https://es.noticias.yahoo.com/si-vuelve ... 14817.htmlCopio y pego, por si alguien lo tiene capado:
Pensar en tener que volver a votar en un par de meses suena a chiste. Y no lo decimos sólo por tener que soportar una nueva campaña, otro debate televisado -quien sabe si Manuel Campo Vidal lo aguantaría-, y otra pegada de carteles. Pero la broma deja de tener gracia cuando te enteras de que los españoles tendremos que pagar de nuestro bolsillo, como mínimo, otros 130 millones de euros:
-48 millones de euros para Correos (voto a distancia y propaganda).
-12,8 millones del escrutinio y la difusión de los datos
-12,59 millones de logística (papeletas, locales, campañas de difusión)
-55,1 millones que se dejan las administraciones públicas en todo el proceso (por ejemplo, el despliegue de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado costó casi 13 millones).
Aunque los hay que elevan la cifra en 100 millones más. Porque la caprichosa ley electoral española permite a los partidos políticos financiarse gracias al erario público. Todo lo contrario que en otros países como Estados Unidos donde las donaciones son la base de los ingresos.
En España los partidos reciben importantes subvenciones públicas según los votos y los escaños que lograron en las pasadas elecciones. Exactamente 21.167,64 euros por escaño en el Congreso -2,37 millones el PP (sin sus coaliciones regionales), 1,8 millones el PSOE-PSC, 850.000 euros Ciudadanos y 870.000 Podemos (también, sin sus coaliciones autonómicas)- a lo que hay que sumar 0,81 céntimos por los votos con los que ha logrado esos diputados y 0,32, por los que le han dado senadores.
En total, según las cifras que maneja Juan Ignacio Trillo, 229 millones de euros. La cifra, calculada por el exdelegado de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, ha servido de punto de arranque para una recogida de firmas en Change.org. Una petición por la que se pide que sean los diputados -como responsables de no haber llegado a un acuerdo- quienes tengan que pagar la factura.
Trillo les achaca, además, la responsabilidad política, “fruto de su incapacidad o seguidismo”, para acordar la gobernabilidad del país a partir de lo decidido por el voto popular. De manera que si en el caso de que cumplido el plazo fijado en la Constitución Española se debieran convocar nuevos comicios, “se considerarían inhabilitados cada uno de dichos parlamentarios para volver a formar parte de las candidaturas de cualquier lista electoral en las dos próximas legislaturas”.
En mi caso, estoy totalmente de acuerdo, aunque supongo estas cosas no sirven para nada.