La reforma del Código Penal amplía las condenas por uso ilegal de videojuegos hasta los tres años de cárcel.
El nuevo paquete de medidas sobre la Propiedad Intelectual, incluido en la reforma del Código Penal que entrará en vigor el 1 de julio, modifica el anterior artículo referido a la distribución de dispositivos que permiten 'hackear' consolas. También se incluye en la nueva ley una mayor persecución a las webs nacionales que distribuyen tales dispositivos.
El pasado 5 de enero ya se amplió el valor de las infracciones por piratería, que pasaban a gravar entre 150.000 y 600.00 euros. Se desconoce el impacto real que tendrán estas nuevas medidas en la piratería española, de la que se estima que implicó unas pérdidas de 226 millones de euros en 2014 (España gastó casi mil millones el año pasado).
La propiedad intelectual sigue siendo un tema delicado en la Red, ya que muchos usuarios consideran inadmisible que se persiga la divulgación de contenido o se presuma que se va a delinquir por adquirir dispositivos como las tarjetas R4.
Paralelamente al marco legal, existen otras prácticas contra la piratería que ya empiezan a dar sus frutos como los paquetes de juegos a precio reducido, las suscripciones mensuales de Xbox One y PS4 que incluyen el consumo de juegos sin coste añadido o las rebajas de temporada de Steam. La pregunta está en qué es más efectivo, reforzar las imposiciones legales de la piratería o promover prácticas de consumo éticas que beneficien al jugador. La respuesta está en manos de la audiencia en plena transición hacia un mercado mucho más digital.
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