ESPAÑA: UNA ANOMALÍA ANTIDEMOCRÁTICA (LA GUERRA CONTRA LOS POBRES)
La crisis económica es una guerra encubierta contra los pobres. En el caso de España, la ofensiva neoliberal se mezcla con el desmoronamiento del régimen surgido en 1978, con una Constitución concebida para liquidar cualquier ejercicio de transparencia o justicia en relación al pasado. Mientras se endurecen las condiciones para acceder a los subsidios de desempleo, la corrupción afecta de una manera cada vez más desvergonzada a los grandes partidos políticos y a una Monarquía impuesta por la dictadura franquista. El gobierno se preocupa por la posible excarcelación de 54 activistas de ETA y 7 del GRAPO ante la inminente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que podría anular la “doctrina Parot”, pero ha suprimido las ayudas públicas en la exhumación de las fosas del franquismo y mantiene la infame legislación antiterrorista, concebida para aplicar impunemente la tortura. Nunca me cansaré de repetir que en la última década se han contabilizado 9.000 denuncias por torturas, despertando las condenas de Naciones Unidas, el Consejo de Europa, Human Rights Watch y Amnistía Internacional. En España, todo es irregular y antidemocrático. En Valencia, la historiadora Empar Salvador ha denunciado la existencia de una gigantesca fosa con 23.000 víctimas de la represión franquista. Es la fosa común más grande de Europa, pues otras similares (por ejemplo, Srebrenica) han sido exhumadas y se ha enjuiciado a sus responsables (Milosevic, Karadzic y Mladic).
La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que ha condenado recientemente la ley hipotecaria española por no ajustarse al derecho comunitario refleja la vieja alianza del poder político y judicial con las oligarquías financieras. La reforma de la sanidad corrobora que se ha emprendido una verdadera guerra contra los más débiles y vulnerables. La ministra Ana Mato ha asegurado que “ni una sola persona está dejando de tomar medicamentos por razones sanitarias”. Sin embargo, hay infinidad de testimonios que refutan su afirmación. La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública ha publicado un informe según el cual un 16’8% de los pensionistas ha prescindido de algún medicamento a causa del copago farmacéutico. La agresiva política de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha ha recortado drásticamente las prestaciones por dependencia, creando situaciones verdaderamente inhumanas. Se han restringido los desplazamientos en ambulancia y se han excluido medicamentos, obligando a las personas con minusvalías a asumir costes que desbordan sus paupérrimos ingresos. La Coordinadora Estatal de VIH-SIDA, Médicos del mundo y el Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Madrid (Cogam) han denunciado que vuelven aumentar los casos de SIDA porque los inmigrantes sin papeles no pueden pagar los 700 euros al mes que cuesta el tratamiento. Médicos del Mundo ha informado de casos de personas a las que se les ha denegado la atención sanitaria en urgencias o se les ha facturado la visita. El Real Decreto que aprobó el Partido Popular ha excluido a los inmigrantes irregulares del sistema sanitario, salvo en los casos de urgencias, menores o embarazadas. Inmigrantes con hipertensión arterial, cáncer, bronquitis asmática, depresión, soriasis, problemas cardiovasculares o diabetes soportan sus patologías sin atención médica, recurriendo a las organizaciones no gubernamentales, que no siempre pueden cubrir sus necesidades.
España necesita una segunda transición, pero que surja de la voluntad popular y no de un pacto entre los partidos, los medios de comunicación, la Casa Real, el poder judicial y el poder financiero. En España, se suicidan nueve personas al día y al menos tres lo hacen por culpa de la crisis. Se excarcela al asesino de Ángel Berrueta, panadero de Iruña, tiroteado y acuchillado por un policía nacional y su hijo porque se negó a colocar en su escaparate un cartel contra ETA, pero muchos jóvenes vascos continúan cumpliendo penas desmesuradas por el único delito de apoyar la independencia y el socialismo. La izquierda ensalza a Baltasar Garzón, ignorando o eludiendo su implicación en las torturas perpetradas por la Guardia Civil al amparo de la Audiencia Nacional. Se indulta a cuatro mossos d’Esquadra condenados a seis años por torturar a un inmigrante rumano, pero se endurece el Código Penal, que ya era uno de los más punitivos e intolerantes de la UE, pese al bajo índice de criminalidad. España no es un problema, sino una anomalía. La presencia de Arnaldo Otegi en la cárcel de Logroño revela el escaso espíritu democrático del poder político y judicial, que no se cansan de responder con penas de prisión a cualquier forma de protesta y desprecian cualquier gesto a favor de la paz. Nada cambiará mientras la sociedad no se movilice y rompa su silencio, exigiendo nuevas fuerzas políticas y un nuevo marco de convivencia, donde los más débiles no sean las víctimas de una crisis que ha socializado las pérdidas de la banca y ha humillado a la clase trabajadora con una reforma laboral que sólo protege los intereses de los empresarios, sin crear empleo ni riqueza. Es la hora de la desobediencia civil radical y del compromiso personal contra un modelo social y político que no respeta la dignidad individual ni los derechos de los pueblos. Según Sartre, lo que define al ser humano es su capacidad de realizarse mediante decisiones libres. No dejemos que otros elijan nuestro futuro y nos priven de nuestra condición de seres libres, autónomos y racionales.
Rafael Narbona
