Granados cobraba 1 millón de € por cada colegio concertado adjudicado

Francisco Granados y su socio, David Marjaliza, diseñaron el negocio perfecto para lucrarse mediante la construcción de colegios concertados. Según testigos y documentos presentes en la investigación de la trama Púnica, el exsecretario general del PP de Madrid y su amigo constructor cobraban una «mordida» de entre 900.000 y 1,2 millones de euros por cada colegio concertado que ponían en marcha.
El pagador era Alfedel, una sociedad registrada en Valdemoro que se dedica a promover colegios concertados y luego venderlos a las cooperativas de profesores que los gestionarán. El dueño de esta empresa, Alfonso Ferrón del Río, está imputado por estos pagos. ABC ha intentado recabar su versión de los hechos pero no ha habido respuesta. En cuanto a Granados y Marjaliza, números uno y dos de la trama, están en prisión incondicional desde el estallido de la operación Púnica, el pasado 27 de octubre.
El esquema era siempre el mismo. Francisco Granados, que fue secretario general del PP de Madrid y número tres del Gobierno de la Comunidad usaba sus influencias políticas para que los ayuntamientos madrileños, entre ellos el que él mismo gobernó, Valdemoro, cedieran el suelo a un precio muy inferior al de mercado con el argumento de que el colegio concertado era un servicio para el municipio. Antes de la puesta en marcha, Alfedel aseguraba a los profesores -sus clientes- que el centro educativo iba a recibir el concierto por parte del Ejecutivo regional.
Por estos tratos de favor, Alfedel pagaba una comisión que oscilaba según las características del colegio. Lo habitual es que la cifra fuera más cercana a los 900.000 que a los 1,2 millones, según las fuentes consultadas por ABC. La comisión se enmascaraba mediante un contrato falso de consultoría entre Alfedel y una sociedad de David Marjaliza, número dos de la trama Púnica. De esta forma, Alfonso Ferrón del Río pagaba las comisiones, siempre presuntamente, a través de facturas falsas, pero con una apariencia legal. Así no había que manejar dinero negro. Alfedel ha promovido 20 centros, 19 de ellos donde la trama Púnica actuaba, la Comunidad de Madrid (18) y Cartagena.
Además, otra de las empresas de Marjaliza, la constructora Obrum, era la encargada de construir el colegio. El negocio, con la excusa de la educación, estaba en el suelo. La investigación trata de acreditar ahora cómo Marjaliza hacía llegar su parte a Granados, en metálico o, como apuntan las pesquisas de la Audiencia Nacional, la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil, en especie: entregándole inmuebles, facilitándole plusvalías u otras prebendas.
Granados puso en marcha este mecanismo en su pueblo, Valdemoro, donde Alfedel ha construido nada más y nada menos que cuatro colegios, tres de ellos bajo el paraguas del exsecretario general del PP de Madrid. Granados fue alcalde del municipio madrileño entre 1999 y 2003. De hecho, según documentos de los que ha tenido conocimiento ABC, el propio Granados firma de su puño y letra, como alcalde de Valdemoro, la venta de las parcelas de uno de los colegios, Hélicon. El entonces regidor vendió el suelo público a Alfedel por medio millón de euros, un precio muy ventajoso teniendo en cuenta que estamos hablando de 27.000 metros cuadrados.
Los otros dos colegios concertados de Alfedel en Valdemoro -Nobelis y Valle del Miro- se promovieron después de que Granados dejara la alcaldía para convertirse en consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid. No obstante, el político siguió controlado todo el negocio del suelo en Valdemoro. Su sucesor en 2003 e impulsor de Nobelis y Valle del Miro, José Miguel Moreno, amigo personal y subordinado de Granados, también está imputado en Púnica. El cuarto colegio que Alfedel promovió en Valdemoro es el Lagomar, aunque éste se impulsó en la etapa del PSOE, anterior a la llegada de Granados (1999). Curiosamente, la esposa de David Marjaliza es cooperativista de este centro educativo.
El responsable de la promoción de los colegios, Alfonso Ferrón del Río, apenas arriesgaba: tenía garantizado el suelo y el concierto y quien terminaba pagando por los terrenos y por la construcción era la cooperativa de profesores a la que trasladaba los contratos y que finalmente gestionaría el colegio. Alfedel solo era el intermediario, el conseguidor. Su página web deja muy claro en qué consiste su trabajo: «Alfedel se encarga de realizar todas las gestiones necesarias para la adquisición del terreno, la obtención de licencias municipales, la obtención de autorizaciones y la concesión de los conciertos educativos».
Los profesores, al margen
La empresa cobraba a los profesores alrededor de un siete por ciento del valor final del colegio, según revelan a este diario fuentes conocedoras del negocio. Teniendo en cuenta que cada colegio de Alfedel ha costado entre 15 y 30 millones de euros, la comisión de Alfonso Ferrón del Río ascendía hasta los 2,1 millones de euros, de los que alrededor de la mitad iban directamente a la sociedad consultora de David Marjaliza, amigo personal de Granados, a través de facturas ficticias.
En los contratos que Alfedel firmaba con las cooperativas de profesores, el constructor del colegio venía impuesto, Obrum, una de las principales sociedades investigadas en la trama Púnica. Así lo aseguran profesores consultados por ABC. Luego, la cooperativa se subrogaba a la hipoteca del colegio, además de poner dinero de su bolsillo. Los cooperativistas, alrededor de 80 en algunos colegios, aportan unos 50.000 euros cada uno para asumir los primeros gastos. Luego, año tras año, van pagando la hipoteca.
Cabe destacar que las cooperativas de profesores nada tienen que ver en la trama presuntamente corrupta. Una vez que recibían las llaves del colegio, pagaban el canon a Alfedel y comenzaban a trabajar. La empresa de Alfonso Ferrón del Río no conserva ninguna participación en los centros educativos.
Otro de los centros que promovió Alfedel está en Torrejón de Velasco (Madrid), cuyo alcalde, Gonzalo Cubas, fue arrestado en la operación Púnica. En este caso el ayuntamiento vendió la parcela también por un precio muy ventajoso: menos de 300.000 euros por 8.500 metros cuadrados de suelo público, según denuncia a ABC la portavoz socialista, Silvia Bonilla: «Fue un precio demasiado bajo para el valor que tenían en ese momento los terrenos».
El negocio de Granados, Marjaliza y Alfedel era tan redondo que ni siquiera había que corromper a los alcaldes: promover colegios concertados se presentaba como un valor para el municipio y una apuesta del PP.
Alfedel S.L. es el acrónimo de Alfonso Ferrón del Río, administrador y socio único de la empresa. Se define como un «profesional con amplia experiencia en el ámbito educativo y empresarial». Con sede en un chalet de Valdemoro, el municipio de Granados, Alfedel ha promovido 20 colegios concertados, 19 de ellos donde la red Púnica tenía influencia:18 en la Comunidad de Madrid, epicentro del caso, y uno en Cartagena, donde está una de las ramificaciones. Los madrileños se ubican en Valdemoro (4), Boadilla del Monte (2), Villanueva de la Cañada, Majadahonda, Aranjuez, Arganda del Rey, Paracuellos del Jarama, Pinto, San Martín de la Vega, Sevilla La Nueva, Villaverde, Alalpardo y dos municipios con alcaldes detenidos: Torrejón de Velasco y Parla. El único fuera del «área Púnica» está en Mallorca.