El País sacude duro a ZP

¿Es de izquierdas subir impuestos? Hace cuatro años, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tenía muy claro que lo verdaderamente progresista era bajarlos. "Queremos que los ciudadanos paguen menos impuestos, que tengan una buena sanidad pública y que consuman menos alcohol y tabaco. Y eso creo que es ser de izquierdas en el siglo XXI", decía en el Comité Federal del PSOE del 3 de septiembre de 2005.


Zapatero llama "gobernar" a lo que sus críticos llaman "improvisar"

Pese a la promesa electoral, Economía prevé quitar los 400 euros del IRPF

"El Gobierno sólo piensa en el día después", dice Leguina Sólo se sabe que la subida de impuestos será "temporal" y "limitada"

Los economistas coinciden en que la crisis va a ser más larga en España

El presidente 'fundó' la nueva economía en un mitín en Andalucía

El Ejecutivo no sabe si ser rico es ganar más de 20.000 o de 50.000 euros

Salgado habla de que la recuperación es una "percepción general"

Ante los entregados miembros del partido, Zapatero sacaba pecho de una España que crecía el triple que la media de la UE y deslumbraba a Europa con la creación de 900.000 empleos en un año y con las cuentas más saneadas de su historia. Hoy, la situación se ha dado la vuelta y nadie aplaude ni se siente responsable del duro trance por una economía que se contrae a un ritmo del 4,2% y ha visto evaporarse 1,3 millones de puestos de trabajo en el último año. El Estado gasta el doble de lo que ingresa, creando un enorme agujero negro de 50.000 millones de euros, que sólo se puede intentar tapar por un medio: impuestos.

El Gobierno ha adaptado su discurso ideológico a ese escenario de crisis profunda. Ahora, subir los impuestos es "razonable y solidario". No es el único viraje en redondo. Medidas que se presentaron como muestras de la determinación del Gobierno para retomar el mando de la nave han tenido que modificarse sobre la marcha.

El problema es que las circunstancias parecen cambiar en días o en horas, como ha ocurrido con los 420 euros que el Gobierno prometió a los parados. El Consejo de Ministros aprobó por decreto ley el pasado 13 de agosto la ayuda para los parados que hubieran agotado su prestación el 1 de agosto, y supeditando la ayuda a que la tasa de paro superara el 17%. Las protestas en las colas ante las oficinas del Inem no se hicieron esperar ante el hecho incontrovertible de que quedaban fuera los desempleados que llevaban más tiempo en el paro, es decir, los más necesitados. El presidente reaccionó una semana más tarde y dijo que modificaría el decreto. El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, aseguró que se había enterado de la rectificación de vacaciones en Tarragona. En la reunión con los sindicatos el 1 de agosto, Corbacho propuso ampliar el plazo hasta el 1 de junio, porque el "dinero público no era elástico". Horas más tarde, no sólo aceptaba ampliar el plazo hasta el 1 de enero, sino que eliminaba el límite de que el nivel de paro baje del 17% para la prórroga de la ayuda, renovable cada seis meses. El talante negociador, como dice el Ejecutivo, o la política errática de la que habla la oposición, le van a costar al Estado 100 millones de euros adicionales al mes.

No es la primera vez que el Ejecutivo se pilla los dedos a la hora de aprobar una medida. Tras meses en los que el ministro de Industria, Miguel Sebastián, las había desechado con insistencia, Zapatero anunció el 12 de mayo ayudas directas de 2.000 euros para la compra de un automóvil nuevo, que entraría en vigor el 1 de junio. La consecuencia obvia es que al día siguiente se vaciaron los concesionarios y no se vendió un solo coche. El Gobierno tuvo que cambiar la fecha y hacer efectiva las ayudas con carácter inmediato, pero al tiempo tuvo que negociar a toda prisa que las comunidades pagasen parte de la factura y la falta de una norma provocó la confusión generalizada.

