Y que lo digas... ¿será su empalme como el de Nacho Vidal? Entonces harán falta varias manos para meterle la ídem
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El juez de Nóos acusa al Consell de no respetar la ley y los intereses generales
Considera Castro que tanto el Gobierno Balear como el valenciano son "merecedores del más intenso reproche ético y jurídico" por dar dinero a Urdangarin
15:35
EUROPA PRESS, VALENCIA El juez instructor del caso Nóos, José Castro, quien este miércoles ha decretado una fianza de responsabilidad civil de 8,1 millones de euros al Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y a su exsocio Diego Torres, ha aseverado en su auto que ambos no son "los únicos criminalmente responsables" y ha reprochado en este contexto el papel que desempeñaron las Administraciones públicas y más en concreto de quienes gestionaban el dinero que acabó desviado.
En una resolución de 542 páginas, a la que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado llega a afirmar que se limita a imponer la caución a Urdangarin y Torres "por exigencia de congruencia" con las peticiones de la Fiscalía Anticorrupción y el sindicato Manos Limpias, al considerar que "deviene imposible imaginar una disposición de fondos públicos en la que no intervenga de una manera activa o pasiva quien tiene encomendada su gestión".
De hecho, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma asevera que los responsables de las Administraciones de Baleares y la Comunidad Valenciana, de las que el Instituto Nóos percibió el dinero supuestamente defraudado, son "merecedores de más intenso reproche ético y jurídico en tanto estarían quebrantando el especial deber que sobre los mismos pesa en orden a la correcta gestión de los fondos públicos que les han sido confiados".
En cualquier caso, añade que "se habrá de silenciar en este momento cualquier pronunciamiento sobre las restantes personas, a reserva de lo que el futuro procesal de esta causa pueda depararles", centrando así sus consideraciones en la "esfera privada", en la que "existen suficientes indicios de que su protagonismo recae, de una parte, sobre don Iñaki Urdangarin y don Diego Torres y, de otra, sobre una serie de personas, unas perfectamente identificadas y otras que previsiblemente lo estarán" por haber "colaborado de manera diversa en la actividad delictiva".
Al hilo de lo anterior, Castro asevera que son "muy intensos y variados" los indicios de que fueron ambos quienes "impusieron la redacción de los distintos convenios" rubricados con las Administraciones, "calcados en gran parte los de una Comunidad a los de la otra y fijaron unilateralmente el precio que en todos los casos fue asumido sin discusión ni contraste por los responsables de las distintas Administraciones públicas".
Asimismo, respecto al hecho de que los servicios contratados por Baleares y la Comunidad Valenciana con Nóos se amparasen en la fórmula del convenio de colaboración, el juez apunta que para saber si se trata de un "auténtico convenio de colaboración no radica en que a sus intervinientes se les haya ocurrido la feliz idea de llamarlo como tal para liberarse de la esclavitud de los rigores contractuales administrativos, sino su naturaleza intrínseca".
Con ello el magistrado se aviene a recalcar que, "le llamen como le llamen", quedará sujeto a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en contra de un extenso dictamen jurídico aportado recientemente por el Duque que avalaba que los convenios no estaban sujetos a la contratación pública, de forma que, a juicio del autor del informe, no cabía supervisar o auditar el precio abonado por los Ejecutivos autonómicos como contraprestación.
En lo que a las mercantiles del entramado urdido por los dos exsocios se refiere, que facturaron al Instituto Nóos después de que éste cobrase de las Administraciones, Castro precisa que "por supuesto nada impide a sociedades mercantiles facturar a una asociación sin ánimo de lucro", sino que "la sospecha surge cuando quienes supuestamente libran las facturas y quienes, también supuestamente, tienen que abonarlas vienen a ser los mismos y cuando además asaltan más que serias dudas sobre la realidad de los servicios que se dicen facturados".
El juez recalca asimismo cómo los encargos contratados por las Administraciones con Urdangarin y Torres, a través de sus sociedades, "no respondían a necesidades sentidas por aquéllas y que estuvieran llamadas a satisfacer a través de aquéllos como de cualquier otro proveedor".
"La necesidad no existía y fue expresamente fabricada para que se ajustara al ofrecimiento que le hacían don Iñaki Urdangarin y don Diego Torres", apostilla el instructor de la causa, "de tal manera que si la oferta no se hubiera producido la necesidad no hubiera nacido". Es más, afirma que al tratarse de acuerdos puramente verbales, "más grave aún en atención a su elevado importe, quedaban extramuros de cualquier normativa que, en otro caso, pudiera regularlos".
Castro anima a la Generalitat a adherirse a la fianza
El juez Castro insinúa en el auto su perplejidad porque el Gobierno Valenciano no haya solicitado parte de la fianza civil como perjudicada directa del caso
16:21
EFE, VALENCIA El juez instructor del caso Nóos, José Castro, ha fijado una fianza solidaria de responsabilidad civil de 8,1 millones para Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres, y ha indicado a la Generalitat la posibilidad de adherirse a dicha reclamación de fianza. Castro libra oficio al presidente de la Generalitat para ofrecerle la posibilidad de ser parte en la reclamación de la fianza civil, lo mismo que hace con el director general de la Ciudad de las Artes y las Ciencias SA (CACSA) y el director de la "Fundación Turismo Valencia Convencion Bureau".
En un auto de más de 542 páginas, el juez establece esta fianza para cubrir posibles responsabilidades pecuniarias que pudieran declararse en su contra en esta pieza separada del caso Palma Arena y que en este caso investiga el desvío de fondos públicos al Instituto Nóos. El magistrado les da un plazo de cinco días, desde el siguiente a la notificación, para el pago, y solicita que Urdangarin y Torres indiquen si tienen antecedentes penales.
La cifra se ajusta a los 8.189.448 euros que habían solicitado la Fiscalía y la acusación popular que ejerce el Sindicato Manos Limpias. Por su parte, la abogacía de la comunidad autónoma de Baleares había solicitado que se fijara una caución de 3.498.014,81 euros. En el escrito en el que solicitó la fianza, el fiscal anticorrupción Pedro Horrach atribuyó al duque de Palma y a su exsocio "una actividad delictiva premeditada" dirigida a apropiarse de fondos públicos mediante los convenios suscritos con los gobiernos de Baleares y la Comunitat Valenciana entre los años 2004 y 2007. Horrach sostiene que Urdangarin y Torres deben resarcir a las arcas públicas por "la totalidad de los fondos públicos percibidos por el Instituto Nóos", más un tercio de esa cantidad, como es habitual en el cálculo de las responsabilidades civiles por posibles intereses y costas del proceso, hasta alcanzar los 8.189.448 euros.
El abogado de Iñaki Urdangarin, Mario Pascual Vives, alegó en contra de las peticiones de fianza y negó que en la instrucción se hayan detectado indicios de que su defendido haya cometido ningún delito ni de que se haya lucrado o causado "daño patrimonial de ninguna clase". Pascual Vives entregó además al juez un informe pericial elaborado por un abogado del Estado que indica que los convenios firmados por el Instituto Nóos con las administraciones públicas se regían por el derecho privado y no requerían concurso público, de manera que cuestiona los posibles delitos de prevaricación y malversación. Por su parte, la defensa de Torres calificó de "desatinada" la petición de fianza de las acusaciones y negó en sus alegaciones que el Instituto Nóos o sus responsables hayan cometido "acto ilícito de suerte alguna".
![[qmparto]](/images/smilies/net_quemeparto.gif "Que me parto!")
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