El pueblo de Montijo contra la SGAE

La iniciativa partió del sector de Hostelería de Ademyc (Asociación de Empresarios de Montijo y Comarca), unos treinta propietarios de bares, cafeterías, pubs y hoteles de esta zona, conocida como Vegas Bajas y situada a unos pocos kilómetros de Badajoz, Guadiana arriba. Su responsable, Mario López, estaba harto de las quejas de sus colegas por las visitas del delegado de la SGAE (Sociedad General de Autores y Editores) de turno, al que llama “el cobrador del frac”.
Propietario de un pub en la capital de la comarca, Montijo (que cuenta con unos quince mil habitantes), él lo sabía bien, claro. “Nos hacen pagar todos los meses, tengas o no tengas clientes y hayas abierto o no –dice–. Y como los cobradores no son de la SGAE, sino contratados que van a comisión, pues quieren que paguen todos los que tienen un negocio: peluquerías, zapaterías, tiendas de ropa… Decidimos plantarles cara, porque este no es el modo de que los autores cobren por su legítimo trabajo. No es equitativo”.
Mario se puso en marcha en torno a la idea de que era injusto –o poco “equitativo”– pagar lo mismo por la música que se escucha, independientemente de qué obra sea o quién sea el autor. “Y más cuando se trata de un receptor de radio –sostiene Mario–, en el que uno no decide quién suena, ni si el que suena es asociado a la SGAE o no”.
Lo primero que hizo fue pedir oficialmente, a través de un burofax, una lista de autores y obras a la sociedad de gestión, “a fin de no utilizarlos en nuestros locales”, según Mario. La contestación, por boca de Enrique Gómez Piñeiro, director de Contratación y Licencias de la SGAE, fue la siguiente: “Nuestra entidad representa a casi 100.000 socios y a los miembros de 139 sociedades radicadas en 120 países, cuyo repertorio supera holgadamente los 20 millones de obras. Comprenderá que no podamos atender a su solicitud en la forma requerida, si bien, en nuestra página web (http://www.sgae.es), puede consultar (...) el repertorio administrado por la SGAE”.
Los hosteleros de Montijo no dieron crédito. Según López, en primer lugar no solo es posible, sino muy fácil facilitar la lista: “Incluso nos han llamado desde Estados Unidos ofreciendo un programa informático capaz de ‘reconocer’ los autores y obras de la SGAE de forma que saltase automáticamente una alarma; pero seguimos dependiendo de su base de datos. Lo ilógico es que la SGAE recomiende su web, cuando ellos mismos advierten, al entrar, que la página es insegura”.

Convenios a nivel estatal
Aun así, la SGAE se ponía a disposición de los hosteleros pacenses a fin de tener una reunión en la que hablar de estos problemas, dejando constancia, eso sí, de que tenía suscritos “145 convenios sectoriales de hostelería a nivel estatal y tal vez pudiera ser este el cauce para un adecuado entendimiento”. No fue el caso, entre otras razones porque la asociación extremeña ha recomendado (ver su decálogo en la página anterior), precisamente, no suscribir “jamás” contrato alguno con la SGAE. “No estamos obligados –dice López–, porque, además, son [contratos] abusivos: incluyen una cláusula por la que podrían quitar los aparatos de reproducción [radios, televisores…] a sus dueños. Alucinante”.
Por si fuera poco, como dicen los hosteleros, pagar a la SGAE no exime de tener que hacerlo a otras entidades de gestión, como Agedi (Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales) o AIE (sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecuntantes). Es lo que le sucede, por ejemplo, a Esteban Charro, propietario del disco-pub D’sas 3 (Desastres) en La Garrovilla, un pueblo de apenas 2.000 habitantes a pocos kilómetros de Montijo: “El pasado mes de diciembre, más de 300 euros –dice el empresario, mostrando los recibos–. Por la SGAE, un pastón… Por Agedi, menos, pero treinta y tantos euros… Y yo solo abro los fines de semana y cierro en verano”. Charro se indigna porque, además, hace unos años perdió un juicio con ellos que le costó más de 3.000 euros: “Presentaron las grabaciones que hicieron aquí en secreto… ¿Esto es legal? Pero ¿en qué país vivimos?”.
Legal, legal… hay dudas, claro. Por ejemplo, López cuenta el caso de una boda en la que la SGAE reclamó –y consiguió– 40.000 euros por la música: “Pero luego, novios y propietario demandaron a la entidad y consiguieron 60.000 euros” [se refiere a un casamiento en Sevilla en 2005, grabado por un detective contratado por la SGAE, a la que la Agencia de Protección de Datos condenó por invasión de intimidad]. Pero el hostelero pone más ejemplos, como el hecho de que graben –siempre sin consentimiento previo– hasta la música que suena en las peluquerías: “Registran todo y, por supuesto, salen las conversaciones privadas de los clientes. Eso no puede ser legal”, asegura.
De hecho, las peluquerías son otro de los sectores en guerra contra la sociedad de gestión. Hace unos meses, la Fedcat (Federació Catalana de Perruquería i Bellesa) inició, por su parte, una campaña para que las clientas se llevaran a las peluquerías su propia música desde casa, a raíz de la visita de un cobrador de la SGAE a un local de Hospitalet (Barcelona) para que le abonase 12 euros mensuales por tener música, que luego –tras negociar– se quedaron en seis.
En Montijo, Ángel Merino va más allá y se declara dispuesto a no pagar “ni un euro”. Tiene su peluquería de caballeros, con un socio, desde hace 13 años en pleno centro del pueblo. Un moderno local en el que hasta se ha permitido poner una pantalla con videojuegos para los niños. “Así se quedan tranquilos mientras les corto el pelo –dice, para en seguida cargar contra la SGAE–. Jamás he pagado y jamás pagaré un euro. Eso está claro. ¿Por qué, si aquí solo pongo la radio. ¿Es que además de pagar la publicidad para anunciarme en Punto Radio me quieren cobrar por escucharla? Hasta ahí podíamos llegar”.

