Todo estaba preparado. En Madrid y en Buenos Aires. La juez agentina en cuyas manos cayó la querella por los crímenes del franquismo tras el procesamiento de Baltasar Garzón esperaba con todo el equipo ya preparado escuchar por videoconferencia los tres primeros testimonios de las víctimas. Merçona Puig Antich, hermana de Salvador, ejecutado a garrote vil el 2 de marzo de 1974, Fausto Canales, hijo de un fusilado llevado sin consentimiento familiar al Valle de los Caídos, y Pablo Mayoral, parte del consejo de guerra por el que finalmente fue fusilado Xosé Humberto Baena a apenas dos meses de la muerte de Franco, entraron en el consulado argentino de Madrid para contar su historia. Pero tras tenerles hora y media esperando, les comunicaron que las videoconferencias con la juez se habían suspendido. La razón: el Gobierno había manifestado su malestar por el procedimiento y paralizado las declaraciones.
Según explicó la propia juez en un escrito, con todo ya preparado para empezar a tomar declaración a las víctimas, recibió una llamada del embajador argentino en España comunicándole que el Gobierno le había trasladado su “malestar” por el procedimiento. En concreto, le dijo que el director de asuntos consulares español le había comunicado que el procedimiento que iban a iniciar podía ser nulo y que para tomar declaración a las víctimas, como se disponía a hacer, tenía que solicitar una comisión rogatoria. Ante la amenaza de una queja formal ante la embajada argentina, según fuentes jurídicas, la juez decidió suspender las videoconferencias.
La nota verbal que el director de asuntos consulares español ha hecho llegar a la embajada argentina en Madrid asegura, efectivamente, que para poder llevar a cabo la toma de declaraciones, y en virtud del convenio bilateral de extradición y asistencia judicial en material penal firmado el 3 de marzo de 1987, la juez debía comunicarlo debidamente al Gobierno español y solicitar una comisión rogatoria.
“Esto es un maltrato. Otro más”, lamentaba Fausto Canales, una de las víctimas del franquismo que debía contar su historia hoy a la juez.
Las víctimas, que acudieron a la justicia argentina después de que el juez Baltasar Garzón fuera procesado –y finalmente absuelto- por abrir una causa contra el franquismo, han solicitado a la juez la imputación de una decena de cargos de la dictadura, entre ellos, José Utrera Molina, suegro del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, o Rodolfo Martín Villa. Aunque la suspensión de las declaraciones es un nuevo varapalo, prometen seguir haciendo presión para que su causa avance ahora desde Buenos Aires.
Derecha rancia en estado puro.
