Por qué no se está resolviendo la crisis actual en España y qué debería hacerse para salir de ella
Vicenç Navarro
Para entender la situación de crisis de los países periféricos de la eurozona (España, Grecia, Portugal e Irlanda) hay que analizar los diferentes elementos que estos países tienen en común, incluyendo el contexto político que fue determinante en la aparición de la crisis actual. Todos estos países han estado gobernados por dictaduras fascistas o fascistoides (como el caso de España, Portugal y Grecia) o gobiernos conservadores autoritarios (como es el caso de Irlanda) en la mayoría de años que van desde la II Guerra Mundial hasta a principios de los años 80. Esto explica que estos países tengan Estados represivos, poco redistributivos, y escasamente sociales. Un indicador entre muchos de ello es que estos países tienen el número de policías por 10.000 habitantes mayor de la Unión Europea de los 15 (UE-15) y el menor porcentaje de la población adulta trabajando en su Estado del Bienestar. Todos ellos tienen, además, las mayores desigualdades de la UE-15.
La pobreza de los estados
Como resultado de esta historia, y a pesar de los progresos que han tenido en su época democrática, estos Estados tienen unos ingresos muy bajos. Así, mientras que el promedio de los ingresos al Estado en el promedio de la UE-15 era en el año 2009 equivalente al 44% de su PIB, en España era solo el 34%, el mismo que Irlanda, mientras que Grecia era el 37% y Portugal el 39%. En comparación, en Suecia, donde las izquierdas han gobernado por la mayoría del periodo citado anteriormente, era el 54%. Estos bajos ingresos al Estado se deben a la enorme regresividad fiscal, que significa que las rentas superiores y las rentas del capital no contribuyen al Estado en la medida que lo hacen sus homólogos en la UE-15. Ahí está la raíz del problema.
Como consecuencia, todos ellos tienen un gasto social como porcentaje del PIB muy bajo. Así, mientras que el promedio de la UE-15 representa el 27% de su PIB, en España es solo un 22.7%, en Irlanda un 22.1%, en Portugal un 24.3%, y en Grecia un 25,9%. De nuevo, comparándolo con Suecia, el porcentaje es mucho mayor, el 29,3%.
Otro indicador del subdesarrollo social de estos países es el bajo porcentaje de su población adulta que trabaja en los servicios públicos de su Estado del Bienestar (tales como sanidad, educación, servicios domiciliarios para personas con dependencia, escuelas de infancia, servicios sociales, entre otros). Mientras que el promedio de la UE-15 es el 15% de la población adulta, en España es solo el 9%, en Portugal un 7% e Irlanda 12%, y Grecia un 11%. Como contraste, Suecia es el 25%.
Otra característica de estos países es que la participación de las rentas del trabajo sobre la renta nacional es menor que en el promedio de la UE-15. Esto se debe en parte a que el porcentaje de la población adulta que trabaja es menor que en otros países pero también se debe a que los salarios son muy bajos, mucho más bajos que el promedio de la UE-15 (ver Salarios y beneficios empresariales en España, V.Navarro y M.Tur, Le Monde Diplomatique, junio de 2011).
Esta situación se ha empeorado todavía más desde su incorporación a la eurozona, periodo en el cual, a pesar del aumento de la población que trabaja ha visto un descenso muy marcado de las rentas del trabajo a costa de un aumento muy notable de las rentas del capital. Así en España tal porcentaje pasó de casi el 70% en el año 1992 (cuando se iniciaron las medidas para incorporar a España a la Eurozona) a menos del 62% en 2007, inicio de la crisis.
Las políticas fiscales han sido muy regresivas
Estos países son Estados con grandes desigualdades sociales. En realidad, España es uno de los países con mayores desigualdades en la UE-15. Y ello se debe en parte al muy limitado efecto redistributivo de las políticas fiscales y sociales. Un indicador de ello es que el porcentaje de la población en situación de pobreza, en España, por ejemplo, se reduce solo 4 puntos mediante la intervención del Estado y sus transferencias sociales (el porcentaje de la población pobre en España pasa de 24% antes de las transferencias sociales al 20%). En la UE-15 pasa de 25% al 16% (9 puntos de reducción) mientras que Suecia pasa de 27% a 13% (14 puntos). Puesto que la población en situación de pobreza incluye las personas que tienen una renta que representa el 60% de la mediana, estas cifras dan también muestra del escaso impacto redistributivo del Estado del Bienestar en España. Un tanto semejante ocurre en los otros países citados anteriormente. Como consecuencia vemos que España es uno de los países de la UE-15 que tiene un coeficiente de Gini, que mide las desigualdades en un país más elevado, 31, mientras que el promedio de la UE-15 es 29. En España hay una enorme concentración de las rentas y de la propiedad que apenas quedan afectadas por las intervenciones del Estado.
