGAE, Teddy Bautista, anunció que las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual estaban a punto de cerrar un acuerdo con Redtel, la patronal de las grandes operadoras de telecomunicaciones.

El objetivo era implantar un sistema, inspirado en el modelo francés, que entorpezca la descarga, a través de Internet, de contenidos protegidos por copyright, una actividad que se ha convertido en la pesadilla de la industria discográfica y cinematográfica.

Las redes de intercambio de archivos como eMule y las cada vez mayores velocidades de los accesos han permitido agilizar estas prácticas. Además, diversas sentencias judiciales no han considerado delictivas estas actividades siempre que se realicen sin ánimo de lucro.

Advertencias del Gobierno
El anuncio de Bautista disparó todas las alarmas en el activo colectivo de los internautas. Los usuarios recordaban que, a finales del pasado año, el ministro de Cultura, César Antonio Molina, declarado partidario de las entidades de gestión de derechos, había pronunciado unas ominosas palabras que no auguraban nada bueno para los entusiastas de la barra libre en Internet. Molina señaló que de forma inminente se implantarían medidas �muy impopulares� contra estas prácticas.

Además, el entorno internacional aprieta cada vez más. Tres de los grandes de Europa, Reino Unido, Francia y, muy recientemente, Italia, han anunciado soluciones basadas en un modelo de avisos y posterior restricción de los servicios. El más categórico ha sido Francia, con un sistema de tres avisos a los usuarios que utilizan masivamente las redes P2P.

Reino Unido también pareció unirse a esta corriente, aunque aún no se ha alcanzado un acuerdo político y parece que se van a estudiar otras soluciones menos intrusivas, como un canon a las líneas de banda ancha. Y la más reciente ha sido Italia, que ha anunciado que se inclinará por el modelo francés.

El sistema tiene fuertes detractores, puesto que es necesario conocer el tipo de tráfico que cursa cada usuario, y eso supone una invasión de la intimidad. Consiste en que el operador detecta que en el tráfico de un cliente se incluyen archivos protegidos por copyright y, entonces una entidad administrativa �un consejo estatal en el caso francés� toma la decisión de advertir al usuario. Si el cliente desoye las advertencias, recibe una sanción.

Aunque inicialmente se pensó en la desconexión del usuario rebelde, todo parece indicar que se acabará tratando de una reducción significativa de la velocidad de descarga o, incluso, de un filtrado de los contenidos procedentes de redes P2P.

En realidad, por el momento, y aunque parece claro que hay conversaciones a varias bandas �principalmente, entre las operadoras y las entidades de gestión de derechos, con la intervención de los ministerios del ramo, es decir, Cultura e Industria� la realidad es que el principio de acuerdo está aún muy lejos. Uno de los problemas para alcanzar un pacto es que los interlocutores de un bando están muy claros y muy coordinados, pero los del otro, no.

Así, la asociación Redtel es el representante de los operadores. Sólo agrupa a los cuatro más grandes del sector (Telefónica, Ono, Orange-Ya.com y Vodafone-Tele2), pero éstos controlan el 90% de las 9 millones de líneas de banda ancha que existen en España en estos momentos. Del otro lado, los interlocutores son variados y variopintos: desde entidades de gestión de derechos, a las majors, los fabricantes de software y la industria discográfica.

A nadie se le oculta que la llave real para limitar estas prácticas está en manos de los operadores de telecomunicaciones. Son ellos los que tienen la posibilidad técnica de conocer el tipo de tráfico que realizan los clientes y tomar medidas sobre esas líneas. Pero lo que también está claro es que los operadores no se van a mover ni un milímetro mientras no exista un compromiso claro de la Administración de liderar este movimiento.

Un compromiso que se traduzca en alguna normativa de obligado cumplimiento y, a ser posible, con rango de Ley. La razón no se basa sólo en su intención de no aparecer como los malos de la película �que también� sino por estrictas razones jurídicas. Por ejemplo, la Ley de Defensa de la Competencia prohíbe expresamente a los competidores de un sector cualquier tipo de acuerdo que restrinja los servicios a los usuarios.

Pero el Gobierno tampoco lo tiene claro. Muchos en el gabinete recuerdan aún el desgaste sufrido con el canon digital y no quieren que se repita. Además, si la norma que ampare al nuevo sistema debe pasar por el Parlamento, los riesgos políticos se multiplican, porque más de un grupo tendría la tentación de desmarcarse de cualquier consenso y hacer oposición con algún alarde populista basado en �la irrenunciable defensa de la intimidad de los internautas�.

Cambio de intereses
Sin embargo, también es cierto que el viento de la historia sopla a favor de algún tipo de intervención. Incluso la postura de los operadores está cambiando por la propia evolución de su negocio. Las redes P2P han sido un poderoso estímulo para la demanda de la banda ancha, más decisivo, aunque les pese a los políticos, que los sucesivos planes digitales de los gobiernos del último decenio.

El miedo a una desconexión masiva por parte de los usuarios era un miedo real para los operadores. Pero, ahora, con 9 millones de líneas y casi un 50% de penetración, la nueva demanda de la banda superancha �los accesos a 100 megas, el negocio de los próximos años� sólo se producirá si hay contenidos audiovisuales de calidad. Sobre todo, películas en alta definición. Y en ese escenario, las redes P2P pasan a convertirse en una amenaza.