Carteles de protesta
Como él, los dueños de la Cafetería Katya, una de las clásicas de la localidad, se han sumado a las protestas. En su puerta, que da la plaza principal del pueblo, aparece bien visible –como en decenas de locales de la zona– el cartel que ha difundido Ademyc y que explica rotundamente su actitud: “Este televisor solo reproduce noticiarios, fútbol y toros”, rematado con un anagrama de la SGAE bajo una señal de prohibido, al estilo de las de tráfico. “Ya está bien –dice Raúl Gutiérrez, junto a su hermano Francisco, dueño y heredero de la cafetería–. Llevamos aquí desde toda la vida y mi padre ya pagaba a la sociedad. Estaba mal, pero… eran unos treinta euros mensuales, al cambio, y nos lo podíamos permitir para quitarnos de líos. Ahora, no. Ahora nos piden –asegura–, unos mil euros todos los meses, por tener la televisión y la radio. ¡Venga, hombre! Si cuando sale la Pantoja hay clientes que se me van despavoridos… ¿Me compensa a mí la SGAE por esto? ¿Es que Antena 3 me consulta a ver qué artistas saca por la tele?”.
Según Mario, no es solo que cobren por “tener un electrodoméstico encendido”, sino las arbitrarias tarifas: “Ponen lo que quieren y cobran por lo que quieren –dice–, pero además, si negocias, rebajan y ya está”. Y pone como ejemplo el caso de Manuel Rivero, el propietario del Hotel Gran Sol, a las afueras de Montijo. “En efecto –ratifica éste–. Me vienen recibos de SGAE y de Agedi, claro. Aquí celebramos bodas y bautizos, pero lo que hago es declarar menos de las que doy o decir que en tal celebración no hubo música. Ellos lo saben, y con tal de llevarse algo se dan por satisfechos. Pero es una vergüenza: un euro por comensal. Hasta me cobraron por Nochevieja, cuando ni siquiera la di yo, sino que alquilé el local”.
A los rebeldes de Montijo los han llamado de toda España (Cataluña, Andalucía, Galicia…) para pedirles consejo. López lo da, pero añade: “No podemos actuar en nombre de nadie. ¿Un arreglo? ¿Cómo, si la SGAE rechaza incluso debatir conmigo? Van a lo suyo. Y en silencio. Por eso les molestamos, porque hacemos ruido”.
Lo suyo son los 363,2 millones de euros que repartió a sus socios en 2008, las inversiones millonarias en palacios y teatros, incluso en el extranjero, los planes de pensiones y los dineros de sus dos fundaciones, Autor e Iberautor. Pero eso es otra historia: “Como la del canon digital –dice Mario López–. A mí, con todo eso, trescientos millones me parecen pocos”.