La situación durante la crisis
Lo que ha estado ocurriendo en España y en estos países ha sido una bajada de impuestos que han creado un déficit estructural del Estado que ha quedado ocultado por la expansión de los ingresos, como consecuencia del crecimiento económico basado en la burbuja inmobiliaria en el caso español. Durante esa época el gasto público social aumentó, debido al crecimiento económico. Ahora bien, cuando la burbuja inmobiliaria explotó apareció con toda crudeza el déficit estructural causado por la bajada de impuestos.
Así, el déficit del Estado lo ha creado la reducción de impuestos, no el excesivo gasto público, incluyendo el social. De ahí que las políticas públicas que se están aplicando son profundamente erróneas porque están basadas en supuestos equivocados. Esto es de una enorme importancia ya que la causa estructural de la crisis económica actual es la disminución de la demanda de bienes y servicios como consecuencia de la disminución de las rentas del trabajo, y ello como resultado de la aplicación de políticas neoliberales realizadas todos estos años. Ello ha creado un endeudamiento privado que ha alcanzado unas enormes dimensiones y que era posible porque el precio de la vivienda (que suele ser el aval para conseguir un crédito) iba aumentando, pero cuando el precio de la vivienda se colapsó, el crédito se colapsó y creó el enorme problema de escasez de la demanda.
Por otra parte, el endeudamiento fue la causa del enorme crecimiento del sistema financiero. Las bancas se beneficiaron enormemente de este crecimiento del endeudamiento. La mayoría de dinero que se prestaba, sin embargo, procedía de las bancas extranjeras y muy en especial, alemanas, francesas y británicas, que fueron las que facilitaron el enorme endeudamiento y el mayor problema que tiene España que es la deuda privada.
Por otra parte, este endeudamiento dio pie al complejo banca-sector inmobiliario-sector de la construcción que era altamente especulativo con elevada rentabilidad. De ahí que atrajera a los inversores, empobreciendo en términos relativos la economía productiva que resultado de la escasa demanda tenía una rentabilidad baja.
La deuda pública
Resultado de todo lo dicho, hemos visto una alianza de clase entre un grupo económico-social de gran poder político y mediático (constituido por la burguesía financiera, gran patronal, y las rentas superiores que pagan muy pocos impuestos), con la banca, en donde aquel grupo deposita sus ingresos, resultado en parte de la reducción de impuestos que se han ido implementado estos últimos años y que ha causado el endeudamiento de los Estados. Así hemos visto que España pasó de tener un superávit en el año 2005 de un 1% del PIB a un déficit del 11,1%. Este enorme crecimiento del déficit en tan escaso tiempo se debe a que los ingresos al Estado dependen primordialmente de las rentas del trabajo y del consumo. Un tanto igual pasó en Irlanda que pasó de un superávit de un 1,6% a un déficit del 14,4% del PIB. Y en Grecia pasó de un déficit del 5,2% a uno del 15,4% del PIB.
La reforma fiscal
De ahí que un punto clave es la reforma fiscal. Si España tuviera la política fiscal de Suecia el Estado ingresaría 200.000 millones de euros más y con ello se podría crear cerca de 5 millones de puestos de trabajo más, haciendo que en lugar de un empleado de los servicios del Estado del Bienestar por cada 10 adultos (como ocurre ahora) fueran 4 de cada 10 como en Suecia. Además, con ello se eliminaría el paro. En lugar de ello se están haciendo recortes que podrían prevenirse mediante medidas impositivas que afectarían sobre todo a aquellos grupos que se han beneficiado de los recortes fiscales en los últimos quince años. Se podrían lograr más de 16.000 millones aplicando las siguientes medidas: 1) 6.900 millones a través de un impuesto especial en sanidad, tal como ha hecho la provincia de Ontario en Canadá. 2) 2.948 millones gravando una tasa de actividades financieras, aumentando los impuestos de los superbeneficios de los banqueros y de la banca, tal como aconsejó en su día el Gabinete de estudios del Fondo Monetario Internacional. 3) 2.552 millones manteniendo el impuesto de sucesiones. 4) 1.841 millones aplicando el impuesto de solidaridad existente, por ejemplo, en Francia. 5) 862 millones modificando el importe de las multas dependiendo de los ingresos del sancionado, tal como ha hecho Finlandia. 6) 985 millones aplicando una ecotasa de 5 euros por cada pasajero. 7) 643 millones creando nuevos tramos de IRPF para las rentas superiores que se han beneficiado de la reducción de impuestos en los últimos quince años.
Además de ello, deberían ingresarse los 88.000 millones que no se recogen por el Estado como consecuencia de su laxitud en corregir el fraude fiscal en España.
No es, pues, creíble, el argumento de que España no puede corregir el déficit público a no ser que se recorte el gasto público social. Que ello se haga no responde a criterios económicos o fiscales, sino única y exclusivamente políticos. Así de claro.
Pues lo dicho, que el problema no es el despido, ni la cantidad de funcionarios que trabajan para el país, ni su productividad, ni la sanidad ni el gasto público, si no todo lo contrario.