Donde el Gobierno sí ha mantenido la coherencia es en el "optimismo antropológico" que el presidente ha contagiado a todos sus ministros. Cuando España ya estaba en recesión, negaba la crisis. Esta semana, después de conocerse que 85.000 personas se apuntaron a la lista del paro en agosto, que 142.000 afiliados a la Seguridad Social se dieron de baja en el mismo mes, que el déficit público se ha disparado hasta 50.000 millones y que la caída del PIB español ha sido la más aguda de toda la zona euro en el segundo trimestre, la OCDE, pese a mejorar sus previsiones para los países ricos, advertía que España iba a tener más problemas que otros países para salir de la crisis por culpa del estallido de la burbuja inmobiliaria y el paro desbocado. Horas después, la vicepresidenta económica, Elena Salgado, se aferró al repunte de un índice de confianza del consumidor elaborado por el Instituto de Crédito Oficial para afirmar que "la mejora económica no es un discurso del Gobierno, sino una percepción general que empieza a extenderse por toda la sociedad".

El problema es que casi todos los organismos internacionales y la mayoría de los economistas coinciden en que la crisis va a ser más larga en España. La Comisión Europea preveía para España en mayo pasado 10 trimestres seguidos de recesión y que nuestro país fuese el último de Europa en volver a crecer. Y la recuperación será débil. El FMI no confía en que España vuelva a crecer por encima del 2% al menos hasta 2015, según las últimas previsiones publicadas.

The Economist, la revista económica más prestigiosa del mundo, ha pasado de alabar la política del presidente del Gobierno ("¡Viva Zapatero!", titulaba un artículo en julio de 2006) a ponerla bajo sospecha. Calificó sus propuestas del debate sobre el estado la nación -como las de prometer un ordenador portátil para todos los escolares o quitar la deducción fiscal por compra de vivienda- como "conejos que se saca de la chistera". En su número del pasado mes de julio elevaba el tono de la crítica a propósito del acuerdo de financiación autonómica. Tras asegurar que "se trata del típico modo de gobernar de Zapatero, que por su negativa a tomar medidas impopulares y su hábito de regar con dinero público cualquier problema, se arriesga a prolongar la recesión", ponía en duda que pudiera ganar las elecciones de 2012. "Aun si lo hace, es una fórmula de italianización de España. Pospón el camino de la reforma ahora y la recuperación tardará más en llegar", aseguraba la publicación. Pero Zapatero se defiende afirmando que lo que sus críticos llaman "improvisar" él lo llama "gobernar" y adaptarse a las circunstancias. Y que es discutible que España esté en una peor situación que el resto de Europa. "Cada país tiene sus propias características. Nosotros tenemos un problema con el empleo, pero nuestro sistema financiero es de los más sólidos", responden fuentes del Ministerio de Economía.

La receta para salir de la crisis es otro "conejo" de los que habla The Economist: la economía sostenible. Sin ningún rubor, Zapatero se encargaba de autoproclamarse impulsor de esa nueva era y poner la primera piedra de la economía en un mitin multitudinario en Dos Hermanas (Sevilla) en mayo. "Felipe González decidió que el AVE comenzara aquí y ahora; yo he decidido que empecemos aquí", el pasado mes de mayo. Al decir aquí, se refería a Andalucía; y lo que iba a comenzar era, ni más ni menos, el nuevo modelo de crecimiento económico que, se supone, servirá para salir de la crisis y sustituir al modelo basado en el ladrillo. Zapatero se comprometió a celebrar un Consejo de Ministros extraordinario en Andalucía que marcaría el inicio del "cambio de patrón de crecimiento". Más de tres meses después, no hay ni rastro de ese decisivo consejo de ministros andaluz.

