Lograron un contrato para Cementos La Unión, que les pagaba por cada tonelada exportada
Un embajador y un diputado del PP cobran comisiones millonarias en el extranjero:
Los suculentos negocios del ex embajador Gustavo de Arístegui y el diputado electo por Segovia Pedro Gómez de la Serna tenían siempre un punto exótico, proporcionado por el lugar en el que se movían. En el caso de la empresa valenciana Cementos La Unión, los conseguidores le lograron un contrato millonario en el Congo Brazzaville, en el corazón de África Occidental.
Esta república africana necesitaba mucho cemento para construir infraestructuras, después de una dura guerra civil a finales de los años 90 que terminó cuando ganó la facción del actual presidente del país. Arístegui y De la Serna, en ese contexto de necesidad de reconstrucción, consiguieron que el Gobierno congoleño adjudicara a la empresa española el suministro de una cantidad de cemento ingente: hasta 500.000 toneladas al año podía producir su fábrica, según la propia empresa. Como mínimo, este negocio dejó 110.000 euros de beneficio en los bolsillos de los comisionistas.
La planta con silos y maquinaria para embolsar el material se situó en la localidad costera de Pointe Noire, la capital comercial y económica de la república. Se rehabilitó una vieja fábrica a lo largo del año 2010 y en 2011 empezó a producir.
Cementos La Unión montó una filial en el Congo, llamada Ciments Unibeco, que era a la que los lobbistas le pasaban sus facturas. Las comisiones se pactaron en función de cada tonelada de cemento vendida en el país.
La propia empresa, en una revista que edita cada varios meses, publicó en 2013 un reportaje sobre su llegada al país africano. En su texto, explica que aún no había capacidad en el propio país para producir cemento, por lo que tenían que importarlo desde España. «La fábrica de Valencia es la encargada de abastecer de cemento a los silos del Congo. Los barcos cementeros salen una vez al mes desde Valencia y la travesía dura unos 15 días. A su llegada al puerto de Pointe Noire, se descarga por tuberías, con lo que llega al interior de los silos prácticamente sin ver la luz», se escribía en la revista.
«Sin embargo, existe ya un acuerdo con el Gobierno del país africano para instalar una molienda en Pointe Noire, de manera que el cemento se podrá fabricar en la propia fábrica de Cementos Unibeco», concluye.
De cada tonelada que se exportaba desde Valencia hasta Pointe Noire los comisionistas se llevaban su parte. Así, en las facturas que se incluyen en la denuncia interpuesta en la Fiscalía Anticorrupción contra los dos históricos miembros del PP se pueden ver las siguientes cifras: por todo el año 2013 se embolsaron 38.170 euros; más 2.545,65 en enero de 2014 y 2.210,23 en febrero de ese mismo año. En todos estos casos las facturas las emitía Scardovi, la empresa de Pedro Gómez de la Serna.
En 2010, sin embargo, fue Arístegui, a través de su empresa Karistia, quien facturó directamente a Cementos La Unión y no a su filial Unibeco, pero las comisiones fueron todavía mayores: 69.642,76 euros.
Según ha podido saber este periódico, un pariente del presidente congoleño pudo ser el contacto entre los comisionistas y el Gobierno africano para que se adjudicara el contrato de suministro a La Unión.
Este congoleño vive en Madrid porque está casado con una española y mantiene amistad con el diplomático Gustavo de Arístegui. El negocio para Cementos La Unión, sin embargo, no ha sido tan productivo como se esperaba, porque sólo en 2011, cuando empezaron a funcionar, había unas expectativas de venta que después no sólo no se cumplieron, sino que quedaron bastante por debajo de lo esperado.
No obstante, la empresa cumplió su parte del trato y pagó a De la Serna y Arístegui su parte correspondiente. Para ellos resultaba mejor el negocio cuanto más vendiera Unibeco, pero en cualquier caso todo eran beneficios, puesto que su trabajo ya estaba hecho y sólo tenían que esperar a que llegara su comisión correspondiente por cada tonelada vendida en África.
Las comisiones de Arístegui y De la Serna se estuvieron cobrando durante años en diferentes modalidades. Una de ellas era «a éxito», es decir, con un precio o un porcentaje pactado antes de conseguir el contrato en el extranjero de las empresas españolas. Lo habitual era que, mientras se gestionaba la consecución de negocios en el exterior, las compañías pagaran una iguala mensual al diputado y al embajador en la India, que solía oscilar entre los 5.000 y 15.000 euros.
También firmaban con las empresas acuerdos de confidencialidad para que los datos que ambos tenían de cada empresa no trascendieran. En ocasiones, también renegociaban los contratos para cambiar los porcentajes o el precio de las igualas mensuales. Todas esas facturas, contratos y acuerdos forman parte de la denuncia que recibió la Fiscalía Anticorrupción a mediados del pasado mes de noviembre.
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