El PP suprime la ayuda de alquiler para jóvenes, pero no a los promotores

El Gobierno salva las ayudas a promotores de alquiler pero condena la Renta Básica
El PP modifica la Ley de alquiler para no eliminar las ayudas a promotores
Ibarrondo: "En nuestro celo por salvaguardar el déficit nos habíamos excedido"
La Ley cierra el grifo a las ayudas al alquiler que cobraban 60.000 jóvenes
Las críticas de la oposición no impiden la creación de un registro de morosos
Jose F. Leal | Madrid
Actualizado lunes 22/04/2013 19:54 horas
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La Comisión de Fomento en el Senado ha sacado adelante la Ley de Medidas Urgentes de Fomento del Alquiler -que después se votará en el Pleno- salvando in extremis las ayudas públicas a los promotores que construyan en vivienda alquiler. La Ley suprimirá también la Renta Básica de Emancipación que, según el Gobierno, en febrero cobraban 59.600 jóvenes.

"En nuestro celo por salvaguardar el déficit nos habíamos excedido y hacemos un ejercicio de humildad revisando lo que hemos hecho", ha explicado el senador popular Jorge Ibarrondo. La Ley tendrá que pasar ahora por el pleno del Senado, donde el PP ostenta una aplastante mayoría, y después deberá ser refrendada en de nuevo en el Congreso.

La presión durante la semana pasada de los partidos políticos, otras administraciones del Estado y diferentes grupos de influencia -como la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE)- durante la semana pasada propiciaron que el Gobierno haya dado marcha atrás en su intención de eliminar las ayudas a los promotores que construyen viviendas en alquiler, incluso con carácter retroactivo, como defendía una polémica enmienda presentada por el PP el pasado 4 de abril.

La medida, según los promotores, podría haber llevado a la quiebra a las empresas privadas y a las entidades públicas que construyen vivienda protegida. Juntas construyen en torno a 20.000 viviendas en todo el Estado, y tienen comprometidos 6.000 millones en créditos, algunos de ellos comprometidos hasta el año 2038.

Las propuestas y modificaciones de última hora del PP han salido adelante gracias al respaldo unánime de los senadores populares y con los votos en contra del resto de los grupos del Senado.

El primera presentación de la 'Ley del Alquiler' tuvo lugar a primeros de mayo de 2012 y fue presentada en Consejo de Ministros en agosto, con nuevas medidas legales y fiscales claramente en favor de los propietarios particulares y empresas.

Entonces, levantó una polvareda porque insinuaba que los caseros podrían desahuciar en 10 días a sus inquilinos morosos. Cosa que no era así. Finalmente, la ley se tramitó en el Congreso en febrero y se prevé su aprobación final en junio de 2013, 13 meses después de su anuncio.

Un final infeliz para la RBE

Si bien los presupuestos generales de 2013 preveían un gasto de 210 millones de euros destinados a seguir pagando la Renta Básica de Emancipación (RBE) a 150.000 jóvenes, la nueva Ley de Fomento del Alquiler eliminará definitivamente estas ayudas una vez sea aprobada definitivamente. En febrero las cobraban 59.643 jóvenes.

Las ayudas para jóvenes estaban en el disparadero del Gobierno. Ya en diciembre de 2011 eliminó la posibilidad de nuevas solicitudes y, al poco tiempo, redujo un 30% el importe máximo que podrían recibir los jóvenes, pasando de 210 a 147 euros, lo que redujo considerablemente el número de jóvenes que siguieron disfrutándola, pues no era suficiente.

La nueva Ley las liquida. Según el senador socialista Juan Manuel Fernández Ortega, la eliminación pone en peligro el pago de las rentas de los jóvenes, "y no sólo hay que mirarlo desde el punto de vista de esos jóvenes, sino desde el de los propietarios, que pueden tener que volver a cerrar esas casas".

Registro de morosos

Otro de los puntos más discutidos de la Ley a su paso por el Senado ha sido la aprobación (artículo 3), sobre Registro de Sentencias Firmes de impagos de alquiler, donde se publicarán los nombres y el historial de los inquilinos morosos. Para el PP, Jorge Ibarrondo, no se trata de señalar a los morosos que no pueden pagar puntualmente, sino a quienes "han obligado a los arrendadores a acudir a la Justicia" y ha recordado que "ya existen ficheros de morosos privados por los cuales hay que pagar conseguir esa información".

Sin embargo, para el socialista Fernández Ortega, el problema es que ese registro no distinguirá "entre quienes abusan y quienes son víctimas de la crisis, todos quedan señalados por igual por un tiempo excesivo de seis años".

Esta tesis ha sido apoyada por el senador de Entesa Martí Jofresa. "Es la prueba del 9 de que la filosofía de esta ley tiene una finalidad y una sola idea: aumentar las condiciones en las que los arrendadores pueden arrebatar las viviendas a los inquilinos".