"La confusión del Ejecutivo crea desconfianza, que es lo último que necesitamos. El Gobierno está tomado por personajes que sólo piensan en los titulares de los periódicos del día después, que mandan más que el ministro de Hacienda. No se puede estar ofreciendo dinero todo el tiempo, porque no hay dinero. Es evidente que hay que evitar que los más golpeados por la crisis caigan en la marginalidad, pero que alguien me explique para qué quiere 2.500 euros la nieta de Botín si se queda embarazada", señala en referencia al cheque-bebé el ex presidente socialista de la Comunidad de Madrid Joaquín Leguina. "Yo había oído decir a Zapatero que bajar impuestos es de izquierdas. ¿Y ahora subirlos qué es? A no ser que la definición correcta es para ser de izquierdas hay que estar de acuerdo con todo lo que se le ocurre a Zapatero y a sus colaboradores. Un poco de seriedad", concluye el ex dirigente socialista.

En materia de impuestos, pesa la misma sensación de provisionalidad. El propio Zapatero ha vuelto a hacer gala de su devoción por lo críptico anunciando una subida de impuestos "limitada y temporal". ¿Limitada a qué? ¿Con qué plazos? Nadie, ni el propio Gobierno, parece saberlo. La política fiscal del Ejecutivo, y más aún desde la salida de Pedro Solbes, emplea el método de la reducción al absurdo: un miembro del Gobierno o un dirigente del partido lanza una hipótesis en los medios de comunicación, comprueba su acogida, y si es mayoritariamente rechazada, se niega que se vaya a adoptar la medida. Los portavoces son varios y se contradicen entre ellos.

La secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, decía el 8 de agosto que "la política fiscal que ha hecho el Gobierno es una política fiscal que baja y no que aumenta los impuestos". El titular de Fomento, José Blanco, "reflexionaba a título personal" el pasado 20 de agosto sobre una subida del IRPF para las rentas altas. La ministra de Economía, Elena Salgado, decía el 26 de agosto en el Congreso que se revisarían todas las figuras impositivas. Días después, Zapatero rechazaba que se fueran a tocar los tipos de la renta de trabajo y apuntaba a un aumento de las rentas de capital, aunque sin concretar la reforma.

Por esta vía de descarte, sabemos que no se subirá el impuesto de sociedades, pero se desconoce, por ejemplo, si subirá el IVA, qué figuras se tocarán del IRPF o en qué medida se retirará la deducción de 400 euros, una modificación que, pese al discurso oficial, afecta a las rentas del trabajo.

En este debate deliberadamente ideologizado de izquierdas y derechas, de ricos y pobres, la última teoría que sostiene el Ejecutivo para justificar el alza de impuestos es que recaerá sobre las rentas altas, que deben hacer un esfuerzo los que más tienen en favor de los más golpeados por la crisis, como los parados.

Sin embargo, el propio Gobierno no sólo no tiene claro lo que va a hacer con los impuestos, sino ni siquiera su definición sobre qué entiende por rentas altas. En mayo, Zapatero colocaba el listón en 20.000 euros anuales, límite a partir del cual no se tendría derecho a la deducción por la vivienda. Blanco consideraba en agosto adinerados (y, por tanto, los que debían pagar más impuestos) a los que ganaban más de 50.000 euros.

Lamentablemente la ideología no sirve para recaudar impuestos. Y muchas voces critican que los efectos de algunas de estas medidas serían más propagandísticos que efectivos. El propio Gobierno parece darse cuenta de que no le basta con la subida de impuestos y prepara un gran recorte de gasto.

Algunos economistas piensan incluso que ni siquiera desde el punto de vista teórico se sostiene la teoría esbozada por el Gobierno de que su reforma fiscal tendrá como fundamento el reparto equitativo de la subida de impuestos, y ven a las rentas medias como más que posible blanco de esas subidas fiscales si el Ejecutivo toca los impuestos directos en lugar de los indirectos como el IVA.

