Sanidad ¿gratis y para todos?
La sanidad española no es universal y gratuita, en contra de la creencia generalizada. Hay exclusiones que se cifran en torno a un 2% de la población. Ni de lejos nos parecemos a la peor sanidad del mundo desarrollado, la norteamericana, que deja morir, sin dedos de repuesto, sin resonancias magnéticas para los tumores, a quien no pueda pagarla, o su seguro no dé suficiente cobertura. Pero la privatización de la gestión en algunas comunidades autónomas españolas –que son las que prestan actualmente la sanidad- empieza a arrojar dudas sobre la permanencia en la cúspide de un sistema que, hoy aún, es uno de los mejores del mundo, según avalan la OMS y numerosos organismos internacionales.
Federico Pi y Piedy Corrales escribe una carta al director en El País en la que dicen que, a los 82 y 74 años, y con graves achaques propios de su edad, ciudadanos españoles y cumplidores de sus obligaciones con Hacienda, no tienen derecho a asistencia sanitaria pública ni a medicinas gratis, como el resto –dicen- de los mayores de 65 años. No han sido previsores. Un intrincado armazón burocrático y echar mano de la socorrida “picaresca española” –amor a la trampa, si se la define objetivamente- podría haberles sacado de su penosa situación. La que no les proporciona rentas suficientes para cuidarse la artrosis o el parkinson, a menos que acudan a la medicina privada, y les obliga a exprimirse el bolsillo en la farmacia. Disponen de algunos recursos y carecen de tarjeta sanitaria.
Según todos creíamos, la Constitución española consagra la universalidad de la prestación sanitaria en España, pero lo que dice el artículo 41 es que se garantiza la Seguridad Social –vehículo para ella- “ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo”. La Ley de Sanidad de 1986 de Felipe González, da el derecho de la protección a la salud “a todos los españoles y extranjeros residentes en España”. Consiguió grandes mejoras, pero dejó excepciones.
A los 3 meses de dejar un empleo o al finalizar el subsidio de paro, ya no hay cobertura gratis, al menos individual, excepto que se carezca de recursos. Caduca su derecho porque no contribuyen a las arcas del Estado. Deben recurrir, entonces, a ser beneficiarios de otro en una tarjeta sanitaria –salvoconducto imprescindible para ser atendido-. Padres, hijos, maridos, esposas, sirven, siempre que convivan con el titular y estén a su cargo… o así lo parezca. Y no tengan por rentas propias, el doble del IPREM, Indicador de renta de efectos múltiples, que se usa precisamente para calcular el nivel de ingresos con vistas a distintas prestaciones. Actualmente está fijado en 6.202,18 euros anuales. El IPREM también sirve para determinar si una persona puede obtener, como “no contributivo”, una tarjeta sanitaria por carecer de recursos suficientes… o no cobrarlos en negro.
Los parados mayores de 55 años, tras haber trabajado y cotizado, enlazan hasta la jubilación el derecho a percibir asistencia sanitaria. Casi todos los españoles y extranjeros residentes en nuestro país disfrutan, por tanto, de sanidad gratis. No todos, sin embargo, como hemos oído hasta la saciedad. Y menos serían si se extremara la vigilancia sobre nuestras amadas farsas y artimañas. “Delante del libro de familia donde no figura el hijo, pretenden engañarnos”, me cuenta una funcionaria.
Los ambulatorios no suelen prestar demasiada atención al historial burocrático del enfermo, pero, llegados al hospital y con pruebas médicas costosas, los afectados pueden verse obligados a pagar los servicios.
En 1997, España era el sexto mejor sistema sanitario del mundo en la clasificación de la OMS, el séptimo en 2002. Algunos expertos ponen reparos a los criterios empleados para evaluar esa consideración, pero siempre nos sitúan entre los 20 más acreditados. Transferir la sanidad a las comunidades autónomas ha hecho que el servicio empeore en algunas de ellas. El gasto sanitario es desigual, lo son los medios. La sanidad madrileña de Esperanza Aguirre se está privatizando. La gestionan empresas que, en algún caso, se ocupan también de vender pan de molde. ¿Podrá más el conocimiento profundo de la “picaresca” que atesoran los españoles o los beneficios empresariales? ¿No sería más seguro arbitrar, sin resquicios, una sanidad para todos?
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