La nueva Ley de Seguridad Ciudadana, que el Ministerio del Interior enviará este mismo mes al Consejo de Ministros, sancionará los escraches a cargos públicos, la quema de contenedores y las protestas no comunicadas ante instituciones como el Congreso, el Senado o el Tribunal Supremo. Es decir, las acciones típicas del movimiento de indignados y de plataformas como la de Afectados por la Hipoteca
Ha sido el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en la sesión plenaria del debate de presupuestos generales del Estado, quien ha avanzado el proyecto de la ley que sustituirá a la actual, que data de 1992, con el objetivo principal de garantizar el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, así como la protección de los agentes.
Se tipificarán mejor, ha explicado, conductas contra la seguridad pública y las fuerzas de seguridad, hasta ahora no contempladas. Esta iniciativa del Gobierno se acomete en paralelo a la reforma del Código Penal que elimina la figura de las faltas que pasarán a ser, o bien delitos, o bien infracciones administrativas castigadas con multas.
Así, y para evitar el "limbo jurídico", en palabras de Fernández Díaz, el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana tipificará como infracciones administrativas, leves, graves o muy graves, determinadas acciones, como la quema de contenedores o los acosos -escraches- que en los últimos meses han sufrido algunos políticos.
También los organizadores que no comuniquen, tal y como recoge ya la ley del derecho de reunión y manifestación, las protestas ante instituciones del Estado, como las Cortes Generales y los altos tribunales, se enfrentarán a sanciones por una infracción muy grave que estará recogida en el nuevo texto legislativo.
Preguntado sobre si la ley endurecerá también el castigo a quienes protagonicen actos vandálicos, como la quema de contenedores que se está produciendo en la huelga de la limpieza de Madrid, el ministro se ha limitado a decir: "Va a contemplar esa realidad".
No se han hecho esperar las críticas de la oposición a la iniciativa del Gobierno y, así, el portavoz del PSOE en la Comisión de Interior del Congreso, Antonio Trevín, ha acusado a Interior de pretender con este texto elevar por medio de multas la "presión" a la libre expresión de los ciudadanos.
Y ha añadido: "El Ministerio del Interior está dando pasos que nos preocupan mucho porque van en la dirección de profundizar que el orden público sea el elemento esencial que guía el ministerio cuando debería ser la seguridad ciudadana".
Desde la Izquierda Plural, su diputado Ricardo Sixto ha criticado los cambios legales que ha anunciado el ministro, que ha tachado de "lamentables" porque vulneran los derechos humanos.
Ha señalado que asó lo recoge el informe del Consejo de Europa que ha puesto "muy en tela de juicio" el trabajo que está haciendo el ministerio con estas modificaciones.
Por parte de los sindicatos policiales, el portavoz del SUP, José María Benito, ha lamentado que no se haya dado voz a los policías para elaborar el texto y que se utilice esa ley para tipificar conductas que ya lo están en el Código Penal o en la Ley del derecho de reunión y manifestación. Máxime cuando las sanciones son económicas y la gente a las que se les impone son insolventes.
Benito ha considerado una ocasión "de oro" aprovechar la nueva ley para regular las identificaciones en la vía pública y aclarar en qué supuestos y motivos pueden efectuarse, así como la grabación de imágenes de los agentes por parte de los manifestantes.
El secretario general de la Confederación Española de Policía (CEP), Ignacio López, ha valorado que el Gobierno emprenda esta reforma con el objetivo de que determinadas manifestaciones sociales tengan una regulación singular para, además, dotar de mayor seguridad jurídica no sólo a quienes participan de esas acciones, como los escraches, sino también a los agentes.
Según ha manifestado López, es "razonable" que se acometa una reforma después de 21 años de vigencia de la actual ley y ha confiado en que proteja mejor la acción policial. "La Policía reprime lo que la ley dice", ha subrayado López, quien considera no obstante que el ordenamiento jurídico debe estar al margen de controversias políticas.
La vigente Ley de Seguridad Ciudadana es conocida como Ley Corcuera porque se aprobó en el mandato del ministro del Interior socialista de ese apellido. José Luis Corcuera cumplió su compromiso de dimitir después de que el Tribunal Constitucional declarase inconstitucional el artículo de la ley que regulaba la entrada policial en viviendas donde se estuviese cometiendo un delito flagrante, la figura que se popularizó como "patada en la puerta".
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