"A corto plazo hay que ser posibilista. Es necesario aumentar la recaudación de una forma más o menos justa a través de incrementos en el IVA y en otros impuestos indirectos, sin tocar el impuesto de sociedades. El IRPF actual es muy poco justo. Las rentas altas que declaran ya pagan bastante: el 10% más rico de la población paga el 50% del total del impuesto. Al que ya realiza un esfuerzo notable no hay que pedirle que haga más. El IRPF es injusto por su diseño y por sus niveles de fraude. Se concentra en muy pocos contribuyentes: a las rentas bajas se lo han quitado, y a las altas les han dado vías de evasión. Son las rentas medias las que cargan con el peso. El IVA por lo menos lo paga todo el mundo, incluso los defraudadores", señala Ignacio Zubiri, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad del País Vasco.

El argumento doctrinal del Ejecutivo de que la subida de impuestos recaerá sobre los más ricos tiene otra vía de agua. Lo dice el Gobierno que ha eliminado el impuesto sobre el Patrimonio, que en la práctica ya algunas grandes fortunas eludían, contra el criterio de sus aliados de izquierda.

Estos aliados sostienen que si lo que el Gobierno socialista quiere es que la salida de la crisis la costeen los más adinerados, lo tiene muy fácil para encontrarlos. Todos ellos están en las SICAV. Bajo estas siglas -sociedad de inversión de capital variable- se amparan unas sociedades anónimas través de las cuales las grandes fortunas gestionan sus ahorros.

Las SICAV tributan al 1% en el impuesto de sociedades (y al 18% cuando sus titulares sacan sus beneficios), frente al tipo general del 30% que pagan casi todas las empresas. La excusa para este trato privilegiado es que funcionan como un fondo de inversión (los fondos tributan al 0%, están exentos, por las plusvalías) y que deben cumplir unos requisitos mínimos como tener más de cien partícipes. En la práctica se han convertido en un refugio fiscal, puesto que la mayoría de esos partícipes son ficticios y en realidad las SICAV son creadas ex profeso para gestionar una sola fortuna o la de una familia. Al calor de esa beneficiosa legislación, las SICAV han crecido en los últimos años y actualmente hay 3.347 que manejan un patrimonio de cerca de 25.000 millones de euros.

Francisco de la Torre Díaz, portavoz de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), lo tiene claro. Considera que las SICAV no son sociedades de inversión colectiva, sino un vehículo para que los grandes patrimonios eludan el pago de impuestos. "El capital es volátil, pero no creo que las grandes fortunas de este país estén dispuestas a todo con tal de no pagar impuestos. Por ejemplo, se podía cambiar la fiscalidad de las SICAV y obligarles a pagar el 18% sobre lo que ganaran y luego eximir a sus partícipes del pago de tributos cuando retiraran sus beneficios. El efecto recaudatorio no sería muy grande, pero daría legitimidad al sistema y sería una buena carta de presentación para luchar contra el fraude, para mandar un mensaje a la mayoría de los contribuyentes de que el sistema es mínimamente justo", indica De la Torre.

Los planes del Ejecutivo no pasan por ahí. La vicepresidenta económica, Elena Salgado, ya ha sugerido esta semana que no tocarán la fiscalidad de las SICAV, porque se produciría una fuga de capitales, aunque desde otros partidos de izquierda se han alzado voces de protesta.

Los cambios fiscales que prepara el Gobierno son, en realidad, una marcha atrás. En 2007 se vanaglorió de una reforma fiscal que introdujo el tipo único del 18% para las rentas de capital, que en la práctica supone que si alguien gana más de 50.000 euros de plusvalía en Bolsa paga mucho menos que el que gane esa misma cantidad con su nómina como trabajador, aunque también beneficia al pensionista que tiene una renta extra por sus ahorros o al pequeño inversor que cobra dividendos. Ahora parece dar marcha atrás y señala con el dedo a esas mismas rentas.

En la campaña electoral prometió que la deducción fiscal de 400 euros que le ayudó a ganar las elecciones se extendería a toda la legislatura. Y todo apunta a que tiene los días contados, pese a que afecta de pleno a las rentas del trabajo, las que se supone que no se van a tocar.

"Al Gobierno le falta una visión global. La devolución de los 400 euros coincidió con las elecciones generales, y la supresión del impuesto de patrimonio no tenía sentido en un sistema tributario como el español, con una presión fiscal más baja que la de nuestro entorno. Las decisiones del Gobierno han sido caóticas. Se ha confiado en exceso en la evolución del ciclo económico, muy dependiente de las operaciones inmobiliarias. El sistema español es muy elástico a los ingresos cuando las cosas van bien, pero esa misma elasticidad ha hundido ahora la recaudación. Un comportamiento habitual de la Administración española es que, como tenía unos ingresos muy altos, no ha puesto énfasis en combatir el fraude fiscal", dice Miguel Ángel García Díaz, responsable del gabinete económico de CC OO.

"El Gobierno adopta medidas de política fiscal sin ninguna estructura, como si se estuviera tanteando el terreno. Redujeron los impuestos en un momento de bonanza, pero sin responder a un modelo fiscal, sino medidas deslavazadas: un día se eliminaba el impuesto de patrimonio, otro se daban 400 euros. Todo esto no respondía a ninguna noción razonable de equidad, sino que eran parches por motivos coyunturales", apunta en la misma línea Zubiri.

La improvisación se ha hecho marchamo a la hora de aplicar tasas e impuestos. Las compañías telefónicas han sufrido en sus carnes esa impulsividad fiscal del Gobierno. El Ejecutivo, a través de la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, había prometido a las televisiones privadas que les compensaría eliminando la publicidad de RTVE. Pero, claro, alguien tenía que financiar la promesa. Como las telefónicas parecían resistir la crisis, se pensó gravarles con una tasa del 0,9% de los ingresos, aunque su negocio audiovisual es residual y realmente no les da ningún margen de beneficio. El miércoles 6 de mayo, De la Vega convoca en La Moncloa a Guillermo Ansaldo (Telefónica), Francisco Román (Vodafone), José María Castellano (Ono) y Jean-Marc Vignolles (Orange), y les comunica la intención de aprobar la medida. Los responsables de las compañías le advierten de la injusticia de la nueva tasa (la van a recurrir ante Bruselas y ante el Constitucional). Dos días después, el Consejo de Ministros aprueba la norma, con el disgusto del ministro de Industria, Miguel Sebastián, que apenas una semana antes había tranquilizado a los operadores diciéndoles que el Gobierno no planeaba ninguna medida en ese sentido. "La vicepresidenta escuchó amablemente nuestras quejas. '¿Qué está pasando?', nos preguntábamos, entre la incredulidad y la sorpresa. Pero no tocaron ni una coma. Se aprobó dos días después en un visto y no visto pese a que se trata de una tasa arbitraria, sin ninguna justificación. Hace falta una política de país que supere esa incertidumbre de no saber a qué estás expuesto y que te garantice un entorno para invertir", señala uno de los asistentes. En el sector energético también ha habido quejas por el modo en que el Gobierno reguló el bono social y el catálogo de ocurrencias y rectificaciones es amplio.

Mientras el Gobierno afirma que la percepción de recuperación se extiende, la casa de análisis Variant Perception maneja datos muy distintos en un informe que, bajo el título "España: el agujero del balance de Europa", pinta un panorama desolador para el futuro de la economía española y pone en duda la solidez del sistema bancario español: "Afirmar que en España ha pasado lo peor va contra el sentido común. Creemos que los políticos españoles y los inversores internacionales se equivocan gravemente en su juicio sobre el país. Las circunstancias les obligarán a cambiar de opinión. Cuando todo haya pasado, se verá cómo España era en sí un gigantesco subprime cuyos resultados bancarios fueron buenos hasta que dejaron de serlo. Un estallido repentino típico de las burbujas, por otra parte, del que no será ajeno España".

El informe ha corrido como la pólvora por Internet y su éxito en los foros de debate puede deberse al tono apocalíptico. Ojalá sólo sea eso, un relato catastrofista de política ficción.